Una vez superada la recesión económica mundial, todavía quedan las secuelas de la crisis financiera generada por los créditos hipotecarios de baja calidad otorgados en Estados Unidos, así como la amenaza latente de la tendencia alcista en los precios de los energéticos, en los alimentos y en las materias primas.
Una recuperación frágil con una limitada generación de nuevas plazas laborales, con una disminución de la confianza del consumidor y una alta tendencia especulativa por parte de los inversionistas, pone en una encrucijada a las políticas fiscal y monetaria de todos los países del mundo.
El mantenimiento de las tasas de interés en muy bajos niveles que van desde cero hasta dos por ciento en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, así como la debilidad del dólar frente al euro y al yen, son un factor que favorece la recuperación, a riesgo de generar un proceso inflacionario. Sin embargo, un cambio en la política monetaria que comience a aumentar las tasas de interés puede provocar una recaída en el crecimiento de las actividades productivas.
Por lo pronto, existe preocupación ante la inusitada recuperación de los precios de los activos financieros que se negocian en los mercados de capitales. El temor del surgimiento de una burbuja en los valores bursátiles, ante el bajo umbral que ofrecen los activos sin riesgo, es una preocupación de las autoridades financieras y monetarias. Ante la limitante de enfrentar este fenómeno mediante el aumento en las tasas de interés, los bancos centrales están volteando a ver la posibilidad de elevar las exigencias del índice de capitalización de la banca. Para que esta medida no genere distorsiones en la intermediación financiera que nulifique el esfuerzo para desinflar la burbuja en los mercados de valores, tendría que ser aplicada coordinadamente por todos los países
La discusión en torno a la política fiscal, a su vez, ante la transformación de la deuda del sistema financiero en obligaciones públicas, se encuentra frente a la disyuntiva del mayor déficit en las finanzas públicas y la necesidad de un mayor gasto para paliar el desempleo, para aumentar la seguridad social y para mantener los estímulos para la recuperación de las empresas.
En México, el banco central ha decidido mantener la tasa de interés objetivo inalterada, a pesar de las presiones inflacionarias que se han dejado sentir al inicio del año y de la perspectiva que se tiene para el primer trimestre. El objetivo del nuevo gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, de cumplir con el mandato de esa institución sin sacrificar el crecimiento económico, es un reto que se espera quede debidamente expuesto en el programa monetario para el año que debe presentarse el 27 de este mes.
Si bien en México no existe la presión de la deuda sobre las finanzas públicas, la situación resulta similar a la de Estados Unidos y de los países europeos, derivado de la baja recaudación y de la rigidez que presenta la hacienda pública.
El objetivo que se ha planteado el gobernador Carstens puede lograrse si se lleva a cabo la reforma fiscal integral, así como si se mejora sustancialmente tanto la administración tributaria, como el ejercicio del gasto, sobre todo el destinado a la inversión con un alto efecto multiplicador. Uno de los instrumentos para asegurar la transparencia y eficiencia en el ejercicio presupuestal, es el sistema de evaluación de desempeño, que implica que se de un estrecho seguimiento al cumplimiento de las metas y de los objetivos, de acuerdo a los indicadores de gestión, tal como lo ha señalado Angel Gurría, secretario de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Año de Reformas y de Riesgo Inflacionario
Después de haber superado la crisis y la recesión en el año pasado, el país recibe el 2010 con una economía frágil y con grandes retos y riesgos que enfrentar, pero también con grandes oportunidades para continuar con las reformas y ajustes que se interrumpieron con la transición política del inicio del siglo.
Con una década de crecimiento mediocre, es imperioso que se tomen las medidas necesarias para que el país pueda alcanzar un desarrollo acorde a su potencial, que le permita superar el atraso y los problemas acumulados en estos diez años. De tal manera, se debe reconocer la insuficiencia de la política económica que se basa solamente en que el mercado sea el que oriente y conduzca las actividades productivas del país.
Además de regular y supervisar el funcionamiento del mercado, se requiere que se le considere como un instrumento de una política económica que, hasta ahora, se ha limitado únicamente al manejo monetario y financiero con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica y la asignación de crecientes recursos presupuestales a los programas sociales de corte asistencial. Cuando los mercados presentan fallas y limitaciones para fijar precios que conlleven a la eficiente asignación de los recursos, es necesario que las autoridades intervengan para impedir que se generen distorsiones que desincentivan la inversión y la generación de empleos.
Una política pública más activa para fomentar el desarrollo requiere que se fortalezca a la hacienda pública, tanto en su marco regulatorio como en su instrumentación. Los cambios y ajustes para que el país pueda tener un mejor desempeño económico implican decisiones que se ubican tanto exclusivamente en el ámbito del gobierno federal, como los que requieren de la aprobación de los legisladores.
La crisis y la recesión han dejado la percepción generalizada de que el país no puede seguir estando sujeto a los vaivenes del mercado y de la economía norteamericana, con lo cual se tiene la oportunidad de redefinir la forma en que ha venido funcionando la economía. Sin embargo, como lo ha señalado la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de la ONU, cuya secretaria ejecutiva es la mexicana Alicia Bárcena, se corre el riego de que en este año se actué más en función de las próximas elecciones, que de las próximas generaciones
Las más medidas importantes que se tiene la oportunidad de llevar a cabo en este año, se refieren al fortalecimiento de las finanzas públicas, al diseño y ejecución de los programas de gasto público, a la eficiente generación de bienes y servicios públicos, al fomento al ahorro interno y al financiamiento a las actividades productivas, a la consolidación de la red de salud y seguridad social, a la inversión multianual suficiente en educación e investigación y , finalmente, a la adopción de de una dinámica política de promoción y fomento de las actividades productivas.
Sin embargo, parece que la prioridad del gobierno federal se centra más en los aspectos políticos, ya que el Presidente Calderón prefirió proponer al Congreso diversas modificaciones al aparto gubernamental y al sistema electoral, en lugar de comenzar a construir los acuerdos para redefinir el modelo de desarrollo. En cambio, por su parte, los legisladores han señalado que su prioridad es entrar a la discusión de una reforma fiscal de fondo, que simplifique la regulación y redefina las potestades entre los distintos niveles de gobierno, lo cual sería insuficiente si el poder ejecutivo no lleva a cabo una eficiente administración tributaria.
Ante los riesgos inflacionarios que han generado los aumentos en los impuestos federales y locales, el manejo que se está dando a los precios administrados, como los de los energéticos están provocando una mayor cautela en las decisiones empresariales e inhibiendo la inversión, por lo que si la determinación del relevo la frente del Banco de México, fue para coordinar mejor las políticas fiscal y monetaria, si no se lleva a cabo la reforma hacendaria, se tendría un factor de riesgo adicional para el control de los precios y para la recuperación del país.
Con una década de crecimiento mediocre, es imperioso que se tomen las medidas necesarias para que el país pueda alcanzar un desarrollo acorde a su potencial, que le permita superar el atraso y los problemas acumulados en estos diez años. De tal manera, se debe reconocer la insuficiencia de la política económica que se basa solamente en que el mercado sea el que oriente y conduzca las actividades productivas del país.
Además de regular y supervisar el funcionamiento del mercado, se requiere que se le considere como un instrumento de una política económica que, hasta ahora, se ha limitado únicamente al manejo monetario y financiero con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica y la asignación de crecientes recursos presupuestales a los programas sociales de corte asistencial. Cuando los mercados presentan fallas y limitaciones para fijar precios que conlleven a la eficiente asignación de los recursos, es necesario que las autoridades intervengan para impedir que se generen distorsiones que desincentivan la inversión y la generación de empleos.
Una política pública más activa para fomentar el desarrollo requiere que se fortalezca a la hacienda pública, tanto en su marco regulatorio como en su instrumentación. Los cambios y ajustes para que el país pueda tener un mejor desempeño económico implican decisiones que se ubican tanto exclusivamente en el ámbito del gobierno federal, como los que requieren de la aprobación de los legisladores.
La crisis y la recesión han dejado la percepción generalizada de que el país no puede seguir estando sujeto a los vaivenes del mercado y de la economía norteamericana, con lo cual se tiene la oportunidad de redefinir la forma en que ha venido funcionando la economía. Sin embargo, como lo ha señalado la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de la ONU, cuya secretaria ejecutiva es la mexicana Alicia Bárcena, se corre el riego de que en este año se actué más en función de las próximas elecciones, que de las próximas generaciones
Las más medidas importantes que se tiene la oportunidad de llevar a cabo en este año, se refieren al fortalecimiento de las finanzas públicas, al diseño y ejecución de los programas de gasto público, a la eficiente generación de bienes y servicios públicos, al fomento al ahorro interno y al financiamiento a las actividades productivas, a la consolidación de la red de salud y seguridad social, a la inversión multianual suficiente en educación e investigación y , finalmente, a la adopción de de una dinámica política de promoción y fomento de las actividades productivas.
Sin embargo, parece que la prioridad del gobierno federal se centra más en los aspectos políticos, ya que el Presidente Calderón prefirió proponer al Congreso diversas modificaciones al aparto gubernamental y al sistema electoral, en lugar de comenzar a construir los acuerdos para redefinir el modelo de desarrollo. En cambio, por su parte, los legisladores han señalado que su prioridad es entrar a la discusión de una reforma fiscal de fondo, que simplifique la regulación y redefina las potestades entre los distintos niveles de gobierno, lo cual sería insuficiente si el poder ejecutivo no lleva a cabo una eficiente administración tributaria.
Ante los riesgos inflacionarios que han generado los aumentos en los impuestos federales y locales, el manejo que se está dando a los precios administrados, como los de los energéticos están provocando una mayor cautela en las decisiones empresariales e inhibiendo la inversión, por lo que si la determinación del relevo la frente del Banco de México, fue para coordinar mejor las políticas fiscal y monetaria, si no se lleva a cabo la reforma hacendaria, se tendría un factor de riesgo adicional para el control de los precios y para la recuperación del país.
Crisis y Cambios en 2009 (Segunda Parte) Recuperación y Perspectivas
Después del “catarrito” que se convirtió en una fuerte recesión, la economía del país dejó de contraerse en el tercer trimestre del año y comenzó a mostrar signos de una incipiente y limitada recuperación. Aunque las actividades productivas empezaron a tener un mayor dinamismo, no ocurrió lo mismo con el empleo, de tal manera que durante el último semestre se alcanzaron preocupantes niveles de desempleo y de las actividades informales.
Por temores que renacieron sobre la solidez del sistema financiero en Estados Unidos, así como las dificultades para hacer frente a sus obligaciones que enfrentó Dubái, uno de los Emiratos Árabes, comenzó a generarse un flujo de capitales hacia los mercados emergentes que permitieron que sus monedas tendieran a estabilizarse, así como sus mercados de valores, mientras que el dólar continuó su debilidad frente al euro y al yen. Por su parte, el peso mexicano, al final del año, terminó con un tipo de cambio que ronda los trece pesos por dólar y la bolsa de valores cerca de su mayor nivel, reponiendo las pérdidas registradas durante el año para alcanzar un ganancia anual de más de 42 por ciento.
El crédito continuó su tendencia descendente mientras que la cartera vencida de los bancos iba en ascenso a pesar de la disminución en las tasas de interés y de las comisiones, gracias a la regulación que emitió el Congreso. El Banco de México, la institución que sin lugar a dudas es la que mejor desempeño ha mostrado en la última década en el país, se mantuvo atento para controlar la inflación y para que el mercado no presentara riesgos sistémicos y no se presentara una severa contracción en la liquidez, con lo cual se contuvo el efecto que pudo haber generado el incumplimiento en que incurrieron varias instituciones financieras no bancarias ,así como por los descalabros que sufrieron corporativos mexicanos en operaciones de derivados sobre el tipo de cambio.
Hacia el cuarto trimestre del año se comenzó a trabajar en las medidas para mantener la recuperación en el año que mañana se inicia, para lo cual el Presidente Calderón, por conducto de la Secretaría de Hacienda, todavía bajo el mando de Agustín Carstens, presentó al Congreso el paquete económico que contenía una serie de modificaciones fiscales, de propuestas de reasignación del gasto, de medidas de austeridad y un acotado ajuste en el aparto burocrático federal. El marco económico en que se ubicó la propuesta presidencial toma en cuenta que no se podrá contar con el monto de ingresos petroleros como había sido el caso de los años anteriores, aún cuando se llevó a cabo una nueva operación cobertura para garantizar el precio incluido en la Ley de Ingresos.
La discusión en el Congreso tomo en cuenta los interese de las entidades federativas y de los municipios, que fueron las instancias gubernamentales más afectadas por la recesión, lo que llevó a que se aprobara un aumento en el tasas del impuesto al valor agregado, a la del impuesto sobre la renta y a los impuestos a la producción, así como diversas modificaciones en materia de consolidación fiscal, entre las medidas más importantes. A su vez, el gasto sufrió reasignaciones para poder atender las prioridades regionales, el gasto social, la educación superior y el apoyo a las zonas rurales.
Al final de una década de pobre desempeño económico, el cambio que se vivió en el año 2000, solo ha significado un retroceso en el bienestar de la población y en una pérdida a nivel internacional en términos de de competitividad, destino de inversiones y un agravamiento en los indicadores de productividad, ineficiencia, corrupción, falta de transparencia y de inseguridad.
El gobierno federal ha emprendido una lucha frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, pero aún no logra erradicar el núcleo de las organizaciones criminales. En el resto de los grandes retos nacionales, no se han logrado resultados debido a que falte voluntad por parte de las autoridades, sino por falta de capacidad y de oficio. Los cambios en el equipo gubernamental no han privilegiado el buen desempeño de los responsables de las dependencias, sino que han servido solo para premiar la militancia partidista y la cercanía con el grupo en el poder, como ha sido el caso en las secretarías de economía, comunicaciones y transportes, desarrollo social y hacienda, mientras que se decidió no ratificar al único funcionario que cumplió escrupulosamente con su cometido, Guillermo Ortiz, hasta el día de hoy gobernador del Banco de México.
El país requiere cambios, para no seguir solamente esperando a lo que suceda en la economía de Estados Unidos, que impliquen una verdadera reforma fiscal, la reforma laboral, continuar afinando el marco regulatorio financiero y las medidas para elevar el nivel educativo en los niveles básicos, así como un apoyo multianual a la educación superior, al sistema de salud y a la seguridad social.
Frente a la intensa actividad política del nuevo año y la perspectiva del 2012, es imperativo que el Presidente Calderón se convierta en un jefe de estado que anteponga sobres sus interesase partidistas, a los intereses del país y pueda consensuar con el Congreso los cambios que el país requiere, así como poder llevar a cabo un ejercicio eficiente de la función pública
Solo resta desearles a los lectores que el año 2010 sea mejor que el que hoy termina y que todos los mexicanos tengamos la fuerza de voluntad para sacar al país del estancamiento político y económico en que ha caído en lo que va de este siglo
Por temores que renacieron sobre la solidez del sistema financiero en Estados Unidos, así como las dificultades para hacer frente a sus obligaciones que enfrentó Dubái, uno de los Emiratos Árabes, comenzó a generarse un flujo de capitales hacia los mercados emergentes que permitieron que sus monedas tendieran a estabilizarse, así como sus mercados de valores, mientras que el dólar continuó su debilidad frente al euro y al yen. Por su parte, el peso mexicano, al final del año, terminó con un tipo de cambio que ronda los trece pesos por dólar y la bolsa de valores cerca de su mayor nivel, reponiendo las pérdidas registradas durante el año para alcanzar un ganancia anual de más de 42 por ciento.
El crédito continuó su tendencia descendente mientras que la cartera vencida de los bancos iba en ascenso a pesar de la disminución en las tasas de interés y de las comisiones, gracias a la regulación que emitió el Congreso. El Banco de México, la institución que sin lugar a dudas es la que mejor desempeño ha mostrado en la última década en el país, se mantuvo atento para controlar la inflación y para que el mercado no presentara riesgos sistémicos y no se presentara una severa contracción en la liquidez, con lo cual se contuvo el efecto que pudo haber generado el incumplimiento en que incurrieron varias instituciones financieras no bancarias ,así como por los descalabros que sufrieron corporativos mexicanos en operaciones de derivados sobre el tipo de cambio.
Hacia el cuarto trimestre del año se comenzó a trabajar en las medidas para mantener la recuperación en el año que mañana se inicia, para lo cual el Presidente Calderón, por conducto de la Secretaría de Hacienda, todavía bajo el mando de Agustín Carstens, presentó al Congreso el paquete económico que contenía una serie de modificaciones fiscales, de propuestas de reasignación del gasto, de medidas de austeridad y un acotado ajuste en el aparto burocrático federal. El marco económico en que se ubicó la propuesta presidencial toma en cuenta que no se podrá contar con el monto de ingresos petroleros como había sido el caso de los años anteriores, aún cuando se llevó a cabo una nueva operación cobertura para garantizar el precio incluido en la Ley de Ingresos.
