Año de Reformas y de Riesgo Inflacionario

Después de haber superado la crisis y la recesión en el año pasado, el país recibe el 2010 con una economía frágil y con grandes retos y riesgos que enfrentar, pero también con grandes oportunidades para continuar con las reformas y ajustes que se interrumpieron con la transición política del inicio del siglo.
Con una década de crecimiento mediocre, es imperioso que se tomen las medidas necesarias para que el país pueda alcanzar un desarrollo acorde a su potencial, que le permita superar el atraso y los problemas acumulados en estos diez años. De tal manera, se debe reconocer la insuficiencia de la política económica que se basa solamente en que el mercado sea el que oriente y conduzca las actividades productivas del país.
Además de regular y supervisar el funcionamiento del mercado, se requiere que se le considere como un instrumento de una política económica que, hasta ahora, se ha limitado únicamente al manejo monetario y financiero con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica y la asignación de crecientes recursos presupuestales a los programas sociales de corte asistencial. Cuando los mercados presentan fallas y limitaciones para fijar precios que conlleven a la eficiente asignación de los recursos, es necesario que las autoridades intervengan para impedir que se generen distorsiones que desincentivan la inversión y la generación de empleos.
Una política pública más activa para fomentar el desarrollo requiere que se fortalezca a la hacienda pública, tanto en su marco regulatorio como en su instrumentación. Los cambios y ajustes para que el país pueda tener un mejor desempeño económico implican decisiones que se ubican tanto exclusivamente en el ámbito del gobierno federal, como los que requieren de la aprobación de los legisladores.
La crisis y la recesión han dejado la percepción generalizada de que el país no puede seguir estando sujeto a los vaivenes del mercado y de la economía norteamericana, con lo cual se tiene la oportunidad de redefinir la forma en que ha venido funcionando la economía. Sin embargo, como lo ha señalado la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de la ONU, cuya secretaria ejecutiva es la mexicana Alicia Bárcena, se corre el riego de que en este año se actué más en función de las próximas elecciones, que de las próximas generaciones
Las más medidas importantes que se tiene la oportunidad de llevar a cabo en este año, se refieren al fortalecimiento de las finanzas públicas, al diseño y ejecución de los programas de gasto público, a la eficiente generación de bienes y servicios públicos, al fomento al ahorro interno y al financiamiento a las actividades productivas, a la consolidación de la red de salud y seguridad social, a la inversión multianual suficiente en educación e investigación y , finalmente, a la adopción de de una dinámica política de promoción y fomento de las actividades productivas.
Sin embargo, parece que la prioridad del gobierno federal se centra más en los aspectos políticos, ya que el Presidente Calderón prefirió proponer al Congreso diversas modificaciones al aparto gubernamental y al sistema electoral, en lugar de comenzar a construir los acuerdos para redefinir el modelo de desarrollo. En cambio, por su parte, los legisladores han señalado que su prioridad es entrar a la discusión de una reforma fiscal de fondo, que simplifique la regulación y redefina las potestades entre los distintos niveles de gobierno, lo cual sería insuficiente si el poder ejecutivo no lleva a cabo una eficiente administración tributaria.
Ante los riesgos inflacionarios que han generado los aumentos en los impuestos federales y locales, el manejo que se está dando a los precios administrados, como los de los energéticos están provocando una mayor cautela en las decisiones empresariales e inhibiendo la inversión, por lo que si la determinación del relevo la frente del Banco de México, fue para coordinar mejor las políticas fiscal y monetaria, si no se lleva a cabo la reforma hacendaria, se tendría un factor de riesgo adicional para el control de los precios y para la recuperación del país.