Calderón a Mitad del Camino

En medio de las discusiones que ha suscitado el medio que utilizará el Presidente Calderón para dar a conocer a la población lo que ha realizado en su tercer año de gobierno, hay que apuntar que, aunque la forma de informar ha cambiado sustancialmente, no ha sido el caso en cuanto al fondo.
En los mensajes que se han dado a conocer en los medios de comunicación y lo que hasta ahora se desprende del informe presentado por escrito al Congreso, el tono del documento continúa con el estilo de resaltar lo logrado en el año, o en todo el primer tramo del período de gobierno, comparándolo con que al respecto se realizó en el pasado.
Esta manera de informar a la población y a los otros poderes de la Unión, está en contra de la política que ha venido estableciéndose para que los programas públicos, en un principio, y posteriormente toda la actuación de las dependencias gubernamentales sean evaluadas en función de su desempeñó. De tal manera, en lugar de destacar el crecimiento que se tiene en un año respecto al anterior sobre los montos de recursos canalizados, del número de beneficiaros o de asuntos atendidos, se busca que se informe sobre el grado en que se ha resuelto un problema previamente identificado.
De acuerdo con esta metodología para evaluar la función pública, los recursos que se asignen a una dependencia o programa, se debe hacer según la prioridad que tenga la atención de la situación que pretenden modificar o del servicio que ofrecen, de tal manera que su rendición de cuentas y su evaluación será conforme a los logros de solución de un problema, de la eficiencia en la prestación de los servicios y de la satisfacción de los beneficiarios de las acciones gubernamentales.
Si se lleva a cabo un ejercicio somero de evaluación del desempeño de los primeros tres años de gobierno de Felipe Calderón, se destaca que su prioridad se ha centrado en el tema de seguridad, combatiendo el crimen y el narcotráfico. Más allá de las cifras de detenidos, de la mercancía ilegal incautada, de los muertos o de los secuestros, el problema no se ha resuelto y tal vez ni siquiera se ha debidamente dimensionado para poder aplicar medidas alternativas de solución.
Otra de las prioridades ha sido mantener la estabilidad macroeconómica, a pesar de las amenazas y choques externos. Al respecto, la capacidad y el oficio público de los equipos que comandan Agustín Carstens en Hacienda y Guillermo Ortiz en el Banco de México, se ha logrado que la turbulencia financiera no afecte al país y que la recesión económica, gracias a las medidas contracíclicas, no cause un mayor estrago en reducción de empleos.
Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Calderón la generación de nuevas plazas laborales ha estado muy por debajo de lo que requiere el país para atender el crecimiento de la población económicamente activa. De la mano de la falta de creación de empleos, se encuentra el magro crecimiento económico, el deterioro de los salarios y el aumento de la pobreza, con su consecuente presión en el gasto social y en las finanzas públicas. Al analizar los programas y dependencias que deberían atender el cumplimiento de la propuestas de campaña de Felipe Calderón, se encuentra que existe una falta de capacidad en el ejercicio del gasto en infraestructura, en la atención a la pequeñas y medianas empresas así como una desintegración de cadenas productivas y que los recursos de programas están mal focalizados para resolver la pobreza, para aumentar la producción y la productividad.
Sin inversión no puede haber crecimiento ni generación de empleos y para ello se debe contar con un clima apropiado para el desarrollo de los negocios. Al respecto, el gobierno de Calderón ha adolecido de un acuciante deterioro de la competitividad. Los obstáculos al desarrollo que supone una administración pública ineficiente, implica externalidades negativas que repercuten en un mayor costo para las empresas y un mayor gasto en la burocracia gubernamental.
Finalmente en esta rápida y somera evaluación de la primera mitad de la gestión del Presidente Calderón, se encuentra una falta de cumplimiento de la función social de intermediación que debe cumplir el sistema bancario que opera en el país. Además de la ausencia de acciones para incentivar a l banca a cumplir con esta responsabilidad ante la sociedad, el gobierno continúa auto acotado para utilizar a la banca de desarrollo como un instrumento que regule el mercado financiero y fomente la actividad económica.
A reserva de la conveniencia de dar actualmente a conocer a la población y al Congreso una detallada evaluación del desempeño de su gobierno, debe ser una prioridad para el Presidente Calderón llevarla a cabo para hacer los ajustes que permitan que la segunda mitad de su gestión ofrezca mejores resultados que los que prevén las estimaciones.