La discusión en el Congreso tomo en cuenta los interese de las entidades federativas y de los municipios, que fueron las instancias gubernamentales más afectadas por la recesión, lo que llevó a que se aprobara un aumento en el tasas del impuesto al valor agregado, a la del impuesto sobre la renta y a los impuestos a la producción, así como diversas modificaciones en materia de consolidación fiscal, entre las medidas más importantes. A su vez, el gasto sufrió reasignaciones para poder atender las prioridades regionales, el gasto social, la educación superior y el apoyo a las zonas rurales.
Al final de una década de pobre desempeño económico, el cambio que se vivió en el año 2000, solo ha significado un retroceso en el bienestar de la población y en una pérdida a nivel internacional en términos de de competitividad, destino de inversiones y un agravamiento en los indicadores de productividad, ineficiencia, corrupción, falta de transparencia y de inseguridad.
El gobierno federal ha emprendido una lucha frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, pero aún no logra erradicar el núcleo de las organizaciones criminales. En el resto de los grandes retos nacionales, no se han logrado resultados debido a que falte voluntad por parte de las autoridades, sino por falta de capacidad y de oficio. Los cambios en el equipo gubernamental no han privilegiado el buen desempeño de los responsables de las dependencias, sino que han servido solo para premiar la militancia partidista y la cercanía con el grupo en el poder, como ha sido el caso en las secretarías de economía, comunicaciones y transportes, desarrollo social y hacienda, mientras que se decidió no ratificar al único funcionario que cumplió escrupulosamente con su cometido, Guillermo Ortiz, hasta el día de hoy gobernador del Banco de México.
El país requiere cambios, para no seguir solamente esperando a lo que suceda en la economía de Estados Unidos, que impliquen una verdadera reforma fiscal, la reforma laboral, continuar afinando el marco regulatorio financiero y las medidas para elevar el nivel educativo en los niveles básicos, así como un apoyo multianual a la educación superior, al sistema de salud y a la seguridad social.
Frente a la intensa actividad política del nuevo año y la perspectiva del 2012, es imperativo que el Presidente Calderón se convierta en un jefe de estado que anteponga sobres sus interesase partidistas, a los intereses del país y pueda consensuar con el Congreso los cambios que el país requiere, así como poder llevar a cabo un ejercicio eficiente de la función pública
Solo resta desearles a los lectores que el año 2010 sea mejor que el que hoy termina y que todos los mexicanos tengamos la fuerza de voluntad para sacar al país del estancamiento político y económico en que ha caído en lo que va de este siglo
Crisis y Cambios en 2009 (Parte 1) Del Catarrito a la Recesión
El año que está por terminar estuvo plagado de sucesos que llevaron a un cambio sustancial en el panorama económico y financiero mundial. Los problemas que desde finales de 2008 comenzaron a poner en entredicho la salud de importantes instituciones hipotecarias norteamericanas, terminaron por transformarse en una crisis que afectó a todo el sector financiero y que generó la quiebra de bancos de inversión y puso en grave situación a aseguradoras y a las agencias hipotecarias de ese país.
De tal manera, la crisis que se propagó a todos los países con mercado maduros, requirió de un cuantioso rescate por parte del gobierno norteamericano, así como de acciones concertadas y coordinadas con las autoridades europeas, japonesas y canadienses para inyectar liquidez en el mercado.
La crisis financiera mundial encontró a México con un buen blindaje, por lo que tanto las instituciones bancarias, como el mercado y el país en general, no acusaron los estragos que los activos tóxicos generaron en los países más desarrollados. Esta aparente fortaleza del país hizo que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, considerara que se trataría solamente de un “catarrito” que podría sortearse con facilidad.
Sin embargo, la excesivamente endeudada sociedad norteamericana se vio seriamente afectada, lo que llevó a una fuerte contracción en el consumo y, por consiguiente, a una desaceleración económica que pronto se convirtió en una recesión. Ante esta situación, el Presidente Calderón anunció, en forma paulatina, una serie de medidas para hacer más eficiente el gasto público, acciones para apoyar la creación de infraestructura productiva, así como incentivos para conservar el empleo, para permitir que las empresas sortearan la contracción del mercado y para apoyar el consumo. Finalmente, se consideró un fuerte impulso a los programas sociales para tratar de impedir un mayor deterioro en los niveles de pobreza.
El resultado de las medidas contracíclicas no fueron totalmente halagüeñas, sobre todo en lo concierne al ejercicio de los recursos para generación y modernización de la infraestructura, así como tampoco se ha podido impedir el crecimiento en los niveles de desempleo, de la economía informal y de la pobreza. Sin embargo, se ha logrado conservar el nivel en el consumo y se pudieron contener las presiones inflacionarias. La disminución en el crédito y el crecimiento de la cartera vencida de los bancos, generó una distorsión en el patrón observado en el consumo, de tal manera que creció el de las cadenas departamentales que ofrecen planes de pagos diferidos, mientras que las tiendas de autoservicio, que dependen de las tarjetas de crédito han visto disminuidas sus ventas.
Po su parte, el menor consumo norteamericano en bienes durables, fundamentalmente de la rama automotriz, provocó una caída en las exportaciones mexicanas y en la producción de la cadena productiva de todo tipo de vehículos. En cambio, en el caso de las finanzas públicas , la oportuna decisión de recurrir a una operación de futuros sobre el precio de la petróleo para este año, así como los ahorros presupuestales y el excedente de operación del Banco de México, permitieron que no se tuviera que recurrir a un recorte presupuestal que hubiera agravado la recesión
Finalmente, en este recuento a grandes rasgos de los hechos más importantes que marcaron el 2009, no se puede dejar de mencionar el acertado manejo de los embates especulativos en contra de la moneda nacional. Con el apoyo de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, el Banco de México no solo logró frenar las oleadas especulativas, sino que está entregando excelentes cuentas sobre las reservas internacionales del país, sobre el tipo de cambio, las tasas de interés y el control de la inflación.
La próxima semana se continuará con lo que dejó el año 2009, al hacer referencia al inicio de la recuperación, los cambios en el panorama nacional y las perspectivas para el 2010.
De tal manera, la crisis que se propagó a todos los países con mercado maduros, requirió de un cuantioso rescate por parte del gobierno norteamericano, así como de acciones concertadas y coordinadas con las autoridades europeas, japonesas y canadienses para inyectar liquidez en el mercado.
La crisis financiera mundial encontró a México con un buen blindaje, por lo que tanto las instituciones bancarias, como el mercado y el país en general, no acusaron los estragos que los activos tóxicos generaron en los países más desarrollados. Esta aparente fortaleza del país hizo que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, considerara que se trataría solamente de un “catarrito” que podría sortearse con facilidad.
Sin embargo, la excesivamente endeudada sociedad norteamericana se vio seriamente afectada, lo que llevó a una fuerte contracción en el consumo y, por consiguiente, a una desaceleración económica que pronto se convirtió en una recesión. Ante esta situación, el Presidente Calderón anunció, en forma paulatina, una serie de medidas para hacer más eficiente el gasto público, acciones para apoyar la creación de infraestructura productiva, así como incentivos para conservar el empleo, para permitir que las empresas sortearan la contracción del mercado y para apoyar el consumo. Finalmente, se consideró un fuerte impulso a los programas sociales para tratar de impedir un mayor deterioro en los niveles de pobreza.
El resultado de las medidas contracíclicas no fueron totalmente halagüeñas, sobre todo en lo concierne al ejercicio de los recursos para generación y modernización de la infraestructura, así como tampoco se ha podido impedir el crecimiento en los niveles de desempleo, de la economía informal y de la pobreza. Sin embargo, se ha logrado conservar el nivel en el consumo y se pudieron contener las presiones inflacionarias. La disminución en el crédito y el crecimiento de la cartera vencida de los bancos, generó una distorsión en el patrón observado en el consumo, de tal manera que creció el de las cadenas departamentales que ofrecen planes de pagos diferidos, mientras que las tiendas de autoservicio, que dependen de las tarjetas de crédito han visto disminuidas sus ventas.
Po su parte, el menor consumo norteamericano en bienes durables, fundamentalmente de la rama automotriz, provocó una caída en las exportaciones mexicanas y en la producción de la cadena productiva de todo tipo de vehículos. En cambio, en el caso de las finanzas públicas , la oportuna decisión de recurrir a una operación de futuros sobre el precio de la petróleo para este año, así como los ahorros presupuestales y el excedente de operación del Banco de México, permitieron que no se tuviera que recurrir a un recorte presupuestal que hubiera agravado la recesión
Finalmente, en este recuento a grandes rasgos de los hechos más importantes que marcaron el 2009, no se puede dejar de mencionar el acertado manejo de los embates especulativos en contra de la moneda nacional. Con el apoyo de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, el Banco de México no solo logró frenar las oleadas especulativas, sino que está entregando excelentes cuentas sobre las reservas internacionales del país, sobre el tipo de cambio, las tasas de interés y el control de la inflación.
La próxima semana se continuará con lo que dejó el año 2009, al hacer referencia al inicio de la recuperación, los cambios en el panorama nacional y las perspectivas para el 2010.
La Banca de Desarrollo en la Recuperación Económica
Entre la serie de medidas que señaló el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en su comparecencia ante el Senado, destaca la decisión de darle un nuevo impulso a la banca de desarrollo para que pueda suplir la deficiencia crediticia que generarán los bancos comerciales.
La primera acción que se ha dado a conocer después de la presentación del secretario de Hacienda sobre el papel que jugará la banca de desarrollo en la recuperación económica, corresponde al anuncio que realizó el Presidente Calderón en relación al apoyo crediticio que brindará Nacional Financiera a todas la pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios del gobierno federal. Adicionalmente a esta medida, el Presidente ha señalado que existen las condiciones para reactivar y atraer inversiones del exterior, gracias a las ventajas competitivas que ofrece el país en materia de costos de producción, inflación solidez y estabilidad macroeconómicas.
Sin embargo, tanto las ventajas antes mencionadas, como el renovado papel de tendrá la banca de desarrollo son medidas insuficientes para que la recuperación pueda anticiparse a las previsiones pesimistas que hoy en día proliferan, así como para que se convierta en un proceso sólido y de largo aliento.
Además de que existen una serie de obstáculos para el desarrollo de los negocios en país, el concepto de fomento económico que debe desempeñar la banca estatal se encuentra todavía acotado a ser un proveedor emergente de crédito, sin considerar la promoción de las actividades productivas, el apoyo con capital de riesgo y la asistencia técnica, en cuanto a la vertiente de canalización de recursos. Por el lado de la captación, no se considera en lo más mínimo que la banca de desarrollo sea un factor decisivo para fomentar el ahorro y regular un mercado que no ofrece condiciones atractivas para incentivarlo.
Desde hace quince años, se ha agudizado la idea de dejar a la banca de fomento como instituciones de segundo piso, dependiente de distintas figuras financieras que actúen como dispersores del crédito. En el pasado, este concepto llevó a Nacional Financiera a impulsar una frágil estructura de organizaciones auxiliares del crédito, principalmente uniones de crédito, que le generaron el mayor quebranto de su historia. Hoy en día, parece que se quiere reproducir este mismo modelo, que aún asimilando la experiencia anterior significa una decisión de alto riesgo. Al respecto sería mejor permitirá que la banca de desarrollo emita atractivos valores que pueda adquirir directamente el público ahorrador, como sucedía hasta la década de los ochenta, máxime cuando ya tiene el proyecto de que valores gubernamentales, como los CETES, puedan seguir este mismo camino.
Adicionalmente se sigue privilegiando la visión estrictamente financiera en los resultados de instituciones como Nacional Financiera y BANCOMEXT, lo que fundamenta el desmantelamiento y la insistencia ante el Congreso de desaparecer a la segunda a favor de la primera. Esta decisión que ya fue desechada en el Senado se encuentra congelada en la Cámara de Diputados gracias al peso en la legislatura que está por terminar tenía el partido político que ejerce el poder ejecutivo. Lo asombroso de la insistencia de los dos gobiernos panistas que ha tenido el país, es que reconocen la importancia de que la relaciones externas del país se diversifiquen y, sin embargo, pretenden dejar al México sin el instrumento más importante para lograrlo y que es utilizado en la mayoría de las naciones del mundo.
Como en este caso, y de otras acciones que se han comentado en colaboraciones anteriores en esta columna, el país no requiere de parches y de reformas denominadas estructurales pero inconexas, sino que, como lo ha planteado en repetidas ocasiones recientemente el Rector de la UNAM, José Narro, el país necesita redefinir toda su estructura, en lo cual también está de acuerdo el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, según lo manifestó en una entrevista con TVUNAM.
La primera acción que se ha dado a conocer después de la presentación del secretario de Hacienda sobre el papel que jugará la banca de desarrollo en la recuperación económica, corresponde al anuncio que realizó el Presidente Calderón en relación al apoyo crediticio que brindará Nacional Financiera a todas la pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios del gobierno federal. Adicionalmente a esta medida, el Presidente ha señalado que existen las condiciones para reactivar y atraer inversiones del exterior, gracias a las ventajas competitivas que ofrece el país en materia de costos de producción, inflación solidez y estabilidad macroeconómicas.
Sin embargo, tanto las ventajas antes mencionadas, como el renovado papel de tendrá la banca de desarrollo son medidas insuficientes para que la recuperación pueda anticiparse a las previsiones pesimistas que hoy en día proliferan, así como para que se convierta en un proceso sólido y de largo aliento.
Además de que existen una serie de obstáculos para el desarrollo de los negocios en país, el concepto de fomento económico que debe desempeñar la banca estatal se encuentra todavía acotado a ser un proveedor emergente de crédito, sin considerar la promoción de las actividades productivas, el apoyo con capital de riesgo y la asistencia técnica, en cuanto a la vertiente de canalización de recursos. Por el lado de la captación, no se considera en lo más mínimo que la banca de desarrollo sea un factor decisivo para fomentar el ahorro y regular un mercado que no ofrece condiciones atractivas para incentivarlo.
Desde hace quince años, se ha agudizado la idea de dejar a la banca de fomento como instituciones de segundo piso, dependiente de distintas figuras financieras que actúen como dispersores del crédito. En el pasado, este concepto llevó a Nacional Financiera a impulsar una frágil estructura de organizaciones auxiliares del crédito, principalmente uniones de crédito, que le generaron el mayor quebranto de su historia. Hoy en día, parece que se quiere reproducir este mismo modelo, que aún asimilando la experiencia anterior significa una decisión de alto riesgo. Al respecto sería mejor permitirá que la banca de desarrollo emita atractivos valores que pueda adquirir directamente el público ahorrador, como sucedía hasta la década de los ochenta, máxime cuando ya tiene el proyecto de que valores gubernamentales, como los CETES, puedan seguir este mismo camino.
Adicionalmente se sigue privilegiando la visión estrictamente financiera en los resultados de instituciones como Nacional Financiera y BANCOMEXT, lo que fundamenta el desmantelamiento y la insistencia ante el Congreso de desaparecer a la segunda a favor de la primera. Esta decisión que ya fue desechada en el Senado se encuentra congelada en la Cámara de Diputados gracias al peso en la legislatura que está por terminar tenía el partido político que ejerce el poder ejecutivo. Lo asombroso de la insistencia de los dos gobiernos panistas que ha tenido el país, es que reconocen la importancia de que la relaciones externas del país se diversifiquen y, sin embargo, pretenden dejar al México sin el instrumento más importante para lograrlo y que es utilizado en la mayoría de las naciones del mundo.
Como en este caso, y de otras acciones que se han comentado en colaboraciones anteriores en esta columna, el país no requiere de parches y de reformas denominadas estructurales pero inconexas, sino que, como lo ha planteado en repetidas ocasiones recientemente el Rector de la UNAM, José Narro, el país necesita redefinir toda su estructura, en lo cual también está de acuerdo el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, según lo manifestó en una entrevista con TVUNAM.
El Reto de Carstens
Durante los últimos doce años, el Banco de México se ha consolidado como la institución que ofrece mayor solidez, confianza y certidumbre a la economía mexicana. El control en el crecimiento de los precios, el manejo prudente de las reservas internacionales y su gran contribución en la supervisión del sistema financiero, han permitido que se cuente con una gran estabilidad macroeconómica interna y en las relaciones con el exterior.
El descenso y control de la inflación, el régimen cambiario flexible que ha permitido que la moneda mexicana sea una de las divisas más negociadas en el mercado de futuros de Chicago, así como la disminución en las tasas de interés y la apertura y transparencia hacia la sociedad en su conjunto, son los mayores logros de una institución que a lo largo de los años ha podido consolidar su autonomía.
