Estigmatización de la Deuda Pública

La decepción que ha causado el paquete económico que el Presidente Calderón envió al Congreso, ha dado origen a una serie de críticas a la política fiscal y a propuestas de medidas que se consideran serían las más adecuadas para apoyar la reactivación de la economía del país, entre las que se encuentra recurrir a un mayor endeudamiento público
El arropamiento político que se le ha dado el impuesto generalizado a las ventas, respecto a que su recaudación se destinaría a combatir la pobreza mediante los programas asistenciales del gobierno federal, no ha sido suficiente para que numerosos académicos, empresarios y políticos resalten el sesgo restrictivo de la propuesta. Si bien el impacto procíclico que tendrían las modificaciones impositivas se podrían mitigar por el lado del gasto, la falta de transparencia en el destino y de credibilidad sobre la eficiencia en el ejercicio del presupuesto, generan una gran incertidumbre sobre el futuro próximo de las actividades productivas.
A la desconfianza que inspira el manejo del gasto se suma la ausencia de acciones que tiendan a simplificar la compleja regulación tributaria, así como la falta de acciones que logren ampliar la base de causantes, con el fin de que la carga tributaria no siga recayendo solamente en los que siempre pagan impuestos, sino que sean todos los contribuyentes los que cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales.
El elemento de ajuste entre gasto e ingresos es la deuda pública que permite cubrir el déficit de las finanzas gubernamentales Sin embargo, el uso de la deuda como instrumento de la política económica ha sido estigmatizado a raíz de la crisis que el país sufrió en la década de los ochenta. La imposibilidad de remontar el trauma del elevado endeudamiento externo y del penoso proceso de renegociación que tuvo que emprenderse, genera que el gobierno responda a las propuestas de incurrir en un mayor déficit público, con el argumento de que sería una acción que desestabilizaría a la economía del país.
El menosprecio de la deuda como un instrumento que puede impulsar el desarrollo de país, encuentra su origen en la incapacidad gubernamental para que los recursos crediticios, sean de origen interno o externo, se destinen a programas y proyectos que garanticen la generación de su fuente de repago y del servicio de la deuda, tal como lo establece la Ley de Deuda Pública.
Cualquier empresario sabe que el crédito, sea de proveedores, de bancos o de accionistas, es necesario para crecer, como fuente complementaria a sus fondos propios. De tal manera, el crédito es positivo para los planes de la empresa, cuando genera un valor mayor a lo que debe cubrirse por el uso de los recursos prestados. A su vez, los consumidores tienen presente que endeudarse para adquirir bienes de consumo, ante un ingreso fijo en el largo plazo, solo conduce a penurias económicas en el futuro.
La deuda pública puede ser una palanca de desarrollo si se destina a impulsar el surgimiento de nuevas actividades productivas y, sobre todo, si las inversiones tienen el mayor efecto multiplicador. El mecanismo para poder llevar a cabo una política de deuda pública positiva para el país, es a través de los bancos de desarrollo, como instituciones que buscan fomentar la generación de nuevas actividades productivas y de fuentes de empleo, a la vez que regulan el mercado financiero imperfecto y que presenta grandes fallas en su funcionamiento. Una banca de desarrollo que no se encuentre acotada a fungir solamente como canalizador de crédito de segundo piso, sino que también capte ahorro directamente del público y que actué en el primer piso.
Al superar el menosprecio de la deuda como instrumento de política económica y utilizarlo correctamente, se podría permitir que una mayor flexibilización monetaria, sin el riesgo de generar efectos contraproducentes al desarrollo, dada la rigidez de la oferta interna, ya que sería resuelta por la actuación de la banca de fomento.
Mayor eficiencia gubernamental en el ejercicio del gasto, mejor administración tributaria, simplificación regulatoria fiscal y el uso de la deuda como instrumento de desarrollo, a través de la banca de fomento, son las medidas que cabrían esperar encontrar en la propuesta que elaboró la Secretaría de Hacienda.