La legislación tributaria ha permanecido sin grandes cambios desde hace más de tres décadas, lo ha ocasionado que persista la complejidad en el pago y fiscalización de los impuestos, la discrecionalidad por parte de las autoridades, una ineficiente administración, todo lo cual origina que exista evasión y elusión fiscales. A lo largo de los años ha quedado patente la necesidad de llevar a cabo modificaciones que tiendan a simplificar las regulaciones impositivas.
Con la estructura fiscal vigente la recaudación siempre ha sido menor, como proporción del valor de la producción nacional, comparada con lo que recaudan otros países de menor desarrollo. El aumento que esporádicamente mostró la recaudación obedeció al mayor dinamismo que en su oportunidad mostró la economía del país y a factores coyunturales que a una mejor administración tributaria.
Ante esta situación, se comenzó a gestar la necesidad de llevar a cabo un reforma de fondo que simplificara las regulaciones, que hiciera más eficiente a la administración, que ampliara la base de contribuyentes, que fuera objetiva, justa y equitativa. El intento más serio de llevar a cabo un reforma fiscal integral se dio durante en el gobierno de Zedillo, pero sucumbió ante los embates de la oposición liderada por los legisladores panistas.
El gobierno de Fox y el de Calderón, durante la primera parte de su sexenio, no hicieron nada por retomar las propuestas para modificar la estructura fiscal del país, debido que comenzaron a ver incrementados los ingresos públicos gracias al aumento en precio de los hidrocarburos ya a la sobre explotación de los yacimientos petroleros.
No obstante la rigidez en los ingresos públicos, el gasto puedo crecer para dar pié a un sinnúmero de programas asistenciales, en todas las dependencias gubernamentales. La insuficiente creación de empleos contó con la válvula de escape de la migración y el problema social del desempleo y la pobreza se mitigó con los crecientes recursos destinados a los programas sociales de los gobiernos panistas, lo cuales además son utilizados como bandera electoral.
La proliferación de programas acarreó también un desmesurado aumento burocrático para diseñar operar, vigilar y evaluar el gasto involucrado en el asistencialismo para enfrentar la falta de generación de empleo. A su vez, se dejo de impulsar la inversión pública y se abandonó la política de fomento, confiando que el crecimiento del país fuera generado por la economía norteamericana.
Ante la crisis que desató la recesión mundial, el paquete económico para el próximo año que propuso el ejecutivo federal y que modificaron los diputados es solo una miscelánea recaudatoria que generará efectos negativos sobre las actividades productivas, mientras que por lado del presupuesto solo se plantea una reducción cosmética de la burocracia.
En este sentido, cabría esperar que el Congreso lleve a cabo un análisis detallado para reasignar el gasto de las actividades burocráticas a la inversión. Adicionalmente, sería conveniente que recomendara al ejecutivo federal que llevara realice un análisis de desempeño de programas y dependencias gubernamentales para determinar su pertinencia y poder redimensionar el aparato gubernamental. De igual manera debe comprometer al gobierno federal, estatal y municipal a presentar una propuesta de reforma fiscal que redefina la estructura tributaria, fortalezca e federalismo y que simplifique el pago y administración de los impuestos
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