La gestión de Guillermo Ortiz, que en unos días termina, al frente del Banco de México, constituye un gran reto para el nuevo gobernador, Agustín Carstens. Entre las actividades a las que se le debe dar continuidad, sin duda, se encuentra el extraordinario manejo de las relaciones externas que ha estado a cargo de Federico Rubli Kaiser. Esta área del banco central no solo ha permitido que numerosos alumnos universitarios se acerquen cada año a conocer la operación del banco y el diseño de la política monetaria, sino que en los últimos días llevó a cabo un concurso entre estudiantes de preparatoria que convocó a más de cuatro mil alumnos de todo el país que presentaron mil ensayos sobre la función de un banco central autónomo y de las ventajas que tiene para toda la población.
El interés y conocimiento que mostraron los jóvenes de bachillerato, preparatorias, vocacionales, centros CONALEP, Colegios de Ciencias y Humanidades, así como los Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios; los han convertido en auténticos difusores de la política monetaria del país, así como del papel esencial que juega el Banco de México en la vida económica.
Sin embargo, la labor de comunicación y de relaciones que se ha desarrollado durante la gestión de Ortiz, no se circunscribe solo al ámbito interno, sino que también se ha llevado a cabo una gran actividad a nivel internacional, con la organización de seminarios, así como la contribución que el propio gobernador Guillermo Ortiz ha tenido para redefinir la nueva arquitectura financiera internacional, su colaboración con la Reserva Federal de Estados Unidos, su liderazgo en América Latina y en el Banco Internacional de Pagos.
Hasta ahora, en el Congreso se ha cuestionado a Carstens sobre el mantenimiento de la autonomía del Banco de México, mientras que las encuestas entre la población le dan un rango bajo de confianza, pero el reto que tiene que afrontar es mucho mayor que solo inspirar confianza y consolidar la autonomía.
Sin lugar a dudas, la inobjetable preparación de Carstens y su gran capacidad, ahora alejado del fuego político, le permitirá avanzar en la transparencia dando a conocer las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno, a fin de disipar cualquier duda sobre el mantenimiento de la autonomía. De igual manera, tendrá la sensibilidad de continuar con la política de apertura y de relaciones externas del banco, incluyendo la función de apoyo a las labores académicas de las instituciones de enseñanza, así como para fortalecer el seguimiento y análisis del sistema financiero.
Finalmente, ante este cambio, es necesario que la capacidad que ha demostrado Guillermo Ortiz, su conocimiento y experiencia en materia financiera, monetaria y económica del país y del mundo, se aprovechen en la preparación de la juventud mexicana, así que sería altamente conveniente que regrese a la academia, a su alma mater, la Facultad de Economía de la UNAM, a continuar con su labor de enseñanza que emprendió con éxito durante su gestión en el Banco de México.
El descenso y control de la inflación, el régimen cambiario flexible que ha permitido que la moneda mexicana sea una de las divisas más negociadas en el mercado de futuros de Chicago, así como la disminución en las tasas de interés y la apertura y transparencia hacia la sociedad en su conjunto, son los mayores logros de una institución que a lo largo de los años ha podido consolidar su autonomía.
La gestión de Guillermo Ortiz, que en unos días termina, al frente del Banco de México, constituye un gran reto para el nuevo gobernador, Agustín Carstens. Entre las actividades a las que se le debe dar continuidad, sin duda, se encuentra el extraordinario manejo de las relaciones externas que ha estado a cargo de Federico Rubli Kaiser. Esta área del banco central no solo ha permitido que numerosos alumnos universitarios se acerquen cada año a conocer la operación del banco y el diseño de la política monetaria, sino que en los últimos días llevó a cabo un concurso entre estudiantes de preparatoria que convocó a más de cuatro mil alumnos de todo el país que presentaron mil ensayos sobre la función de un banco central autónomo y de las ventajas que tiene para toda la población.
El interés y conocimiento que mostraron los jóvenes de bachillerato, preparatorias, vocacionales, centros CONALEP, Colegios de Ciencias y Humanidades, así como los Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios; los han convertido en auténticos difusores de la política monetaria del país, así como del papel esencial que juega el Banco de México en la vida económica.
Sin embargo, la labor de comunicación y de relaciones que se ha desarrollado durante la gestión de Ortiz, no se circunscribe solo al ámbito interno, sino que también se ha llevado a cabo una gran actividad a nivel internacional, con la organización de seminarios, así como la contribución que el propio gobernador Guillermo Ortiz ha tenido para redefinir la nueva arquitectura financiera internacional, su colaboración con la Reserva Federal de Estados Unidos, su liderazgo en América Latina y en el Banco Internacional de Pagos.
Hasta ahora, en el Congreso se ha cuestionado a Carstens sobre el mantenimiento de la autonomía del Banco de México, mientras que las encuestas entre la población le dan un rango bajo de confianza, pero el reto que tiene que afrontar es mucho mayor que solo inspirar confianza y consolidar la autonomía.
Sin lugar a dudas, la inobjetable preparación de Carstens y su gran capacidad, ahora alejado del fuego político, le permitirá avanzar en la transparencia dando a conocer las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno, a fin de disipar cualquier duda sobre el mantenimiento de la autonomía. De igual manera, tendrá la sensibilidad de continuar con la política de apertura y de relaciones externas del banco, incluyendo la función de apoyo a las labores académicas de las instituciones de enseñanza, así como para fortalecer el seguimiento y análisis del sistema financiero.
Finalmente, ante este cambio, es necesario que la capacidad que ha demostrado Guillermo Ortiz, su conocimiento y experiencia en materia financiera, monetaria y económica del país y del mundo, se aprovechen en la preparación de la juventud mexicana, así que sería altamente conveniente que regrese a la academia, a su alma mater, la Facultad de Economía de la UNAM, a continuar con su labor de enseñanza que emprendió con éxito durante su gestión en el Banco de México.
Los Riesgos para una Recuperación Sostenida
La economía mexicana continúa estrechamente ligada a la de Estados Unidos y, adicionalmente, presenta una serie de problemas estructurales que constituyen un marco de gran fragilidad para que la incipiente recuperación económica se pueda convertir en un proceso sostenido en el corto y mediano plazos.
El riesgo de que el comportamiento de la economía norteamericana sea de un lento crecimiento, así como ante la expectativa de todavía existan activos tóxicos en los balances de las instituciones financieras que no han sido revelados a los mercados, están propiciando una nueva oleada de aversión al riesgo y de volatilidad.
A pesar de que las cifras recientes sobre la economía de Estados Unidos apuntan a que las actividades productivas han dejado de disminuir, la falta de creación de empleos, la escasez de crédito y la aún baja confianza del consumidor, hacen prever que lo que viene es un período de relativo estancamiento, además de la persistencia de una elevada liquidez internacional impulsada por el doble déficit: externo y presupuestal.
De tal manera, los inversionistas han estado buscando refugiarse en los mercados emergentes y de las economías de mercados maduros que les representan un menor riesgo, dando origen a una revaluación del peso mexicano, del real brasileño, del dólar canadiense, del won coreano y del yen japonés. Asimismo, se ha generado una nueva ola especulativa sobre los metales y algunas materias primas que pueden dar pié a una peligrosa burbuja inflacionaria.
A los riesgos del entorno en que se desenvuelve la economía del país, hay que agregar los cuellos de botella estructurales que limitan el crecimiento y la creación de empleos. Además de lo multicitadas reformas estructurales pendientes en materia laboral, en los energéticos, en la hacienda pública y en la educación, existen obstáculos que para removerlos no requieren de modificaciones constitucionales, ni de leyes que tengan que pasar por el Congreso. Entre ellas, se encuentra el mejoramiento de la eficiencia gubernamental y el redimensionamiento del aparato burocrático, así como modificar el papel que juega el Estado en la economía.
Los últimos quince años han puesto de manifiesto que en nuestro país no es suficiente el funcionamiento de un mercado crecientemente abierto a la competencia externa y desregulado para que se genere un desarrollo dinámico, sostenido y que beneficie a toda la población. Aparte de de la supervisión y de medidas para evitar las fallas de mercado, es imprescindible que su funcionamiento se complemente con una activa participación del Estado en la promoción, en la organización, en brindar asistencia técnica, apoyo crediticio y hasta capital de riesgo, para que se desarrollen una serie de actividades altamente generadoras de empelo y no sujetas a los vaivenes de la economía norteamericana. De esta manera se eliminaría una importante fuente de riesgo para una recuperación sostenida largo plazo.
Sin embargo, el cambio en las políticas públicas para adoptar una actitud activa que tienda a fomentar el desarrollo económico enfrenta la falta de capacidad y experiencia de los servidores públicos, además de que se privilegian los intereses políticos de partidos y de sus dirigentes.
Ante la ausencia de una auténtica banca de fomento y la falta de oficio público para ejercer eficientemente el gasto público y diseñar programas que incentiven la productividad y la producción, proliferan las políticas sociales de corte asistencialista que solo palian los problemas y ocultan los obstáculos al crecimiento.
El rompimiento de la inercia que mantiene el estatus quo, requiere de una voluntad de cambio con visión de largo plazo, abierta a las propuestas y críticas de los distintos sectores de la población, para poder tener acceso a un desarrollo con riesgos diversificados y menos supeditado a la economía norteamericana y que genere empleos y un mayor bienestar para la población.
El riesgo de que el comportamiento de la economía norteamericana sea de un lento crecimiento, así como ante la expectativa de todavía existan activos tóxicos en los balances de las instituciones financieras que no han sido revelados a los mercados, están propiciando una nueva oleada de aversión al riesgo y de volatilidad.
A pesar de que las cifras recientes sobre la economía de Estados Unidos apuntan a que las actividades productivas han dejado de disminuir, la falta de creación de empleos, la escasez de crédito y la aún baja confianza del consumidor, hacen prever que lo que viene es un período de relativo estancamiento, además de la persistencia de una elevada liquidez internacional impulsada por el doble déficit: externo y presupuestal.
De tal manera, los inversionistas han estado buscando refugiarse en los mercados emergentes y de las economías de mercados maduros que les representan un menor riesgo, dando origen a una revaluación del peso mexicano, del real brasileño, del dólar canadiense, del won coreano y del yen japonés. Asimismo, se ha generado una nueva ola especulativa sobre los metales y algunas materias primas que pueden dar pié a una peligrosa burbuja inflacionaria.
A los riesgos del entorno en que se desenvuelve la economía del país, hay que agregar los cuellos de botella estructurales que limitan el crecimiento y la creación de empleos. Además de lo multicitadas reformas estructurales pendientes en materia laboral, en los energéticos, en la hacienda pública y en la educación, existen obstáculos que para removerlos no requieren de modificaciones constitucionales, ni de leyes que tengan que pasar por el Congreso. Entre ellas, se encuentra el mejoramiento de la eficiencia gubernamental y el redimensionamiento del aparato burocrático, así como modificar el papel que juega el Estado en la economía.
Los últimos quince años han puesto de manifiesto que en nuestro país no es suficiente el funcionamiento de un mercado crecientemente abierto a la competencia externa y desregulado para que se genere un desarrollo dinámico, sostenido y que beneficie a toda la población. Aparte de de la supervisión y de medidas para evitar las fallas de mercado, es imprescindible que su funcionamiento se complemente con una activa participación del Estado en la promoción, en la organización, en brindar asistencia técnica, apoyo crediticio y hasta capital de riesgo, para que se desarrollen una serie de actividades altamente generadoras de empelo y no sujetas a los vaivenes de la economía norteamericana. De esta manera se eliminaría una importante fuente de riesgo para una recuperación sostenida largo plazo.
Sin embargo, el cambio en las políticas públicas para adoptar una actitud activa que tienda a fomentar el desarrollo económico enfrenta la falta de capacidad y experiencia de los servidores públicos, además de que se privilegian los intereses políticos de partidos y de sus dirigentes.
Ante la ausencia de una auténtica banca de fomento y la falta de oficio público para ejercer eficientemente el gasto público y diseñar programas que incentiven la productividad y la producción, proliferan las políticas sociales de corte asistencialista que solo palian los problemas y ocultan los obstáculos al crecimiento.
El rompimiento de la inercia que mantiene el estatus quo, requiere de una voluntad de cambio con visión de largo plazo, abierta a las propuestas y críticas de los distintos sectores de la población, para poder tener acceso a un desarrollo con riesgos diversificados y menos supeditado a la economía norteamericana y que genere empleos y un mayor bienestar para la población.
Tres Años de Expectativas Incumplidas
A la mitad de la gestión de Felipe Calderón, el país se encuentra inmerso en una incierta recuperación de la peor recesión de las últimas cinco décadas. Las expectativas que generaron las promesas de campaña de generar empleos, crecer aceleradamente, reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población se han transformado en una quimera electoral para captar votos.
Si bien es cierto que el gobierno de Calderón no tuvo nada que ver con el entorno adverso que generó la crisis financiera que desató Estados Unidos, la calibración de los efectos que tendría en la economía mexicana, las medidas que frente a la crisis y posterior recesión se tomaron y la forma en que se pretendieron ejecutar, son clara muestra de la rigidez y falta de eficiencia del aparato gubernamental.
En medio de la turbulencia se ha podido preservar la estabilidad macroeconómica y se han controlado las presiones inflacionarias y cambiarias, pero no se ha podido reactivar el crédito, ni la inversión productiva. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas no ha podido despegar, mientras que el ambicioso programa de creación y modernización de la infraestructura naufraga en las marañas burocráticas y en la ineficiencia de los operadores del mismo.
Los estragos del desempleo y de la mayor pobreza se han logrado atemperar gracias a los crecientes recursos que se destinan a los programas sociales, aunque se ha constituido en un foco de presión para las acotadas finanzas públicas. Por su parte, la enérgica acción contra el narcotráfico y contra la delincuencia no ha mostrado una disminución significativa de la inseguridad. Al respecto, el ministro saliente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, señaló que México vive un frágil equilibrio social que requiere de una reconstrucción de la vida nacional.
Las reformas estructurales no han podido concretarse, desperdiciándose la primera legislatura que le correspondió al gobierno de Calderón, a pesar de que su partido mantenía una mayoría legislativa. En su lugar, en materia hacendaria, se llevó a cabo solamente una modificación recaudatoria que ofrece el riesgo de impulsar un crecimiento de los precios el próximo año.
Adicionalmente, no se han emprendido acciones para mejorar la recaudación tributaria, ni para simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los causantes, como tampoco se han tomado medidas para hacer más eficiente a la administración tributaria, ni para darle una mayor racionalidad a la estructura burocrática.
Aunque no se han podido generar acuerdos entre el gobierno, legisladores y los líderes políticos, empresariales y académicos sobre las medidas que deben llevarse a cabo, todos coinciden en la necesidad de redefinir el modelo de desarrollo y de reorientar el rumbo económico del país, para no tener un futuro supeditado a los vaivenes de la economía norteamericana.
El segundo tramo del actual gobierno, el Presidente Calderón, debe replantearse la disyuntiva de emprender el cambio que desde hace una década quedó interrumpido, o bien dedicarse a cuidar que su partido tenga un mejor resultado en las elecciones del 2012. Los ajustes en el gobierno deben buscar la eficiencia, más allá de las filiaciones políticas y de los afectos o desafectos personales. De tal manera, no resultaría razonable que un funcionario que ha cumplido, como es el actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, no sea ratificado para un nuevo período, mientras se pretenda premiar a otros que no han tenido resultados satisfactorios, como es el caso de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía y, en menor medida, de Hacienda y de la banca de desarrollo.
Si bien es cierto que el gobierno de Calderón no tuvo nada que ver con el entorno adverso que generó la crisis financiera que desató Estados Unidos, la calibración de los efectos que tendría en la economía mexicana, las medidas que frente a la crisis y posterior recesión se tomaron y la forma en que se pretendieron ejecutar, son clara muestra de la rigidez y falta de eficiencia del aparato gubernamental.
En medio de la turbulencia se ha podido preservar la estabilidad macroeconómica y se han controlado las presiones inflacionarias y cambiarias, pero no se ha podido reactivar el crédito, ni la inversión productiva. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas no ha podido despegar, mientras que el ambicioso programa de creación y modernización de la infraestructura naufraga en las marañas burocráticas y en la ineficiencia de los operadores del mismo.
Los estragos del desempleo y de la mayor pobreza se han logrado atemperar gracias a los crecientes recursos que se destinan a los programas sociales, aunque se ha constituido en un foco de presión para las acotadas finanzas públicas. Por su parte, la enérgica acción contra el narcotráfico y contra la delincuencia no ha mostrado una disminución significativa de la inseguridad. Al respecto, el ministro saliente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, señaló que México vive un frágil equilibrio social que requiere de una reconstrucción de la vida nacional.
Las reformas estructurales no han podido concretarse, desperdiciándose la primera legislatura que le correspondió al gobierno de Calderón, a pesar de que su partido mantenía una mayoría legislativa. En su lugar, en materia hacendaria, se llevó a cabo solamente una modificación recaudatoria que ofrece el riesgo de impulsar un crecimiento de los precios el próximo año.
Adicionalmente, no se han emprendido acciones para mejorar la recaudación tributaria, ni para simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los causantes, como tampoco se han tomado medidas para hacer más eficiente a la administración tributaria, ni para darle una mayor racionalidad a la estructura burocrática.
