Los resultados de las votaciones están dejando a los distintos sectores de la población una lectura sobre la urgencia de tomar medidas que permitan superar la recesión económica, el desempleo y la inseguridad. Al respecto, se ha generado una discusión sobre cuáles deben ser las medidas que conduzcan a un crecimiento sostenido, con seguridad y empleo.
La propuesta del PRI, partido que obtuvo la mayoría en el Congreso y en las elecciones locales, de encontrar una vía que permita al país superar los graves desafíos de aumentar el empleo y mejorar los ingresos de las familias en un proceso que pueda mantenerse a largo plazo, ha ocasionado que muchos analistas se refieran a que seguramente se estaría tratando de regresar al modelo proteccionista con una alta participación del Estado en la economía. Sin embargo, también existen los que consideran que se trataría de adoptar la tendencia generada en Gran Bretaña y que se llamó la tercera vía. Finalmente, también se considera que el PRI podría llegar a proponer una estrategia que sería una cuarta vía.
A su vez, las medidas que se consideran urgentes e indispensables, van desde llevar a cabo la serie de reformas pendientes que no pudo sacar adelante el Presidente Calderón cuando contó con la mayoría del PAN en el Congreso durante el primer trienio de su mandato, hasta aquellas que consideran que lo que debe ser prioritario es contar con un gobierno eficiente que pueda instrumentar las medias que hasta ahora se han aprobado.
En realidad, habría que partir de las causas que han ocasionado que México sea el país que ha sido más afectado por la recesión de Estado Unidos. La decisión de aceptar una integración pasiva a la economía norteamericana rindió buenos frutos en tiempos de auge, pero se refleja con una contracción más severa en la etapa de descenso del ciclo de negocios.
La adopción mecánica de medidas para que México funcione como una economía de mercado, aún de carácter emergente, ha sido una receta enseñada en muchas escuelas de economía y de negocios, así como en otras de orientación técnica. Esta formación de los recursos, que se han asimilado a las estructuras del gobierno y de las empresas, no cuenta con la preparación ni la vocación de innovación, base para poder ser competitivos en el mercado mundial.
Por otra parte, se debe reconocer que de poco servirían las reformas fiscal, energéticas, financiera, laboral y de Estado, si el gobierno en turno carece de la capacidad para ponerlas en ejecución. Tal ha si el caso de numerosas medias en materia del gasto público, impositivas y de seguridad. Adicionalmente, tampoco se cuenta con la voluntad de los distintos sectores de la población de asumir los riesgos, costos y responsabilidades que entrañarían las reformas.
Hasta ahora se ha convocado a una serie de foros, de seminarios y de encuentros para discutir cómo salir de la crisis, cómo volver a crecer, cómo impulsar a las pequeñas y medianas empresas, cómo se pude reactivar el crédito, cuál debe ser la política económica, entre muchos otros temas. De tal manera, ya existe material, tanto de estos eventos, como de los estudios que debe haber realizado la Fundación Colosio de PRI, para que se pueda pasar al campo de la construcción de acuerdos.
Los acuerdos, tienen que ser no solamente de carácter político entre el gobierno federal, los estatales y los partidos políticos, sino que también deben involucrar a los empresarios, al sector financiero, a las organizaciones laborales, a los centros de enseñanza superior y a los medios de comunicación, para que asuman los compromisos y obligaciones que se derivarán de una mayor contribución a las finanzas públicas, de un mejor servicio público, de una mayor eficiencia en la regulación y eficiencia de los mercados, de una política de fomento a las actividades productivas, de una mejor enseñanza, de un apoyo irrestricto a la investigación y formación de recursos humanos capaces de innovar; en fin, de construir un amplio acuerdo que abarque a toda la nación.
La vía mexicana para el desarrollo no debe circunscribirse a lo pueda hacer un partido en materia legislativa, sino que debe ser un esfuerzo compartido con el gobierno y los partidos políticos para involucrar a toda la sociedad.
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