Ineficiencia Gubernamental

La encrucijada en la que se encuentran las finanzas públicas derivada de la recesión económica y de los problemas estructurales que padece el país, ha desatado una discusión sobre las medidas que debería tomar la sexagésima primera legislatura que iniciará sus actividades en septiembre próximo.
Los alcances, limitaciones y consecuencias políticas y económicas que tendrían los ajustes fiscales, tanto del lado del ingreso como del gasto, han generado una serie de propuestas. Sin embargo, poca atención se ha prestado a las medidas que requieren emprenderse para que los gobiernos federal, estatal y municipales sean más eficientes y generen menos obstáculos para el desarrollo de los negocios.
Las propuestas en el aspecto tributario, además de buscar que dejen de depender de los ingresos petroleros, deben incluir la redefinición de las facultades y obligaciones fiscales de los estados y municipios para terminar con el centralismo insaturado desde 1947.Al acercar la fuente de ingresos con la satisfacción de las necesidades de servicios y obras públicas a la comunidad, ayudará a que se exista una adecuada rendición de cuentas, a que se presione por una mayor eficiencia y a que se fortalezcan los procesos democráticos.
A pesar de la evidente necesidad de que el gobierno deje ser ineficiente, las políticas públicas, los programas y las dependencias parecen no orientarse hacia esquemas que privilegien la productividad y que generen externalidades positivas para las empresas y los ciudadanos. El sexenio pasado se destinó una cuantiosa cantidad de recursos al programa de innovación gubernamental sin que se tenga ningún resultado palpable, pero se ha premiado al responsable con un escaño en el Senado, en lugar de exigirle que rinda cuentas ante la sociedad.
Entre las medidas que cuentan con el mayor consenso entre legisladores y líderes empresariales es el concerniente a que el recorte presupuestal de este año y la disminución que tendrá el del próximo sea en gasto corriente, además de que se acoten las percepciones de los altos mandos de la administración pública. Sin embargo, para la asignación de los recursos no se plantea que se lleve a cabo tomando en cuenta un criterio de mejoramiento de la eficiencia en el ejercicio de las funciones gubernamentales, La disminución de los obstáculos para el desarrollo de los negocios y el mayor efecto multiplicar del gasto constituye uno de los factores que pueden ayudar a que el país recupere su dinamismo económico en un menor tiempo y que pueda sostenerse por un largo período.
La evaluación del desempeño de programas y dependencias públicas puede llevar a fundamentar su desaparición o la modificación de las políticas gubernamentales. Tal es el caso de la Secretaría de la Función Pública y de la contralorías que tiene incrustadas en las distintas instancias gubernamentales, que en realidad son reductos de interese panistas que solo obstaculizan el funcionamiento del ejercicio gubernamental. La corrupción y el favoritismo de incondicionales de los que ejercen el poder ha aumentado en los últimos años, en lugar de disminuir. La desaparición de un institución que ha demostrado no solamente su inutilidad, sino que constituye un serio obstáculo para el adecuado ejercicio de las funciones y del gasto público podría dar pié a un fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación como un órgano autónomo que garantice la transparencia e imparcialidad en la vigilancia del funcionamiento ye la eficiencia gubernamental.
A su vez, de hacerse las asignación de las transferencias presupuestales a los gobiernos locales con base en programas que busquen mejorar la eficiencia, seguramente se avanzaría en resolver la situación que priva en las administraciones estales y municipales, dándole un nueva dimensión a las transferencias de los recursos federales