Aunque no se han podido generar acuerdos entre el gobierno, legisladores y los líderes políticos, empresariales y académicos sobre las medidas que deben llevarse a cabo, todos coinciden en la necesidad de redefinir el modelo de desarrollo y de reorientar el rumbo económico del país, para no tener un futuro supeditado a los vaivenes de la economía norteamericana.
El segundo tramo del actual gobierno, el Presidente Calderón, debe replantearse la disyuntiva de emprender el cambio que desde hace una década quedó interrumpido, o bien dedicarse a cuidar que su partido tenga un mejor resultado en las elecciones del 2012. Los ajustes en el gobierno deben buscar la eficiencia, más allá de las filiaciones políticas y de los afectos o desafectos personales. De tal manera, no resultaría razonable que un funcionario que ha cumplido, como es el actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, no sea ratificado para un nuevo período, mientras se pretenda premiar a otros que no han tenido resultados satisfactorios, como es el caso de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía y, en menor medida, de Hacienda y de la banca de desarrollo.
Incierta Recuperación
De acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país ha dejado el decrecimiento económico y ha iniciado una recuperación a partir del tercer trimestre del año. Sin embargo se estima que para el 2009 la producción nacional será menor en 6.9 por ciento de lo fue en el año anterior. Por su parte, las perspectivas en materia de inflación resultan aún más halagüeñas, ya que el crecimiento de los precios podría ubicarse dentro de la meta establecida por el Banco de México, por debajo de cuatro por ciento.
A pesar de la perspectiva de dejar a tras la recesión, existe el temor de que la recuperación no llegue a ser tan dinámica y que, incluso, se encuentre sujeta a una gran volatilidad.
La discusión sobre las medidas que se tomaron para que tratar de contener la contracción económica, así como las que buscan generar un crecimiento sostenido, no fueron las adecuadas, dan pié a considerar que solo se trataron de tibias acciones paliativas para esperar que la solución sea el efecto que genere sobre la economía nacional la recuperación norteamericana. De tal manera, la fragilidad sobre las bases en que sustenta el repunte económico del vecino del norte, lo que ha llevado a los analista internacionales a considerar que podría existir una nueva recaída, están creando en México un clima de incertidumbre sobre el futuro de las actividades productivas.
A su vez, las medidas recaudatorias y el temor de que persista la ineficiencia en el ejercicio del gasto para el próximo año, hacer prever que en lugar de un crecimiento de 3 por ciento en 2010, solo se logre que la producción avance en 1.5 por ciento. Por su parte, los mayores impuestos reducirán la capacidad de compra de la población, propiciarán que se pospongan inversiones y se generará un efecto adverso a lo esperado en materia de recaudación.
El análisis que parte de considerar que el marco fiscal no es adecuado para el nivel de desarrollo del país y para proporcionar los ingresos que requiere la hacienda pública, así como la falta de eficiencia del aparato gubernamental, ha llevado a una de las empresas mundiales de calificación crediticia a determinar una baja en la calidad de los valores mexicanos emitidos en los mercados financieros, con lo cual se encarecerá el costo de los recursos externos. Al parecer, se estima que la política gubernamental se orientó exclusivamente a preservar la estabilidad macroeconómica, en lugar de buscar fortalecer el mercado y la producción internos, lo cual se hubiera reflejado en una menor desaceleración y en una menor tasa de desempleo.
Desde hace tiempo se ha venido mencionando que no es suficiente para el país contar solamente con estabilidad macroeconómica, aunque es un requisito indispensable, para que exista un desarrollo sostenido y dinámico. Además de la reformas estructurales pendientes, se puede fortalecer la recuperación si se quita la incertidumbre que pesa en el ámbito nacional sobre el comportamiento de la economía norteamericana, si emprenden acciones para hacer más ágiles las inversiones en infraestructura, si se lleva a cabo un redimensionamiento racional del aparato gubernamental y si se lleva a cabo un plan serio de mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios y bienes públicos.
Por lo pronto, como lo ha señalado el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, no se recuperará el bienestar que tenía la población en 2008, sino hasta el final de la gestión de Felipe Calderón.
A pesar de la perspectiva de dejar a tras la recesión, existe el temor de que la recuperación no llegue a ser tan dinámica y que, incluso, se encuentre sujeta a una gran volatilidad.
La discusión sobre las medidas que se tomaron para que tratar de contener la contracción económica, así como las que buscan generar un crecimiento sostenido, no fueron las adecuadas, dan pié a considerar que solo se trataron de tibias acciones paliativas para esperar que la solución sea el efecto que genere sobre la economía nacional la recuperación norteamericana. De tal manera, la fragilidad sobre las bases en que sustenta el repunte económico del vecino del norte, lo que ha llevado a los analista internacionales a considerar que podría existir una nueva recaída, están creando en México un clima de incertidumbre sobre el futuro de las actividades productivas.
A su vez, las medidas recaudatorias y el temor de que persista la ineficiencia en el ejercicio del gasto para el próximo año, hacer prever que en lugar de un crecimiento de 3 por ciento en 2010, solo se logre que la producción avance en 1.5 por ciento. Por su parte, los mayores impuestos reducirán la capacidad de compra de la población, propiciarán que se pospongan inversiones y se generará un efecto adverso a lo esperado en materia de recaudación.
El análisis que parte de considerar que el marco fiscal no es adecuado para el nivel de desarrollo del país y para proporcionar los ingresos que requiere la hacienda pública, así como la falta de eficiencia del aparato gubernamental, ha llevado a una de las empresas mundiales de calificación crediticia a determinar una baja en la calidad de los valores mexicanos emitidos en los mercados financieros, con lo cual se encarecerá el costo de los recursos externos. Al parecer, se estima que la política gubernamental se orientó exclusivamente a preservar la estabilidad macroeconómica, en lugar de buscar fortalecer el mercado y la producción internos, lo cual se hubiera reflejado en una menor desaceleración y en una menor tasa de desempleo.
Desde hace tiempo se ha venido mencionando que no es suficiente para el país contar solamente con estabilidad macroeconómica, aunque es un requisito indispensable, para que exista un desarrollo sostenido y dinámico. Además de la reformas estructurales pendientes, se puede fortalecer la recuperación si se quita la incertidumbre que pesa en el ámbito nacional sobre el comportamiento de la economía norteamericana, si emprenden acciones para hacer más ágiles las inversiones en infraestructura, si se lleva a cabo un redimensionamiento racional del aparato gubernamental y si se lleva a cabo un plan serio de mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios y bienes públicos.
Por lo pronto, como lo ha señalado el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, no se recuperará el bienestar que tenía la población en 2008, sino hasta el final de la gestión de Felipe Calderón.
Austeridad Gubernamental
A pesar de que los ajustes que realizó la Cámara de Diputados al presupuesto que presentó el Presidente Calderón son menores y pueden considerarse como marginales, la decisión de asignar mayores recursos al campo, a la educación y a la infraestructura, significan un importante cambio en la prioridades y estrategia de las políticas públicas.
Este tipo de medidas, que pueden considerarse como pequeños cambios, si se llevan de manera eficiente, marcarán el rumbo de un modelo económico que busca impulsar un desarrollo sostenido en el largo plazo, al considerar la necesidad de aumentar la producción y la productividad en las actividades rurales, así como fortalecer la formación de recursos humanos y construir y modernizar infraestructura que permiten que existan externalidades positivas para las actividades productivas. Adicionalmente, si este tipo de acciones se ejecutan teniendo en cuenta el efecto multiplicador que pueden generar, su efecto en el crecimiento del país, en la productividad y en la creación de empleos con ingresos dignos, será aún mayor.
Las otras decisiones tomadas por los diputados que no se reflejan en la composición de presupuesto, pero que son un complemento del cambio en la orientación del gasto, es la obligación que han impuesto al gobierno federal de llevar a cabo un plan de austeridad multianual, así como la necesidad de que mensualmente se esté informando sobre los posibles sub ejercicios en que se esté incurriendo y que la Secretaría de Hacienda presente la causas, las soluciones y , en su caso, las alternativas de reasignación de los recursos.
El plan de austeridad debe partir de un análisis completo de la estructura burocrática, con el fin de racionalizarla haciéndola más eficiente. De tal manera, se considera que la propuesta del ejecutivo federal de simplemente desaparecer secretarías y reasignar sus funciones a otras dependencias, no constituye una medida de fondo que tienda a resolver el problema del crecimiento desmesurado del aparato gubernamental y de los programas púbicos. El sistema de evaluación del desempeño, que desde hace dos años se ha venido instrumentando paulatinamente, permite determinar la pertinencia de los programas, de los ajustes y de los apoyos que requerían, de tal manera que debe ser la base para diseñar el plan de austeridad y de racionalización administrativa.
La necesidad de atender a la creciente población en condiciones de vulnerabilidad, dada la crisis financiera, la recesión económica actual y la incapacidad del modelo de desarrollo de generar los empleos para atender el crecimiento de la población económica activa, han ocasionado que cada vez se tengan que destinar mayores recursos a los programas sociales. Sin embargo, el problema se convierte en un círculo vicioso, en la medida que solo se soluciona coyunturalmente la pobreza extrema, pero no se resuelven las causas que la generan.
Adicionalmente, los números programas públicos que se han proliferado en la última década, son poco complementarios entre sí y llegan a la grado de duplicar esfuerzos y a representar un cuantioso gasto asociado a su operación, que abulta la estructura burocrática, que no se refleja como gasto corriente, sino como parte de la ejecución de los programas. En buena medida estos numerosos programas públicos dan razón a la existencia de la delegaciones de todas y cada una de las dependencias en la entidades federativas, en lugar de avanzar en el fortalecimiento de del federalismo.
La austeridad gubernamental, no es, por tanto, una medida de presión política al gobierno federal que solo busca reducir los sueldos de los mandos directivos de las dependencias y organismos, sino una medida que encamina al país hacia la mayor eficiencia de la administración pública, para que la dimensión de aparto burocrático sea más racional y sin tintes políticos en los programas que ejecute.
Este tipo de medidas, que pueden considerarse como pequeños cambios, si se llevan de manera eficiente, marcarán el rumbo de un modelo económico que busca impulsar un desarrollo sostenido en el largo plazo, al considerar la necesidad de aumentar la producción y la productividad en las actividades rurales, así como fortalecer la formación de recursos humanos y construir y modernizar infraestructura que permiten que existan externalidades positivas para las actividades productivas. Adicionalmente, si este tipo de acciones se ejecutan teniendo en cuenta el efecto multiplicador que pueden generar, su efecto en el crecimiento del país, en la productividad y en la creación de empleos con ingresos dignos, será aún mayor.
Las otras decisiones tomadas por los diputados que no se reflejan en la composición de presupuesto, pero que son un complemento del cambio en la orientación del gasto, es la obligación que han impuesto al gobierno federal de llevar a cabo un plan de austeridad multianual, así como la necesidad de que mensualmente se esté informando sobre los posibles sub ejercicios en que se esté incurriendo y que la Secretaría de Hacienda presente la causas, las soluciones y , en su caso, las alternativas de reasignación de los recursos.
El plan de austeridad debe partir de un análisis completo de la estructura burocrática, con el fin de racionalizarla haciéndola más eficiente. De tal manera, se considera que la propuesta del ejecutivo federal de simplemente desaparecer secretarías y reasignar sus funciones a otras dependencias, no constituye una medida de fondo que tienda a resolver el problema del crecimiento desmesurado del aparato gubernamental y de los programas púbicos. El sistema de evaluación del desempeño, que desde hace dos años se ha venido instrumentando paulatinamente, permite determinar la pertinencia de los programas, de los ajustes y de los apoyos que requerían, de tal manera que debe ser la base para diseñar el plan de austeridad y de racionalización administrativa.
La necesidad de atender a la creciente población en condiciones de vulnerabilidad, dada la crisis financiera, la recesión económica actual y la incapacidad del modelo de desarrollo de generar los empleos para atender el crecimiento de la población económica activa, han ocasionado que cada vez se tengan que destinar mayores recursos a los programas sociales. Sin embargo, el problema se convierte en un círculo vicioso, en la medida que solo se soluciona coyunturalmente la pobreza extrema, pero no se resuelven las causas que la generan.
Adicionalmente, los números programas públicos que se han proliferado en la última década, son poco complementarios entre sí y llegan a la grado de duplicar esfuerzos y a representar un cuantioso gasto asociado a su operación, que abulta la estructura burocrática, que no se refleja como gasto corriente, sino como parte de la ejecución de los programas. En buena medida estos numerosos programas públicos dan razón a la existencia de la delegaciones de todas y cada una de las dependencias en la entidades federativas, en lugar de avanzar en el fortalecimiento de del federalismo.
La austeridad gubernamental, no es, por tanto, una medida de presión política al gobierno federal que solo busca reducir los sueldos de los mandos directivos de las dependencias y organismos, sino una medida que encamina al país hacia la mayor eficiencia de la administración pública, para que la dimensión de aparto burocrático sea más racional y sin tintes políticos en los programas que ejecute.
Presupuesto para Impulsar el Desarrollo
Después de que se aprobaron las fuentes y monto de ingresos de que dispondrá el gobierno federal para el próximo año, toca el turno al análisis y discusión de hacia dónde se destinarán dichos recursos. El presupuesto de egresos deberá aprobarse a más tardar el próximo domingo, día quince de este mes y el tiempo para poder hacer la mejor asignación del gasto público parece estar demasiado acotado, lo que hace suponer que también será resultado más de la conjunción de los intereses de grupos políticos, que la mejor decisión para impulsar una dinámica recuperación económica.
La perspectiva para los próximos dos años, según organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, así como de distintos analistas nacionales es que la economía del país solo alcanzará a recuperar el nivel que se tenía al inicio de la gestión gubernamental de Calderón. De tal manera, el saldo en materia de crecimiento económico del sexenio sería similar al que se tuvo en el de De la Madrid, aunque en ése se tuvo que enfrentar la drástica caída de los ingresos petroleros, el gran endeudamiento externo, la restricción de los mercados de capital y los efectos del sismo de 1985.
El gran crecimiento de la burocracia, la falta de empleo y de ingresos que impulsan un cada vez mayor gasto social, así como la dependencia de los gobiernos estatales y municipales de las transferencias del gobierno federal, constituyen factores que limitan la posibilidad de reasignar el gasto propuesto por el Presidente Calderón.
Así como cada vez existe un mayor consenso sobre la necesidad de llevar a cabo una redefinición de la estructura tributaria del país, con acuerdos de todos los sectores sociales, para contribuir al sostenimiento gubernamental; es necesario que se precise el papel que debe desempeñar el Estado en la conducción de las actividades políticas, económicas y sociales.
Realmente, lo que se requiere es replantear el modelo de desarrollo del país, sobre lo cual, a nivel de declaraciones, existe una cada vez mayor coincidencia entre distintos actores económicos y políticos. Sin embargo, se corre el riesgo de que en la medida que el ritmo de la economía se comience normalizar sea menos imperioso redefinir el rumbo del país, de tal manera que las modificaciones coyunturales actuales solo servirán para que la actividad productiva siga al vaivén de las fluctuaciones de los mercados mundiales.
Hasta ahora solamente el Banco de México es quien ha respondido de manera efectiva ante la recesión, flexibilizando su política monetaria para, más allá de su obligación de controlar el crecimiento de los precios, buscar también generar un efecto favorable en la producción.
Por su parte, a nivel gubernamental, sin que se requieran mayores cambios estructurales, se deberían llevar a cabo acciones para lograr que la administración pública sea más eficiente y que el gasto de inversión se ejecute oportunamente. Asimismo, se requiere la decisión de que la banca de fomento desempeñe nuevamente el papel de impulsor de las actividades económicas que tiene bajo su responsabilidad, sea el comercio exterior, las actividades empresariales, el turismo, la producción rural, la vivienda o las obras públicas.
Las modificaciones que los diputados puedan hacer a la propuesta de presupuesto poco abonaran a favor de que éste se convierta en un instrumento para impulsar el desarrollo del país, si el ejecutivo federal no emprende acciones que eliminen obstáculos, tanto para la inversión privada como para la pública, así como si no toma la decisión de convertirse en conductor de las actividades económicas del país, regulando, complementando, vigilando y utilizando el funcionamiento del mercado.
La perspectiva para los próximos dos años, según organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, así como de distintos analistas nacionales es que la economía del país solo alcanzará a recuperar el nivel que se tenía al inicio de la gestión gubernamental de Calderón. De tal manera, el saldo en materia de crecimiento económico del sexenio sería similar al que se tuvo en el de De la Madrid, aunque en ése se tuvo que enfrentar la drástica caída de los ingresos petroleros, el gran endeudamiento externo, la restricción de los mercados de capital y los efectos del sismo de 1985.
