El paquete económico presentado por el Presidente Calderón, con las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, además de afectar con medidas retroactivas a los contribuyentes en materia de la consolidación fiscal, contiene elementos que constituyen una franca recesión en la de por sí acotada política fiscal. Las mayores tasas de impuestos y la generación de nuevos gravámenes a actividades que son cruciales para el crecimiento económico, como son las telecomunicaciones, llevan a concluir que se trata de una serie de medidas que pueden afectar las perspectivas de los negocios en el país.
Adicionalmente, entre las propuestas que contiene la miscelánea fiscal se incluye una serie de modificaciones al amparo que puede promoverse a efectos de proteger a los causantes de las decisiones de la autoridad tributaria. La propuesta contiene medidas que tienden extender las resoluciones que emita la autoridad judicial sobre los amparos promovidos por los contribuyentes a toda la población. De tal manera, se eliminaría el principio de relatividad que implica que las resoluciones favorecen y se aplica solamente a los que promovieron la inconformidad. Esta es una modificación benéfica que desde hace tiempo venían proponiendo las organizaciones de abogados y algunos distinguidos juristas, comenta el especialista fiscal Ernesto Serrano Arista.
Sin embargo, las medidas que tienden a favorecer a los causantes se mesclan con disposiciones que buscan limitar sus derechos para promover acciones de inconformidad sobre las regulaciones fiscales, básicamente contra lo que se encuentre contenido en las leyes y regulaciones secundarias, con lo cual solo se deja como susceptible de amparo a las decisiones y aplicación de criterios por parte de fisco. Esta propuesta impide que los ciudadanos se puedan proteger contra leyes y regulaciones que se encuentren realizadas con defectos y que vayan en contra de las disposiciones constitucionales.
En materia de amparo, se propone, adicionalmente que cuando se resuelva a favor del contribuyente, si éste había realizado pagos precautoriamente antes de obtener la protección jurídica, los montos involucrados no serían reintegrados por el Servicio de Administración Tributaria. Esta medidas tiende a inhibir la promoción de acciones de amparo, a la vez que tiene un fin eminentemente recaudatorio.
Las medidas propuestas apuntan a hacer menos propicio el clima de los negocios y han comenzado a afectar el mercado financiero, en la medida que la incertidumbre y el panorama potencialmente adverso para los inversionistas, han generado una gran volatilidad. Por lo pronto, el tipo de cambio que cerró con fortaleza la semana pasada ha sido víctima de un embate especulativo que obligó al Banco de México a intervenir nuevamente con subastas en el mercado, situación que no se presentaba desde principios de septiembre.
Finalmente, el aumento en las tasas impositivas y los nuevos gravámenes que pueden aplicarse hacen prever un repunte inflacionario que colocaría a la autoridad monetaria ante el dilema de tratar de frenar el crecimiento de los precios o mantener una mayor flexibilidad para apuntalar la recuperación económica.
Cabe esperar que todos los argumentos en contra de medidas que afectan a la economía del país se puedan analizar conjuntamente con el destino del gasto, para encontrar una solución que sea satisfactoria con las condiciones de desempleo y menor dinamismo productivo.
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