A la mitad de la gestión de Felipe Calderón, el país se encuentra inmerso en una incierta recuperación de la peor recesión de las últimas cinco décadas. Las expectativas que generaron las promesas de campaña de generar empleos, crecer aceleradamente, reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población se han transformado en una quimera electoral para captar votos.
Si bien es cierto que el gobierno de Calderón no tuvo nada que ver con el entorno adverso que generó la crisis financiera que desató Estados Unidos, la calibración de los efectos que tendría en la economía mexicana, las medidas que frente a la crisis y posterior recesión se tomaron y la forma en que se pretendieron ejecutar, son clara muestra de la rigidez y falta de eficiencia del aparato gubernamental.
En medio de la turbulencia se ha podido preservar la estabilidad macroeconómica y se han controlado las presiones inflacionarias y cambiarias, pero no se ha podido reactivar el crédito, ni la inversión productiva. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas no ha podido despegar, mientras que el ambicioso programa de creación y modernización de la infraestructura naufraga en las marañas burocráticas y en la ineficiencia de los operadores del mismo.
Los estragos del desempleo y de la mayor pobreza se han logrado atemperar gracias a los crecientes recursos que se destinan a los programas sociales, aunque se ha constituido en un foco de presión para las acotadas finanzas públicas. Por su parte, la enérgica acción contra el narcotráfico y contra la delincuencia no ha mostrado una disminución significativa de la inseguridad. Al respecto, el ministro saliente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, señaló que México vive un frágil equilibrio social que requiere de una reconstrucción de la vida nacional.
Las reformas estructurales no han podido concretarse, desperdiciándose la primera legislatura que le correspondió al gobierno de Calderón, a pesar de que su partido mantenía una mayoría legislativa. En su lugar, en materia hacendaria, se llevó a cabo solamente una modificación recaudatoria que ofrece el riesgo de impulsar un crecimiento de los precios el próximo año.
Adicionalmente, no se han emprendido acciones para mejorar la recaudación tributaria, ni para simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los causantes, como tampoco se han tomado medidas para hacer más eficiente a la administración tributaria, ni para darle una mayor racionalidad a la estructura burocrática.
Aunque no se han podido generar acuerdos entre el gobierno, legisladores y los líderes políticos, empresariales y académicos sobre las medidas que deben llevarse a cabo, todos coinciden en la necesidad de redefinir el modelo de desarrollo y de reorientar el rumbo económico del país, para no tener un futuro supeditado a los vaivenes de la economía norteamericana.
El segundo tramo del actual gobierno, el Presidente Calderón, debe replantearse la disyuntiva de emprender el cambio que desde hace una década quedó interrumpido, o bien dedicarse a cuidar que su partido tenga un mejor resultado en las elecciones del 2012. Los ajustes en el gobierno deben buscar la eficiencia, más allá de las filiaciones políticas y de los afectos o desafectos personales. De tal manera, no resultaría razonable que un funcionario que ha cumplido, como es el actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, no sea ratificado para un nuevo período, mientras se pretenda premiar a otros que no han tenido resultados satisfactorios, como es el caso de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía y, en menor medida, de Hacienda y de la banca de desarrollo.
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