El gran crecimiento de la burocracia, la falta de empleo y de ingresos que impulsan un cada vez mayor gasto social, así como la dependencia de los gobiernos estatales y municipales de las transferencias del gobierno federal, constituyen factores que limitan la posibilidad de reasignar el gasto propuesto por el Presidente Calderón.
Así como cada vez existe un mayor consenso sobre la necesidad de llevar a cabo una redefinición de la estructura tributaria del país, con acuerdos de todos los sectores sociales, para contribuir al sostenimiento gubernamental; es necesario que se precise el papel que debe desempeñar el Estado en la conducción de las actividades políticas, económicas y sociales.
Realmente, lo que se requiere es replantear el modelo de desarrollo del país, sobre lo cual, a nivel de declaraciones, existe una cada vez mayor coincidencia entre distintos actores económicos y políticos. Sin embargo, se corre el riesgo de que en la medida que el ritmo de la economía se comience normalizar sea menos imperioso redefinir el rumbo del país, de tal manera que las modificaciones coyunturales actuales solo servirán para que la actividad productiva siga al vaivén de las fluctuaciones de los mercados mundiales.
Hasta ahora solamente el Banco de México es quien ha respondido de manera efectiva ante la recesión, flexibilizando su política monetaria para, más allá de su obligación de controlar el crecimiento de los precios, buscar también generar un efecto favorable en la producción.
Por su parte, a nivel gubernamental, sin que se requieran mayores cambios estructurales, se deberían llevar a cabo acciones para lograr que la administración pública sea más eficiente y que el gasto de inversión se ejecute oportunamente. Asimismo, se requiere la decisión de que la banca de fomento desempeñe nuevamente el papel de impulsor de las actividades económicas que tiene bajo su responsabilidad, sea el comercio exterior, las actividades empresariales, el turismo, la producción rural, la vivienda o las obras públicas.
Las modificaciones que los diputados puedan hacer a la propuesta de presupuesto poco abonaran a favor de que éste se convierta en un instrumento para impulsar el desarrollo del país, si el ejecutivo federal no emprende acciones que eliminen obstáculos, tanto para la inversión privada como para la pública, así como si no toma la decisión de convertirse en conductor de las actividades económicas del país, regulando, complementando, vigilando y utilizando el funcionamiento del mercado.
Repunte Inflacionario en Perspectiva
Una vez que ha quedado aprobada la Ley de Ingresos para el próximo año, se espera con cautela lo que será el presupuesto de egresos para ese año. Por lo pronto, se han dado a conocer las cifras preocupantes del aumento que en los últimos meses ha experimentado el gasto burocrático, por lo que se espera que la revisión y ajustes a la propuesta presentada por el Presidente Calderón sea objeto de un fuerte debate en la Cámara de diputados y de una cirugía mayor.
La incertidumbre sobre las perspectivas económicas para el próximo año se reflejan tanto en el mercado, como en las expectativas de los agentes productivos y en el propio Banco de de México, que espera conocer el desenlace sobre el paquete económico para dar a conocer cuál será la política monetaria.
Las previsiones generalizadas sobre el crecimiento de los precios, consideran que en el próximo año será difícil contener el repunte inflacionario, si bien se reconoce que en este año se logró controlar lo que parecía ser un escenario de alta inflación. De tal manera, en 2010 se espera que la inflación se sitúe por arriba de la meta y del margen que ha venido siendo fijado como meta por el banco central, lo cual también es la expectativa para los próximos cuatro años. De acuerdo con los analistas de BANAMEX, las disposiciones fiscales aprobadas por el Congreso generan presiones inflacionarias menores, hasta en la mitad, de lo que hubieran propiciado las propuestas por el Gobierno Federal.
La volatilidad que desde principio de año ha venido ocasionado la incertidumbre sobre la recuperación de la economía norteamericana y de la propia economía mexicana, se ha prolongado ante las tensas negociaciones entre el Congreso, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los propios empresarios. La mayor afectación de la volatilidad se ha dado en el tipo de cambio y en la canalización del crédito que continúa con una fuerte preferencia por la colocación a corto plazo, mientras que se muestra un incierto repunte de las actividades productivas y del empleo.
El consumo continuará retraído, sobre todo en las tiendas de autoservicio, afectadas por la baja del crédito al consumo por parte de los bancos, mientras que los establecimientos comerciales departamentales muestran un fuerte repunte gracias a sus promociones de financiamiento sin intereses. Sin embargo, las expectativas inflacionarias y de recuperación del empleo harán que permanezca en un bajo nivel la confianza del consumidor y por lo tanto el volumen y monto de la ventas.
La atención se centra ahora, una vez definido el ingreso, en el análisis del gasto, con fin de asegurar que se destine a apoyar actividades productivas y a fortalecer el mercado interno, en lugar de privilegiar el gasto burocrático que es una fuente de presiones inflacionarias. Por lo pronto, existe un fuerte reclamo de los sectores productivos por la falta de eficiencia en el ejercicio de la inversión pública en materia de infraestructura, así como el torpe manejo de los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Al respecto, cabría esperar que entre las medidas de racionalidad que aprueben los diputados en el presupuesto de egresos, se encuentre una redefinición de las funciones de la banca de fomento, para que los distintos fondos desminados en las dependencias gubernamentales que pretenden apoyar a la actividad empresarial se consoliden en Nacional Financiera, mientras que se deja que BANCOMEXT se convierta en el instrumento para impulsar la diversificación de nuestro comercio exterior..
Por su parte, la acción de fomento en el área rural implica la necesidad de fortalecer a Financiera Rural, con la reasignación a este banco de los fideicomisos que se encuentran dispersos en SAGARPA, Banco de México, Reforma Agraria y Nacional Financiera. Finalmente, debe ser una prioridad eliminar los obstáculos para la realización de obras públicas, con lo cual se podrá plena vigencia a las tareas asignadas a BANOBRAS y al propio Fondo Nacional de Infraestructura.
La incertidumbre sobre las perspectivas económicas para el próximo año se reflejan tanto en el mercado, como en las expectativas de los agentes productivos y en el propio Banco de de México, que espera conocer el desenlace sobre el paquete económico para dar a conocer cuál será la política monetaria.
Las previsiones generalizadas sobre el crecimiento de los precios, consideran que en el próximo año será difícil contener el repunte inflacionario, si bien se reconoce que en este año se logró controlar lo que parecía ser un escenario de alta inflación. De tal manera, en 2010 se espera que la inflación se sitúe por arriba de la meta y del margen que ha venido siendo fijado como meta por el banco central, lo cual también es la expectativa para los próximos cuatro años. De acuerdo con los analistas de BANAMEX, las disposiciones fiscales aprobadas por el Congreso generan presiones inflacionarias menores, hasta en la mitad, de lo que hubieran propiciado las propuestas por el Gobierno Federal.
La volatilidad que desde principio de año ha venido ocasionado la incertidumbre sobre la recuperación de la economía norteamericana y de la propia economía mexicana, se ha prolongado ante las tensas negociaciones entre el Congreso, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los propios empresarios. La mayor afectación de la volatilidad se ha dado en el tipo de cambio y en la canalización del crédito que continúa con una fuerte preferencia por la colocación a corto plazo, mientras que se muestra un incierto repunte de las actividades productivas y del empleo.
El consumo continuará retraído, sobre todo en las tiendas de autoservicio, afectadas por la baja del crédito al consumo por parte de los bancos, mientras que los establecimientos comerciales departamentales muestran un fuerte repunte gracias a sus promociones de financiamiento sin intereses. Sin embargo, las expectativas inflacionarias y de recuperación del empleo harán que permanezca en un bajo nivel la confianza del consumidor y por lo tanto el volumen y monto de la ventas.
La atención se centra ahora, una vez definido el ingreso, en el análisis del gasto, con fin de asegurar que se destine a apoyar actividades productivas y a fortalecer el mercado interno, en lugar de privilegiar el gasto burocrático que es una fuente de presiones inflacionarias. Por lo pronto, existe un fuerte reclamo de los sectores productivos por la falta de eficiencia en el ejercicio de la inversión pública en materia de infraestructura, así como el torpe manejo de los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Al respecto, cabría esperar que entre las medidas de racionalidad que aprueben los diputados en el presupuesto de egresos, se encuentre una redefinición de las funciones de la banca de fomento, para que los distintos fondos desminados en las dependencias gubernamentales que pretenden apoyar a la actividad empresarial se consoliden en Nacional Financiera, mientras que se deja que BANCOMEXT se convierta en el instrumento para impulsar la diversificación de nuestro comercio exterior..
Por su parte, la acción de fomento en el área rural implica la necesidad de fortalecer a Financiera Rural, con la reasignación a este banco de los fideicomisos que se encuentran dispersos en SAGARPA, Banco de México, Reforma Agraria y Nacional Financiera. Finalmente, debe ser una prioridad eliminar los obstáculos para la realización de obras públicas, con lo cual se podrá plena vigencia a las tareas asignadas a BANOBRAS y al propio Fondo Nacional de Infraestructura.
¿Insuficiencia de Ingresos o Exceso de Gasto?
La legislación tributaria ha permanecido sin grandes cambios desde hace más de tres décadas, lo ha ocasionado que persista la complejidad en el pago y fiscalización de los impuestos, la discrecionalidad por parte de las autoridades, una ineficiente administración, todo lo cual origina que exista evasión y elusión fiscales. A lo largo de los años ha quedado patente la necesidad de llevar a cabo modificaciones que tiendan a simplificar las regulaciones impositivas.
Con la estructura fiscal vigente la recaudación siempre ha sido menor, como proporción del valor de la producción nacional, comparada con lo que recaudan otros países de menor desarrollo. El aumento que esporádicamente mostró la recaudación obedeció al mayor dinamismo que en su oportunidad mostró la economía del país y a factores coyunturales que a una mejor administración tributaria.
Ante esta situación, se comenzó a gestar la necesidad de llevar a cabo un reforma de fondo que simplificara las regulaciones, que hiciera más eficiente a la administración, que ampliara la base de contribuyentes, que fuera objetiva, justa y equitativa. El intento más serio de llevar a cabo un reforma fiscal integral se dio durante en el gobierno de Zedillo, pero sucumbió ante los embates de la oposición liderada por los legisladores panistas.
El gobierno de Fox y el de Calderón, durante la primera parte de su sexenio, no hicieron nada por retomar las propuestas para modificar la estructura fiscal del país, debido que comenzaron a ver incrementados los ingresos públicos gracias al aumento en precio de los hidrocarburos ya a la sobre explotación de los yacimientos petroleros.
No obstante la rigidez en los ingresos públicos, el gasto puedo crecer para dar pié a un sinnúmero de programas asistenciales, en todas las dependencias gubernamentales. La insuficiente creación de empleos contó con la válvula de escape de la migración y el problema social del desempleo y la pobreza se mitigó con los crecientes recursos destinados a los programas sociales de los gobiernos panistas, lo cuales además son utilizados como bandera electoral.
La proliferación de programas acarreó también un desmesurado aumento burocrático para diseñar operar, vigilar y evaluar el gasto involucrado en el asistencialismo para enfrentar la falta de generación de empleo. A su vez, se dejo de impulsar la inversión pública y se abandonó la política de fomento, confiando que el crecimiento del país fuera generado por la economía norteamericana.
Ante la crisis que desató la recesión mundial, el paquete económico para el próximo año que propuso el ejecutivo federal y que modificaron los diputados es solo una miscelánea recaudatoria que generará efectos negativos sobre las actividades productivas, mientras que por lado del presupuesto solo se plantea una reducción cosmética de la burocracia.
En este sentido, cabría esperar que el Congreso lleve a cabo un análisis detallado para reasignar el gasto de las actividades burocráticas a la inversión. Adicionalmente, sería conveniente que recomendara al ejecutivo federal que llevara realice un análisis de desempeño de programas y dependencias gubernamentales para determinar su pertinencia y poder redimensionar el aparato gubernamental. De igual manera debe comprometer al gobierno federal, estatal y municipal a presentar una propuesta de reforma fiscal que redefina la estructura tributaria, fortalezca e federalismo y que simplifique el pago y administración de los impuestos
Con la estructura fiscal vigente la recaudación siempre ha sido menor, como proporción del valor de la producción nacional, comparada con lo que recaudan otros países de menor desarrollo. El aumento que esporádicamente mostró la recaudación obedeció al mayor dinamismo que en su oportunidad mostró la economía del país y a factores coyunturales que a una mejor administración tributaria.
Ante esta situación, se comenzó a gestar la necesidad de llevar a cabo un reforma de fondo que simplificara las regulaciones, que hiciera más eficiente a la administración, que ampliara la base de contribuyentes, que fuera objetiva, justa y equitativa. El intento más serio de llevar a cabo un reforma fiscal integral se dio durante en el gobierno de Zedillo, pero sucumbió ante los embates de la oposición liderada por los legisladores panistas.
El gobierno de Fox y el de Calderón, durante la primera parte de su sexenio, no hicieron nada por retomar las propuestas para modificar la estructura fiscal del país, debido que comenzaron a ver incrementados los ingresos públicos gracias al aumento en precio de los hidrocarburos ya a la sobre explotación de los yacimientos petroleros.
No obstante la rigidez en los ingresos públicos, el gasto puedo crecer para dar pié a un sinnúmero de programas asistenciales, en todas las dependencias gubernamentales. La insuficiente creación de empleos contó con la válvula de escape de la migración y el problema social del desempleo y la pobreza se mitigó con los crecientes recursos destinados a los programas sociales de los gobiernos panistas, lo cuales además son utilizados como bandera electoral.
La proliferación de programas acarreó también un desmesurado aumento burocrático para diseñar operar, vigilar y evaluar el gasto involucrado en el asistencialismo para enfrentar la falta de generación de empleo. A su vez, se dejo de impulsar la inversión pública y se abandonó la política de fomento, confiando que el crecimiento del país fuera generado por la economía norteamericana.
Ante la crisis que desató la recesión mundial, el paquete económico para el próximo año que propuso el ejecutivo federal y que modificaron los diputados es solo una miscelánea recaudatoria que generará efectos negativos sobre las actividades productivas, mientras que por lado del presupuesto solo se plantea una reducción cosmética de la burocracia.
En este sentido, cabría esperar que el Congreso lleve a cabo un análisis detallado para reasignar el gasto de las actividades burocráticas a la inversión. Adicionalmente, sería conveniente que recomendara al ejecutivo federal que llevara realice un análisis de desempeño de programas y dependencias gubernamentales para determinar su pertinencia y poder redimensionar el aparato gubernamental. De igual manera debe comprometer al gobierno federal, estatal y municipal a presentar una propuesta de reforma fiscal que redefina la estructura tributaria, fortalezca e federalismo y que simplifique el pago y administración de los impuestos
Mayores Impuestos y Menor Protección al Contribuyente
El paquete económico presentado por el Presidente Calderón, con las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, además de afectar con medidas retroactivas a los contribuyentes en materia de la consolidación fiscal, contiene elementos que constituyen una franca recesión en la de por sí acotada política fiscal. Las mayores tasas de impuestos y la generación de nuevos gravámenes a actividades que son cruciales para el crecimiento económico, como son las telecomunicaciones, llevan a concluir que se trata de una serie de medidas que pueden afectar las perspectivas de los negocios en el país.
Adicionalmente, entre las propuestas que contiene la miscelánea fiscal se incluye una serie de modificaciones al amparo que puede promoverse a efectos de proteger a los causantes de las decisiones de la autoridad tributaria. La propuesta contiene medidas que tienden extender las resoluciones que emita la autoridad judicial sobre los amparos promovidos por los contribuyentes a toda la población. De tal manera, se eliminaría el principio de relatividad que implica que las resoluciones favorecen y se aplica solamente a los que promovieron la inconformidad. Esta es una modificación benéfica que desde hace tiempo venían proponiendo las organizaciones de abogados y algunos distinguidos juristas, comenta el especialista fiscal Ernesto Serrano Arista.
Sin embargo, las medidas que tienden a favorecer a los causantes se mesclan con disposiciones que buscan limitar sus derechos para promover acciones de inconformidad sobre las regulaciones fiscales, básicamente contra lo que se encuentre contenido en las leyes y regulaciones secundarias, con lo cual solo se deja como susceptible de amparo a las decisiones y aplicación de criterios por parte de fisco. Esta propuesta impide que los ciudadanos se puedan proteger contra leyes y regulaciones que se encuentren realizadas con defectos y que vayan en contra de las disposiciones constitucionales.
En materia de amparo, se propone, adicionalmente que cuando se resuelva a favor del contribuyente, si éste había realizado pagos precautoriamente antes de obtener la protección jurídica, los montos involucrados no serían reintegrados por el Servicio de Administración Tributaria. Esta medidas tiende a inhibir la promoción de acciones de amparo, a la vez que tiene un fin eminentemente recaudatorio.
