Errática Política Fiscal

La falta de una revisión a fondo del sistema fiscal mexicano ha dado pié a un exceso de discrecionalidad de las autoridades tributarias, así como a una falta de continuidad que solo busca modificaciones eminentemente recaudatorias de corto plazo.
Las medidas propuesta por el gobierno del Presidente Calderón y aprobadas en la Cámara de Diputados con relación al sistema de consolidación fiscal, desecha la política de fomento que se estableció en la década de los setenta para fomentar la creación de unidades productivas dedicadas a fortalecer grupos económicos que se abocaran a apoyar inversiones en actividades que generaran exportaciones y empleos. Posteriormente, éstas se convirtieron en empresas bajo el régimen de consolidación fiscal, que hoy se busca eliminar.
La propuesta pretende que retroactivamente quitar el beneficio de que las empresas cuenten con liquidez para apoyar su crecimiento, constituye un elemento que resta estabilidad y credibilidad a las medidas gubernamentales, además de ser claramente inconstitucional, según opina el especialista en derecho fiscal, Ernesto Serrano Arista.
Las empresas generadoras de utilidades dentro de un grupo empresarial que consolida, paga sus impuestos correspondientes, pero la controladora que lleva a cabo la consolidación puede compensar las pérdidas que le genera otra unidad productiva que se encuentra en proceso de alcanzar a su punto de equilibrio operacional, con lo que se pospone el pago de las utilidades que corresponderían a la controladora del grupo económico.
Adicionalmente, señala el abogado Serrano Arista, es necesario que para poder constituirse en una empresa que consolida se obtenga previamente la autorización de la Secretaría de Hacienda, por lo que ahora no se justifica que retroactivamente se elimine un beneficio que en su oportunidad la misma autoridad consideró que era necesario para la política de fomento y fortalecimiento empresarial. Por supuesto, en un momento de crisis en que las empresas requieren contar con liquidez, y que el país necesita inversiones y generar empleos, una medida como la eliminación del régimen de consolidación va en contra de lo que se que debería hacerse para reactivar las actividades productivas.
La falta de ingresos en las finanzas públicas obedece tanto a un complejo régimen fiscal, como a la incapacidad de gobierno para ampliar la base tributaria. A su vez, el crecimiento del gasto burocrático y la creciente necesidad de canalizar recursos a los programas sociales de corte asistencial, han dado por resultado una insuficiencia que se pretende cubrir cargándole la mano a los que siempre pagan impuestos. Adicionalmente, las medidas propuestas también atentan contra la generación de nuevas inversiones y de fuentes de empleos que tanto se requirieren en condiciones actuales.
La solución a l problemática en que se encuentran las fianzas públicas dada la caída de los ingresos petroleros debe buscarse en la eficiencia de la administración pública, tanto por el lado de la recaudación como por el gasto.
La otra medida controversial de las propuestas fiscales, se encuentra en las modificaciones en torno al amparo fiscal que se comentará en la segunda parte del análisis del paquete que se encuentra en revisión en el Senado de la República.