Las medidas propuestas apuntan a hacer menos propicio el clima de los negocios y han comenzado a afectar el mercado financiero, en la medida que la incertidumbre y el panorama potencialmente adverso para los inversionistas, han generado una gran volatilidad. Por lo pronto, el tipo de cambio que cerró con fortaleza la semana pasada ha sido víctima de un embate especulativo que obligó al Banco de México a intervenir nuevamente con subastas en el mercado, situación que no se presentaba desde principios de septiembre.
Finalmente, el aumento en las tasas impositivas y los nuevos gravámenes que pueden aplicarse hacen prever un repunte inflacionario que colocaría a la autoridad monetaria ante el dilema de tratar de frenar el crecimiento de los precios o mantener una mayor flexibilidad para apuntalar la recuperación económica.
Cabe esperar que todos los argumentos en contra de medidas que afectan a la economía del país se puedan analizar conjuntamente con el destino del gasto, para encontrar una solución que sea satisfactoria con las condiciones de desempleo y menor dinamismo productivo.
Adicionalmente, entre las propuestas que contiene la miscelánea fiscal se incluye una serie de modificaciones al amparo que puede promoverse a efectos de proteger a los causantes de las decisiones de la autoridad tributaria. La propuesta contiene medidas que tienden extender las resoluciones que emita la autoridad judicial sobre los amparos promovidos por los contribuyentes a toda la población. De tal manera, se eliminaría el principio de relatividad que implica que las resoluciones favorecen y se aplica solamente a los que promovieron la inconformidad. Esta es una modificación benéfica que desde hace tiempo venían proponiendo las organizaciones de abogados y algunos distinguidos juristas, comenta el especialista fiscal Ernesto Serrano Arista.
Sin embargo, las medidas que tienden a favorecer a los causantes se mesclan con disposiciones que buscan limitar sus derechos para promover acciones de inconformidad sobre las regulaciones fiscales, básicamente contra lo que se encuentre contenido en las leyes y regulaciones secundarias, con lo cual solo se deja como susceptible de amparo a las decisiones y aplicación de criterios por parte de fisco. Esta propuesta impide que los ciudadanos se puedan proteger contra leyes y regulaciones que se encuentren realizadas con defectos y que vayan en contra de las disposiciones constitucionales.
En materia de amparo, se propone, adicionalmente que cuando se resuelva a favor del contribuyente, si éste había realizado pagos precautoriamente antes de obtener la protección jurídica, los montos involucrados no serían reintegrados por el Servicio de Administración Tributaria. Esta medidas tiende a inhibir la promoción de acciones de amparo, a la vez que tiene un fin eminentemente recaudatorio.
Las medidas propuestas apuntan a hacer menos propicio el clima de los negocios y han comenzado a afectar el mercado financiero, en la medida que la incertidumbre y el panorama potencialmente adverso para los inversionistas, han generado una gran volatilidad. Por lo pronto, el tipo de cambio que cerró con fortaleza la semana pasada ha sido víctima de un embate especulativo que obligó al Banco de México a intervenir nuevamente con subastas en el mercado, situación que no se presentaba desde principios de septiembre.
Finalmente, el aumento en las tasas impositivas y los nuevos gravámenes que pueden aplicarse hacen prever un repunte inflacionario que colocaría a la autoridad monetaria ante el dilema de tratar de frenar el crecimiento de los precios o mantener una mayor flexibilidad para apuntalar la recuperación económica.
Cabe esperar que todos los argumentos en contra de medidas que afectan a la economía del país se puedan analizar conjuntamente con el destino del gasto, para encontrar una solución que sea satisfactoria con las condiciones de desempleo y menor dinamismo productivo.
Errática Política Fiscal
La falta de una revisión a fondo del sistema fiscal mexicano ha dado pié a un exceso de discrecionalidad de las autoridades tributarias, así como a una falta de continuidad que solo busca modificaciones eminentemente recaudatorias de corto plazo.
Las medidas propuesta por el gobierno del Presidente Calderón y aprobadas en la Cámara de Diputados con relación al sistema de consolidación fiscal, desecha la política de fomento que se estableció en la década de los setenta para fomentar la creación de unidades productivas dedicadas a fortalecer grupos económicos que se abocaran a apoyar inversiones en actividades que generaran exportaciones y empleos. Posteriormente, éstas se convirtieron en empresas bajo el régimen de consolidación fiscal, que hoy se busca eliminar.
La propuesta pretende que retroactivamente quitar el beneficio de que las empresas cuenten con liquidez para apoyar su crecimiento, constituye un elemento que resta estabilidad y credibilidad a las medidas gubernamentales, además de ser claramente inconstitucional, según opina el especialista en derecho fiscal, Ernesto Serrano Arista.
Las empresas generadoras de utilidades dentro de un grupo empresarial que consolida, paga sus impuestos correspondientes, pero la controladora que lleva a cabo la consolidación puede compensar las pérdidas que le genera otra unidad productiva que se encuentra en proceso de alcanzar a su punto de equilibrio operacional, con lo que se pospone el pago de las utilidades que corresponderían a la controladora del grupo económico.
Adicionalmente, señala el abogado Serrano Arista, es necesario que para poder constituirse en una empresa que consolida se obtenga previamente la autorización de la Secretaría de Hacienda, por lo que ahora no se justifica que retroactivamente se elimine un beneficio que en su oportunidad la misma autoridad consideró que era necesario para la política de fomento y fortalecimiento empresarial. Por supuesto, en un momento de crisis en que las empresas requieren contar con liquidez, y que el país necesita inversiones y generar empleos, una medida como la eliminación del régimen de consolidación va en contra de lo que se que debería hacerse para reactivar las actividades productivas.
La falta de ingresos en las finanzas públicas obedece tanto a un complejo régimen fiscal, como a la incapacidad de gobierno para ampliar la base tributaria. A su vez, el crecimiento del gasto burocrático y la creciente necesidad de canalizar recursos a los programas sociales de corte asistencial, han dado por resultado una insuficiencia que se pretende cubrir cargándole la mano a los que siempre pagan impuestos. Adicionalmente, las medidas propuestas también atentan contra la generación de nuevas inversiones y de fuentes de empleos que tanto se requirieren en condiciones actuales.
La solución a l problemática en que se encuentran las fianzas públicas dada la caída de los ingresos petroleros debe buscarse en la eficiencia de la administración pública, tanto por el lado de la recaudación como por el gasto.
La otra medida controversial de las propuestas fiscales, se encuentra en las modificaciones en torno al amparo fiscal que se comentará en la segunda parte del análisis del paquete que se encuentra en revisión en el Senado de la República.
Las medidas propuesta por el gobierno del Presidente Calderón y aprobadas en la Cámara de Diputados con relación al sistema de consolidación fiscal, desecha la política de fomento que se estableció en la década de los setenta para fomentar la creación de unidades productivas dedicadas a fortalecer grupos económicos que se abocaran a apoyar inversiones en actividades que generaran exportaciones y empleos. Posteriormente, éstas se convirtieron en empresas bajo el régimen de consolidación fiscal, que hoy se busca eliminar.
La propuesta pretende que retroactivamente quitar el beneficio de que las empresas cuenten con liquidez para apoyar su crecimiento, constituye un elemento que resta estabilidad y credibilidad a las medidas gubernamentales, además de ser claramente inconstitucional, según opina el especialista en derecho fiscal, Ernesto Serrano Arista.
Las empresas generadoras de utilidades dentro de un grupo empresarial que consolida, paga sus impuestos correspondientes, pero la controladora que lleva a cabo la consolidación puede compensar las pérdidas que le genera otra unidad productiva que se encuentra en proceso de alcanzar a su punto de equilibrio operacional, con lo que se pospone el pago de las utilidades que corresponderían a la controladora del grupo económico.
Adicionalmente, señala el abogado Serrano Arista, es necesario que para poder constituirse en una empresa que consolida se obtenga previamente la autorización de la Secretaría de Hacienda, por lo que ahora no se justifica que retroactivamente se elimine un beneficio que en su oportunidad la misma autoridad consideró que era necesario para la política de fomento y fortalecimiento empresarial. Por supuesto, en un momento de crisis en que las empresas requieren contar con liquidez, y que el país necesita inversiones y generar empleos, una medida como la eliminación del régimen de consolidación va en contra de lo que se que debería hacerse para reactivar las actividades productivas.
La falta de ingresos en las finanzas públicas obedece tanto a un complejo régimen fiscal, como a la incapacidad de gobierno para ampliar la base tributaria. A su vez, el crecimiento del gasto burocrático y la creciente necesidad de canalizar recursos a los programas sociales de corte asistencial, han dado por resultado una insuficiencia que se pretende cubrir cargándole la mano a los que siempre pagan impuestos. Adicionalmente, las medidas propuestas también atentan contra la generación de nuevas inversiones y de fuentes de empleos que tanto se requirieren en condiciones actuales.
La solución a l problemática en que se encuentran las fianzas públicas dada la caída de los ingresos petroleros debe buscarse en la eficiencia de la administración pública, tanto por el lado de la recaudación como por el gasto.
La otra medida controversial de las propuestas fiscales, se encuentra en las modificaciones en torno al amparo fiscal que se comentará en la segunda parte del análisis del paquete que se encuentra en revisión en el Senado de la República.
Marco Institucional para el Desarrollo
En la discusión sobre las medidas y condiciones para que se pueda generar una rápida y sostenida recuperación económica, en esta semana se ha tratado, en diferentes eventos, sobre la importancia que tiene el contar con una marco institucional que favorezca el desarrollo de las actividades productivas, así como un mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Uno de estos eventos fue la Conferencia Internacional sobre los Retos y Estrategia para Promover el Crecimiento Económico, que organizó el Banco de México. Los expositores fueron gobernadores de los bancos centrales de América Latina y de Europa, así como de organizaciones internacionales y distinguidos académicos. Entre los participantes se contó con el premio Nobel de Economía James Heckman y del connotado especialista en desarrollo económico Paul Romer.
Las propuestas presentadas coincidieron en la importancia que tiene para propiciar el desarrollo que los países cuenten con un marco institucional adecuado para hacer frente las cambiantes y cada vez más competidas condiciones de la economía mundial. Al respecto, se reconoció que el marco institucional debe ser acorde a las características propias y a la situación por la atraviesa cada país, por lo que no existen recetas aplicables de manera universal.
De tal manera, se presentaron los casos de países con un fuerte marco institucional, pero que ofrecen pobres resultados, debido a la conducta de los ciudadanos que nulifica a las instituciones en la práctica. A su vez, existen países con un marco institucional débil con buenos resultados, dado que las reglas de comportamiento son debidamente asimiladas por la población y seguidas en la vida cotidiana.
En el caso de México, se planteó la rigidez que impera en el mercado laboral, que si bien no impide que las empresas establecidas puedan lograr flexibilidad para adaptarse a las condiciones del mercado, si constituye un obstáculo para la generación de nuevos inversiones y de nuevos negocios. El sistema de contratos colectivos provoca que exista poco interés de los sindicatos para mantener la afiliación de los trabajadores y que no busquen convertirse en promotores de la productividad y de defensa de las fuentes de trabajo, frente la competencia cada vez más intensa que tienen que encarar las empresas en el mercado.
En materia de recursos humanos de calidad, se reconoció el esfuerzo por ampliar la escolarización, pero también se insistió en el bajo rendimiento escolar, aunque el resultado se mitiga al considerar el bajo monto de inversión por alumno en relación con otros países. La educación superior, el apoyo a la investigación y a la tecnología aplicada a actividades productivas debe ser una de las prioridades para un desarrollo sostenido a largo plazo
El otro evento en materia del marco institucional que debe promover el desarrollo, fueron las discusiones del paquete económico que presentó el ejecutivo federal al Congreso. Al respecto, cabe señalar que la falta de capacidad y el poco respecto de los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones fiscales, o para buscar minimizarlas, lleva a que marco institucional resulte ineficiente. Sin embargo, tanto la propuesta presentada como la discusión en el poder legislativo se tuvo que limitar a una serie de modificaciones para lograr un efecto recaudatorio, sin entrar a un análisis de fondo del sistema tributario en el país, lo cual requiere de un período mucho más largo que el establecido para aprobar la Ley de Ingresos de cada año.
No obstante la necesidad de lograr cambios mediante reformas a las leyes y regulaciones, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, señaló que existe un amplio campo para poder promover un crecimiento sostenido mediante acuerdos entre las fuerzas políticas y entre las unidades productivas del país. Solo como una muestra, con el fin de abonar en lograr una mayor observancia de las obligaciones fiscales de los ciudadanos, el gobierno debe esforzarse en llevar a cabo un ejercicio eficiente y tranparente del presupuesto.
Sin dejar de reconocer la importancia de la reformas que están pendientes, el crecimiento puede lograrse con mayor dinamismo con una serie de medidas que van desde el respeto al marco institucional existente, como a acuerdos y acciones que busquen una mayor productividad y generar un clima favorable para el desarrollo de los negocios.
Uno de estos eventos fue la Conferencia Internacional sobre los Retos y Estrategia para Promover el Crecimiento Económico, que organizó el Banco de México. Los expositores fueron gobernadores de los bancos centrales de América Latina y de Europa, así como de organizaciones internacionales y distinguidos académicos. Entre los participantes se contó con el premio Nobel de Economía James Heckman y del connotado especialista en desarrollo económico Paul Romer.
Las propuestas presentadas coincidieron en la importancia que tiene para propiciar el desarrollo que los países cuenten con un marco institucional adecuado para hacer frente las cambiantes y cada vez más competidas condiciones de la economía mundial. Al respecto, se reconoció que el marco institucional debe ser acorde a las características propias y a la situación por la atraviesa cada país, por lo que no existen recetas aplicables de manera universal.
De tal manera, se presentaron los casos de países con un fuerte marco institucional, pero que ofrecen pobres resultados, debido a la conducta de los ciudadanos que nulifica a las instituciones en la práctica. A su vez, existen países con un marco institucional débil con buenos resultados, dado que las reglas de comportamiento son debidamente asimiladas por la población y seguidas en la vida cotidiana.
En el caso de México, se planteó la rigidez que impera en el mercado laboral, que si bien no impide que las empresas establecidas puedan lograr flexibilidad para adaptarse a las condiciones del mercado, si constituye un obstáculo para la generación de nuevos inversiones y de nuevos negocios. El sistema de contratos colectivos provoca que exista poco interés de los sindicatos para mantener la afiliación de los trabajadores y que no busquen convertirse en promotores de la productividad y de defensa de las fuentes de trabajo, frente la competencia cada vez más intensa que tienen que encarar las empresas en el mercado.
En materia de recursos humanos de calidad, se reconoció el esfuerzo por ampliar la escolarización, pero también se insistió en el bajo rendimiento escolar, aunque el resultado se mitiga al considerar el bajo monto de inversión por alumno en relación con otros países. La educación superior, el apoyo a la investigación y a la tecnología aplicada a actividades productivas debe ser una de las prioridades para un desarrollo sostenido a largo plazo
El otro evento en materia del marco institucional que debe promover el desarrollo, fueron las discusiones del paquete económico que presentó el ejecutivo federal al Congreso. Al respecto, cabe señalar que la falta de capacidad y el poco respecto de los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones fiscales, o para buscar minimizarlas, lleva a que marco institucional resulte ineficiente. Sin embargo, tanto la propuesta presentada como la discusión en el poder legislativo se tuvo que limitar a una serie de modificaciones para lograr un efecto recaudatorio, sin entrar a un análisis de fondo del sistema tributario en el país, lo cual requiere de un período mucho más largo que el establecido para aprobar la Ley de Ingresos de cada año.
No obstante la necesidad de lograr cambios mediante reformas a las leyes y regulaciones, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, señaló que existe un amplio campo para poder promover un crecimiento sostenido mediante acuerdos entre las fuerzas políticas y entre las unidades productivas del país. Solo como una muestra, con el fin de abonar en lograr una mayor observancia de las obligaciones fiscales de los ciudadanos, el gobierno debe esforzarse en llevar a cabo un ejercicio eficiente y tranparente del presupuesto.
Sin dejar de reconocer la importancia de la reformas que están pendientes, el crecimiento puede lograrse con mayor dinamismo con una serie de medidas que van desde el respeto al marco institucional existente, como a acuerdos y acciones que busquen una mayor productividad y generar un clima favorable para el desarrollo de los negocios.
Infraestructura, Educación y Salud, Cruciales para el Desarrollo
Gradualmente, gracias a la sucesión de acciones que ha venido dando a conocer el Gobierno Federal, así como a la discusión que ha permitido que se generen distintas propuesta de parte del mundo académico, de los organismos empresariales y de los legisladores en el Congreso, parece que se está llegando a conformarse un plan congruente y completo para reencauzar al país hacia un desarrollo sostenido de largo plazo.
De las primeras acciones para hacer frente a los efectos de la crisis financiera y de las medidas posteriores que en forma de decálogo buscaban frenar la recesión económica, se ha dado paso al paquete económico para el próximo año que se orienta, fundamentalmente, a mantener la estabilidad macroeconómica con medidas recaudatorias para conservar el equilibrio de las finanzas públicas.
De tal manera, la contribución del gobierno federal para el plan de recuperación económica debe consistir en medidas adicionales que favorezcan la inversión pública y privada, en contener el desmedido gasto burocrático y en lograr una mayor eficiencia en el desempeño de la función pública y en el ejercicio del presupuesto. En este sentido, se debe reconocer como prioritario el apoyo a los pilares fundamentales de un desarrollo sostenido, como la infraestructura productiva, la educación y la salud.
El programa para financiar la infraestructura productiva que ha diseñado la Secretaría de Hacienda, se verá fortalecido con las medidas que principios del mes anunció el secretario Agustín Carsterns, que permitirán que el Fondo Nacional de Infraestructura, instituido como fidecomiso en BANOBRAS, cuente con mayores recursos y con un esquema más ágil para impulsar la inversión obras de infraestructura.
Sin embargo, en el caso de la educación persiste la idea de que debe reducirse el presupuesto al sector, afectado de manera significativa a las universidades ya las instituciones de investigación. El desarrollo de cualquier país, como recientemente se ha vista en la India, Brasil y China, se basa en recursos humanos y la generación de tecnología que apoyen un mejoramiento sostenido de la productividad. Dejar de apoyar estas actividades en México es adoptar una visión de corto plazo que condenaría al país a un proceso mediocre de crecimiento.
Por su parte, la trampa en la que se encuentra el sistema de salud pública, con el manejo político que se ha dado al seguro popular y la limitada visión que ha llevado a dejar de apoyar actividades de investigación en temas de salud y de contratación de personal médico, solo han fomentado que se descuiden actividades preventivas que han dado origen a resurgimiento de epidemias como la influenza, el dengue y otras enfermedades que anteriormente se habían mantenido bajo control. El costo económico que se genera por la falta de gasto en investigación y desarrollo de vacunas, de campañas preventivas y de atención eficiente en el primer nivel hospitalario, es superior al supuesto ahorro presupuestal.
Finalmente, hay que hacer mención dos acciones que tienden a que se logre una recuperación sostenida. El primero es la enérgica medida del gobierno federal para evitar seguir manteniendo un organismo ineficiente que generaba un alto costo a los contribuyentes, como era Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, con el mismo criterio debería llevarse a cabo una evaluación del desempeño de las distintas dependencias de la administración pública y de sus responsables, para determinar su pertinencia, y los cambios que sería necesarios llevar a cabo con la misma energía y sin sesgos partidistas.
El segundo evento consiste en el seminario internacional organizado por el Banco de México para definir las políticas y estrategias para un desarrollo sostenido en el largo plazo que se llevará a cabo a inicio de la próxima semana. Sin lugar dudas, los dos funcionarios que han resultado ser más eficientes en las últimos gobiernos, son el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, por lo que además del merecido reconocimiento a su labor, y a su equipo de colaboradores, requieren que se les siga apoyando para que continúen al frente de sus instituciones.
De las primeras acciones para hacer frente a los efectos de la crisis financiera y de las medidas posteriores que en forma de decálogo buscaban frenar la recesión económica, se ha dado paso al paquete económico para el próximo año que se orienta, fundamentalmente, a mantener la estabilidad macroeconómica con medidas recaudatorias para conservar el equilibrio de las finanzas públicas.
De tal manera, la contribución del gobierno federal para el plan de recuperación económica debe consistir en medidas adicionales que favorezcan la inversión pública y privada, en contener el desmedido gasto burocrático y en lograr una mayor eficiencia en el desempeño de la función pública y en el ejercicio del presupuesto. En este sentido, se debe reconocer como prioritario el apoyo a los pilares fundamentales de un desarrollo sostenido, como la infraestructura productiva, la educación y la salud.
El programa para financiar la infraestructura productiva que ha diseñado la Secretaría de Hacienda, se verá fortalecido con las medidas que principios del mes anunció el secretario Agustín Carsterns, que permitirán que el Fondo Nacional de Infraestructura, instituido como fidecomiso en BANOBRAS, cuente con mayores recursos y con un esquema más ágil para impulsar la inversión obras de infraestructura.
Sin embargo, en el caso de la educación persiste la idea de que debe reducirse el presupuesto al sector, afectado de manera significativa a las universidades ya las instituciones de investigación. El desarrollo de cualquier país, como recientemente se ha vista en la India, Brasil y China, se basa en recursos humanos y la generación de tecnología que apoyen un mejoramiento sostenido de la productividad. Dejar de apoyar estas actividades en México es adoptar una visión de corto plazo que condenaría al país a un proceso mediocre de crecimiento.
Por su parte, la trampa en la que se encuentra el sistema de salud pública, con el manejo político que se ha dado al seguro popular y la limitada visión que ha llevado a dejar de apoyar actividades de investigación en temas de salud y de contratación de personal médico, solo han fomentado que se descuiden actividades preventivas que han dado origen a resurgimiento de epidemias como la influenza, el dengue y otras enfermedades que anteriormente se habían mantenido bajo control. El costo económico que se genera por la falta de gasto en investigación y desarrollo de vacunas, de campañas preventivas y de atención eficiente en el primer nivel hospitalario, es superior al supuesto ahorro presupuestal.
Finalmente, hay que hacer mención dos acciones que tienden a que se logre una recuperación sostenida. El primero es la enérgica medida del gobierno federal para evitar seguir manteniendo un organismo ineficiente que generaba un alto costo a los contribuyentes, como era Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, con el mismo criterio debería llevarse a cabo una evaluación del desempeño de las distintas dependencias de la administración pública y de sus responsables, para determinar su pertinencia, y los cambios que sería necesarios llevar a cabo con la misma energía y sin sesgos partidistas.
El segundo evento consiste en el seminario internacional organizado por el Banco de México para definir las políticas y estrategias para un desarrollo sostenido en el largo plazo que se llevará a cabo a inicio de la próxima semana. Sin lugar dudas, los dos funcionarios que han resultado ser más eficientes en las últimos gobiernos, son el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, por lo que además del merecido reconocimiento a su labor, y a su equipo de colaboradores, requieren que se les siga apoyando para que continúen al frente de sus instituciones.
Reformas para el Crecimiento Económico
Las crisis representan una oportunidad para hacer un análisis sobre la forma en que venía funcionando la economía de un país o a nivel mundial, con el fin de determinar las causas que la produjeron, y las medidas que ayuden a prevenirlas, además de llevar a cabo las reformas que permitan un mejor funcionamiento de los procesos productivos en el futuro.
De tal manera, a nivel internacional, en la reunión conjunta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que se celebró en Estambul, el comité de desarrollo y el de estabilidad monetaria y financiera además de recomendar las medidas para frenar la recesión y para lograr una sólida recuperación, se han abocado a proponer reformas para fortalecer a las instituciones internacionales, para que se vigile más estrechamente la operación de los mercados, para la aumentar la cooperación y coordinación en las políticas públicas de los países y para construir una nueva arquitectura financiera internacional.
Entre las medidas propuestas en dicha reunión destaca la relativa a que los países de mayores ingresos deben aumentar sus transferencias y brindar mayores apoyos para combatir la pobreza y generar un proceso de desarrollo en los países de mayor atraso que se encuentran marginados de los beneficios que acarrea la mundialización y que, adicionalmente, son los más vulnerables a las fluctuaciones cíclicas.
Esta visión contrasta con las reformas tributarias propuestas por el ejecutivo federal en México, que incluyen una gravamen adicional para todos los consumidores, Al respecto, la contrapuesta que parece estar preparando el Congreso va más en línea con las recomendaciones internacionales en el sentido de que en lugar de aumentar impuestos de aplicación generalizada para toda la población, se lleven a cabo reformas que permitan que contribuyan más los que más tienen. De tal manera, la consolidación del impuesto empresarial a tasa única (IETU) con el impuesto sobre la renta (ISR), así como la eliminación de regímenes fiscales especiales y de situaciones de privilegio, además de simplificar la regulación fiscal, apuntan hacia un marco tributario más equitativo. Este, a su vez, aunado a un mejor ejercicio y transparencia en el gasto, contribuyen a generar empleo y a combatir la pobreza.
Adicionalmente, se encuentra la propuesta que la semana pasado presentó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para modificar el marco legar a fin de permitir que se incremente el financiamiento para la creación y modernización de infraestructura productiva. A pesar de aún no se conocen los detalles de la propuesta, los cuatro puntos fundamentales tienden a favorecer la participación privada en la inversión de obras de infraestructura y en su operación, incluyendo la posibilidad de que las AFORES destinen parte de sus recursos hacia la adquisición de productos estructurados de calidad con un mayor rendimiento del que ofrecen otros valores en el mercado. Tal es el caso, de la reciente emisión que se ha realizado en el mercado de valores de certificados de desarrollo de capital (CDKs) por parte de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) para apoyar sus proyectos carreteros en el occidente del país.
Este tipo de medidas constituyen una política pública que puede lograr que el país no solamente salga de la recesión, sino que además entre en un nuevo patrón de crecimiento sostenido más dinámico. De tal manera, a partir de la crisis, las reformas propuestas por el ejecutivo federal, completadas y corregidas por el Congreso y las acciones adicionales diseñadas por la Secretaría de Hacienda, buscan resolver los cuellos de botella que desde hace tiempo afectan al sector financiero, además de erradicar la rigidez regulatoria que desincentiva la inversión pública y privada.
De tal manera, a nivel internacional, en la reunión conjunta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que se celebró en Estambul, el comité de desarrollo y el de estabilidad monetaria y financiera además de recomendar las medidas para frenar la recesión y para lograr una sólida recuperación, se han abocado a proponer reformas para fortalecer a las instituciones internacionales, para que se vigile más estrechamente la operación de los mercados, para la aumentar la cooperación y coordinación en las políticas públicas de los países y para construir una nueva arquitectura financiera internacional.
Entre las medidas propuestas en dicha reunión destaca la relativa a que los países de mayores ingresos deben aumentar sus transferencias y brindar mayores apoyos para combatir la pobreza y generar un proceso de desarrollo en los países de mayor atraso que se encuentran marginados de los beneficios que acarrea la mundialización y que, adicionalmente, son los más vulnerables a las fluctuaciones cíclicas.
Esta visión contrasta con las reformas tributarias propuestas por el ejecutivo federal en México, que incluyen una gravamen adicional para todos los consumidores, Al respecto, la contrapuesta que parece estar preparando el Congreso va más en línea con las recomendaciones internacionales en el sentido de que en lugar de aumentar impuestos de aplicación generalizada para toda la población, se lleven a cabo reformas que permitan que contribuyan más los que más tienen. De tal manera, la consolidación del impuesto empresarial a tasa única (IETU) con el impuesto sobre la renta (ISR), así como la eliminación de regímenes fiscales especiales y de situaciones de privilegio, además de simplificar la regulación fiscal, apuntan hacia un marco tributario más equitativo. Este, a su vez, aunado a un mejor ejercicio y transparencia en el gasto, contribuyen a generar empleo y a combatir la pobreza.
Adicionalmente, se encuentra la propuesta que la semana pasado presentó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para modificar el marco legar a fin de permitir que se incremente el financiamiento para la creación y modernización de infraestructura productiva. A pesar de aún no se conocen los detalles de la propuesta, los cuatro puntos fundamentales tienden a favorecer la participación privada en la inversión de obras de infraestructura y en su operación, incluyendo la posibilidad de que las AFORES destinen parte de sus recursos hacia la adquisición de productos estructurados de calidad con un mayor rendimiento del que ofrecen otros valores en el mercado. Tal es el caso, de la reciente emisión que se ha realizado en el mercado de valores de certificados de desarrollo de capital (CDKs) por parte de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) para apoyar sus proyectos carreteros en el occidente del país.
Este tipo de medidas constituyen una política pública que puede lograr que el país no solamente salga de la recesión, sino que además entre en un nuevo patrón de crecimiento sostenido más dinámico. De tal manera, a partir de la crisis, las reformas propuestas por el ejecutivo federal, completadas y corregidas por el Congreso y las acciones adicionales diseñadas por la Secretaría de Hacienda, buscan resolver los cuellos de botella que desde hace tiempo afectan al sector financiero, además de erradicar la rigidez regulatoria que desincentiva la inversión pública y privada.
Reformas para una Recuperación Duradera
La incipiente recuperación económica mundial corre el riesgo de enfrentar una recaída debido a la fragilidad en que se sustenta, por lo que en la cumbre de los 20 países industrializados y las economías emergentes más importantes celebrada el fin de semana pasada en Pittsburgh, Estados Unidos, se planteó la necesidad de mantener las medidas de estímulo a las actividades productivas, al mismo tiempo que se comience a instrumentar la reforma al sistema financiero internacional.
La perspectiva de llevar a cabo modificaciones de fondo a la estructura económica mundial es también el tema que se abordará en la reunión conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Estambul. Asimismo, se presentarán las recomendaciones de los organismos internacionales sobre las políticas que deberían seguir los distintos países para recobrar un crecimiento sostenido y poder reemprender los esfuerzos para alcanzar los objetivos del milenio.
Sin embargo, la necesidad de reformas y medidas de ajuste económico y financiero no se circunscriben solamente al ámbito mundial, sino que cada país tiene su propio plan para dotar de un mayor dinamismo a su economía.
La medidas que se plantean son de tipo, alcance y naturaleza diferente, de tal manera que mientras en México el gobierno federal basa su estrategia en reformas para fortalecer los ingresos públicos mediante un aumento de tasas y de impuestos; en Gran Bretaña, país que junto con Estados Unidos sufrió el mayor embate de la crisis financiera y que lo ha llevado a un déficit en sus finanzas públicas para este año que podría rondar el 14 por ciento de su producto interno bruto, en lugar de tomar medidas para detener la caída en sus ingresos, se pretende disminuir ligeramente el déficit para ubicarlo en 8 por ciento mediante un redimensionamiento de su gasto. La reducción en el gasto burocrático y el mejoramiento de las políticas públicas buscan tener un mayor multiplicador en la inversión, que el efecto que tendría una medida de estímulos fiscales, como la medida adoptada en Estados Unidos.
En el caso de México, la propuesta que presentó el secretario Carstens tiene un sesgo de corto plazo, dada la falta de previsión que ha prevalecido en la última década. De tal manera, la desaparición de tres secretarías, algunas de las cuales han sido dependencias que han mostrado su utilidad en el pasado reciente, es una medida simplista que no parte de un análisis serio sobre las causas del crecimiento del aparto administrativo en los últimos diez años, así como la pertinencia, para una gestión gubernamental eficiente, de muchas de las plazas creadas en ese período, de ciertos programas y de sus respectivas asignaciones presupuestales
Por su parte, el incremento tributario se ha hecho sin presentar un programa completo y creíble para garantizar que la carga fiscal se distribuya mejor entre toda la población, a fin de evitar que sean los causantes que hasta ahora cumplen con sus obligaciones los que sigan soportando los ingresos públicos.
Finalmente, la oposición a un mayor déficit se basa en una visión acotada solo a las finanzas del gobierno central, sin pretender utilizar a las empresas y organismos descentralizados, incluyendo a la banca de fomento, como instrumentos que pueden llevar a cabo una mayor inversión de alto impacto en las actividades productivas, utilizando recursos crediticios tanto internos como externos, o incluso canalizando un posible exceso de liquidez que pudiera generar una más laxa política monetaria
La recuperación requiere de reformas, no cabe la menor duda, pero éstas no deben llevarse a cabo al vapor, como parece ser la intención del Presidente Calderón quien presenta un panorama catastrofista si no se aprueban sus propuestas. En lugar de presionar por aprobar el paquete tal como se envió al Congreso, es tiempo de escuchar, analizar y no incurrir en el error de importar medias que resultan incompletas y poco apropiadas.
La perspectiva de llevar a cabo modificaciones de fondo a la estructura económica mundial es también el tema que se abordará en la reunión conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Estambul. Asimismo, se presentarán las recomendaciones de los organismos internacionales sobre las políticas que deberían seguir los distintos países para recobrar un crecimiento sostenido y poder reemprender los esfuerzos para alcanzar los objetivos del milenio.
Sin embargo, la necesidad de reformas y medidas de ajuste económico y financiero no se circunscriben solamente al ámbito mundial, sino que cada país tiene su propio plan para dotar de un mayor dinamismo a su economía.
La medidas que se plantean son de tipo, alcance y naturaleza diferente, de tal manera que mientras en México el gobierno federal basa su estrategia en reformas para fortalecer los ingresos públicos mediante un aumento de tasas y de impuestos; en Gran Bretaña, país que junto con Estados Unidos sufrió el mayor embate de la crisis financiera y que lo ha llevado a un déficit en sus finanzas públicas para este año que podría rondar el 14 por ciento de su producto interno bruto, en lugar de tomar medidas para detener la caída en sus ingresos, se pretende disminuir ligeramente el déficit para ubicarlo en 8 por ciento mediante un redimensionamiento de su gasto. La reducción en el gasto burocrático y el mejoramiento de las políticas públicas buscan tener un mayor multiplicador en la inversión, que el efecto que tendría una medida de estímulos fiscales, como la medida adoptada en Estados Unidos.
En el caso de México, la propuesta que presentó el secretario Carstens tiene un sesgo de corto plazo, dada la falta de previsión que ha prevalecido en la última década. De tal manera, la desaparición de tres secretarías, algunas de las cuales han sido dependencias que han mostrado su utilidad en el pasado reciente, es una medida simplista que no parte de un análisis serio sobre las causas del crecimiento del aparto administrativo en los últimos diez años, así como la pertinencia, para una gestión gubernamental eficiente, de muchas de las plazas creadas en ese período, de ciertos programas y de sus respectivas asignaciones presupuestales
Por su parte, el incremento tributario se ha hecho sin presentar un programa completo y creíble para garantizar que la carga fiscal se distribuya mejor entre toda la población, a fin de evitar que sean los causantes que hasta ahora cumplen con sus obligaciones los que sigan soportando los ingresos públicos.
Finalmente, la oposición a un mayor déficit se basa en una visión acotada solo a las finanzas del gobierno central, sin pretender utilizar a las empresas y organismos descentralizados, incluyendo a la banca de fomento, como instrumentos que pueden llevar a cabo una mayor inversión de alto impacto en las actividades productivas, utilizando recursos crediticios tanto internos como externos, o incluso canalizando un posible exceso de liquidez que pudiera generar una más laxa política monetaria
La recuperación requiere de reformas, no cabe la menor duda, pero éstas no deben llevarse a cabo al vapor, como parece ser la intención del Presidente Calderón quien presenta un panorama catastrofista si no se aprueban sus propuestas. En lugar de presionar por aprobar el paquete tal como se envió al Congreso, es tiempo de escuchar, analizar y no incurrir en el error de importar medias que resultan incompletas y poco apropiadas.
Estigmatización de la Deuda Pública
La decepción que ha causado el paquete económico que el Presidente Calderón envió al Congreso, ha dado origen a una serie de críticas a la política fiscal y a propuestas de medidas que se consideran serían las más adecuadas para apoyar la reactivación de la economía del país, entre las que se encuentra recurrir a un mayor endeudamiento público
El arropamiento político que se le ha dado el impuesto generalizado a las ventas, respecto a que su recaudación se destinaría a combatir la pobreza mediante los programas asistenciales del gobierno federal, no ha sido suficiente para que numerosos académicos, empresarios y políticos resalten el sesgo restrictivo de la propuesta. Si bien el impacto procíclico que tendrían las modificaciones impositivas se podrían mitigar por el lado del gasto, la falta de transparencia en el destino y de credibilidad sobre la eficiencia en el ejercicio del presupuesto, generan una gran incertidumbre sobre el futuro próximo de las actividades productivas.
A la desconfianza que inspira el manejo del gasto se suma la ausencia de acciones que tiendan a simplificar la compleja regulación tributaria, así como la falta de acciones que logren ampliar la base de causantes, con el fin de que la carga tributaria no siga recayendo solamente en los que siempre pagan impuestos, sino que sean todos los contribuyentes los que cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales.
El elemento de ajuste entre gasto e ingresos es la deuda pública que permite cubrir el déficit de las finanzas gubernamentales Sin embargo, el uso de la deuda como instrumento de la política económica ha sido estigmatizado a raíz de la crisis que el país sufrió en la década de los ochenta. La imposibilidad de remontar el trauma del elevado endeudamiento externo y del penoso proceso de renegociación que tuvo que emprenderse, genera que el gobierno responda a las propuestas de incurrir en un mayor déficit público, con el argumento de que sería una acción que desestabilizaría a la economía del país.
El menosprecio de la deuda como un instrumento que puede impulsar el desarrollo de país, encuentra su origen en la incapacidad gubernamental para que los recursos crediticios, sean de origen interno o externo, se destinen a programas y proyectos que garanticen la generación de su fuente de repago y del servicio de la deuda, tal como lo establece la Ley de Deuda Pública.
Cualquier empresario sabe que el crédito, sea de proveedores, de bancos o de accionistas, es necesario para crecer, como fuente complementaria a sus fondos propios. De tal manera, el crédito es positivo para los planes de la empresa, cuando genera un valor mayor a lo que debe cubrirse por el uso de los recursos prestados. A su vez, los consumidores tienen presente que endeudarse para adquirir bienes de consumo, ante un ingreso fijo en el largo plazo, solo conduce a penurias económicas en el futuro.
La deuda pública puede ser una palanca de desarrollo si se destina a impulsar el surgimiento de nuevas actividades productivas y, sobre todo, si las inversiones tienen el mayor efecto multiplicador. El mecanismo para poder llevar a cabo una política de deuda pública positiva para el país, es a través de los bancos de desarrollo, como instituciones que buscan fomentar la generación de nuevas actividades productivas y de fuentes de empleo, a la vez que regulan el mercado financiero imperfecto y que presenta grandes fallas en su funcionamiento. Una banca de desarrollo que no se encuentre acotada a fungir solamente como canalizador de crédito de segundo piso, sino que también capte ahorro directamente del público y que actué en el primer piso.
Al superar el menosprecio de la deuda como instrumento de política económica y utilizarlo correctamente, se podría permitir que una mayor flexibilización monetaria, sin el riesgo de generar efectos contraproducentes al desarrollo, dada la rigidez de la oferta interna, ya que sería resuelta por la actuación de la banca de fomento.
Mayor eficiencia gubernamental en el ejercicio del gasto, mejor administración tributaria, simplificación regulatoria fiscal y el uso de la deuda como instrumento de desarrollo, a través de la banca de fomento, son las medidas que cabrían esperar encontrar en la propuesta que elaboró la Secretaría de Hacienda.
El arropamiento político que se le ha dado el impuesto generalizado a las ventas, respecto a que su recaudación se destinaría a combatir la pobreza mediante los programas asistenciales del gobierno federal, no ha sido suficiente para que numerosos académicos, empresarios y políticos resalten el sesgo restrictivo de la propuesta. Si bien el impacto procíclico que tendrían las modificaciones impositivas se podrían mitigar por el lado del gasto, la falta de transparencia en el destino y de credibilidad sobre la eficiencia en el ejercicio del presupuesto, generan una gran incertidumbre sobre el futuro próximo de las actividades productivas.
A la desconfianza que inspira el manejo del gasto se suma la ausencia de acciones que tiendan a simplificar la compleja regulación tributaria, así como la falta de acciones que logren ampliar la base de causantes, con el fin de que la carga tributaria no siga recayendo solamente en los que siempre pagan impuestos, sino que sean todos los contribuyentes los que cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales.
El elemento de ajuste entre gasto e ingresos es la deuda pública que permite cubrir el déficit de las finanzas gubernamentales Sin embargo, el uso de la deuda como instrumento de la política económica ha sido estigmatizado a raíz de la crisis que el país sufrió en la década de los ochenta. La imposibilidad de remontar el trauma del elevado endeudamiento externo y del penoso proceso de renegociación que tuvo que emprenderse, genera que el gobierno responda a las propuestas de incurrir en un mayor déficit público, con el argumento de que sería una acción que desestabilizaría a la economía del país.
El menosprecio de la deuda como un instrumento que puede impulsar el desarrollo de país, encuentra su origen en la incapacidad gubernamental para que los recursos crediticios, sean de origen interno o externo, se destinen a programas y proyectos que garanticen la generación de su fuente de repago y del servicio de la deuda, tal como lo establece la Ley de Deuda Pública.
Cualquier empresario sabe que el crédito, sea de proveedores, de bancos o de accionistas, es necesario para crecer, como fuente complementaria a sus fondos propios. De tal manera, el crédito es positivo para los planes de la empresa, cuando genera un valor mayor a lo que debe cubrirse por el uso de los recursos prestados. A su vez, los consumidores tienen presente que endeudarse para adquirir bienes de consumo, ante un ingreso fijo en el largo plazo, solo conduce a penurias económicas en el futuro.
La deuda pública puede ser una palanca de desarrollo si se destina a impulsar el surgimiento de nuevas actividades productivas y, sobre todo, si las inversiones tienen el mayor efecto multiplicador. El mecanismo para poder llevar a cabo una política de deuda pública positiva para el país, es a través de los bancos de desarrollo, como instituciones que buscan fomentar la generación de nuevas actividades productivas y de fuentes de empleo, a la vez que regulan el mercado financiero imperfecto y que presenta grandes fallas en su funcionamiento. Una banca de desarrollo que no se encuentre acotada a fungir solamente como canalizador de crédito de segundo piso, sino que también capte ahorro directamente del público y que actué en el primer piso.
Al superar el menosprecio de la deuda como instrumento de política económica y utilizarlo correctamente, se podría permitir que una mayor flexibilización monetaria, sin el riesgo de generar efectos contraproducentes al desarrollo, dada la rigidez de la oferta interna, ya que sería resuelta por la actuación de la banca de fomento.
Mayor eficiencia gubernamental en el ejercicio del gasto, mejor administración tributaria, simplificación regulatoria fiscal y el uso de la deuda como instrumento de desarrollo, a través de la banca de fomento, son las medidas que cabrían esperar encontrar en la propuesta que elaboró la Secretaría de Hacienda.
Urge Viraje en la Política Económica
Las propuestas para enfrentar la crisis, frenar la recesión económica y regresar al camino de un desarrollo sostenido, han venido evolucionado desde las medidas contracíclicas que diseñó la Secretaría de Hacienda a finales del año pasado y que ha ampliado gradualmente, hasta la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales de fondo, comenzando por las tibias medidas presentadas al Congreso.
Adicionalmente, la comunidad académica de la UNAM acaba de presentar un resumen de las propuestas que distinguidos economistas, entre ellos los ex secretarios de Hacienda David Ibarra y Jesús Silva Herzog, así como el primero que ocupó la Secretaría de Programación y Presupuesto, Carlos Tello, hicieron en el foro a que convocó el Senado de la República. Del documento coordinado por Rolando Cordera y que contó con el apoyo de Rector José Narro, hay que destacar que más allá de los cambios estructurales, es necesario evitar caer en el error de adoptar recetas de libros de texto, o de importar indiscriminadamente experiencias que funcionaron en otros países.
La ausencia de una política industrial, de mecanismos eficientes para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y las desmembradas acciones que se llevan a cabo en el sector rural, así como un sector financiero que no cumple con su función social de intermediación, son factores que han provocado una débil economía interna, haciendo depender el dinamismo de las actividades productivas del mercado norteamericano.
Hasta ahora, solo se ha utilizado la política monetaria como instrumento para mantener la estabilidad macroeconómica, mientras que por el lado fiscal solo se ha buscado el equilibrio de las finanzas públicas, con un fuerte desbalance entre el gasto corriente y el gasto de inversión. Sin embargo, tanto empresarios, académicos y políticos de todas la corrientes, reconocen que la estabilidad macroeconómica y la finanzas públicas sanas son condiciones necesarias para el desarrollo de lo negocios, pero que no son suficientes para inducir el crecimiento sostenido a largo plazo que el país requiere.
Para salir de la recesión económica en el menor tiempo y con un mayor dinamismo y fortaleza se requiere un cambio sustancial en la política económica. El viraje de una política fiscal y de una política monetaria con sesgo restrictivo, hacia una que impulse el surgimiento de nuevas actividades productivas y la aplicación de la ya existentes es una tarea urgente ante el desolador panorama de desempleo y el deterioro de las condiciones de vida de la población.
Las finanzas públicas no deben solo fortalecerse mediante el aumento de impuestos y de tasas impositivas, sino que se debe comenzar por una mayor eficiencia recaudatoria, una simplificación del marco regulatorio y otorgar incentivos la las nuevas inversiones que generen nuevas plazas laborales. Por su parte, el manejo de la deuda pública debe rebasar los límites del corto plazo de una gestión gubernamental y de un escenario inercial del comportamiento de la economía, para buscar apoyar inversiones que aumenten las actividades productivas en el largo lazo que provean mayores ingresos públicos para hacer frente a las obligaciones financieras del sector público.
A su vez, el sector bancario, ante el acotado mercado financiero del país, se encuentra sumido en una canalización de recursos hacia las opciones que le ofrecen la mayor rentabilidad con el menor riesgo, así como ante una captación sin competencia que le permite un bajo costo de recursos.
De tal manera, la estrategia del sector público debe basarse en una banca de desarrollo que participe activamente en la captación directa de recursos del público, en la contratación de recursos en los mercados externos, aprovechando el buen funcionamiento que ha venido mostrando el mercado de futuros de divisas y en una política monetaria expansiva. Adicionalmente se requiere que se recupere el concepto de fomento a la generación de nuevos negocios que se ha venido perdiendo desde hace una década.
Los cambios estructurales deben pasar, en su mayoría por el Congreso, mientras que el viraje en la política económica depende solo de la capacidad y de la voluntad del gobierno federal, por lo que el presidente Calderón y el Secretario de Hacienda Carstens, además de la austeridad deberían mostrar su compromiso con un México con mejor futuro para todos.
Adicionalmente, la comunidad académica de la UNAM acaba de presentar un resumen de las propuestas que distinguidos economistas, entre ellos los ex secretarios de Hacienda David Ibarra y Jesús Silva Herzog, así como el primero que ocupó la Secretaría de Programación y Presupuesto, Carlos Tello, hicieron en el foro a que convocó el Senado de la República. Del documento coordinado por Rolando Cordera y que contó con el apoyo de Rector José Narro, hay que destacar que más allá de los cambios estructurales, es necesario evitar caer en el error de adoptar recetas de libros de texto, o de importar indiscriminadamente experiencias que funcionaron en otros países.
La ausencia de una política industrial, de mecanismos eficientes para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y las desmembradas acciones que se llevan a cabo en el sector rural, así como un sector financiero que no cumple con su función social de intermediación, son factores que han provocado una débil economía interna, haciendo depender el dinamismo de las actividades productivas del mercado norteamericano.
Hasta ahora, solo se ha utilizado la política monetaria como instrumento para mantener la estabilidad macroeconómica, mientras que por el lado fiscal solo se ha buscado el equilibrio de las finanzas públicas, con un fuerte desbalance entre el gasto corriente y el gasto de inversión. Sin embargo, tanto empresarios, académicos y políticos de todas la corrientes, reconocen que la estabilidad macroeconómica y la finanzas públicas sanas son condiciones necesarias para el desarrollo de lo negocios, pero que no son suficientes para inducir el crecimiento sostenido a largo plazo que el país requiere.
Para salir de la recesión económica en el menor tiempo y con un mayor dinamismo y fortaleza se requiere un cambio sustancial en la política económica. El viraje de una política fiscal y de una política monetaria con sesgo restrictivo, hacia una que impulse el surgimiento de nuevas actividades productivas y la aplicación de la ya existentes es una tarea urgente ante el desolador panorama de desempleo y el deterioro de las condiciones de vida de la población.
Las finanzas públicas no deben solo fortalecerse mediante el aumento de impuestos y de tasas impositivas, sino que se debe comenzar por una mayor eficiencia recaudatoria, una simplificación del marco regulatorio y otorgar incentivos la las nuevas inversiones que generen nuevas plazas laborales. Por su parte, el manejo de la deuda pública debe rebasar los límites del corto plazo de una gestión gubernamental y de un escenario inercial del comportamiento de la economía, para buscar apoyar inversiones que aumenten las actividades productivas en el largo lazo que provean mayores ingresos públicos para hacer frente a las obligaciones financieras del sector público.
A su vez, el sector bancario, ante el acotado mercado financiero del país, se encuentra sumido en una canalización de recursos hacia las opciones que le ofrecen la mayor rentabilidad con el menor riesgo, así como ante una captación sin competencia que le permite un bajo costo de recursos.
De tal manera, la estrategia del sector público debe basarse en una banca de desarrollo que participe activamente en la captación directa de recursos del público, en la contratación de recursos en los mercados externos, aprovechando el buen funcionamiento que ha venido mostrando el mercado de futuros de divisas y en una política monetaria expansiva. Adicionalmente se requiere que se recupere el concepto de fomento a la generación de nuevos negocios que se ha venido perdiendo desde hace una década.
Los cambios estructurales deben pasar, en su mayoría por el Congreso, mientras que el viraje en la política económica depende solo de la capacidad y de la voluntad del gobierno federal, por lo que el presidente Calderón y el Secretario de Hacienda Carstens, además de la austeridad deberían mostrar su compromiso con un México con mejor futuro para todos.
Reformas en Tiempos Difíciles
El día de ayer la Corporación Financiera Internacional, organismo filial del Banco Mundial, dio a conocer la edición correspondiente a 2010 de los “Obstáculos al Desarrollo”. En esta ocasión el informe tomó como título y tema principal “Reformando en Tiempos Difíciles”, haciendo referencia a los cambios que han emprendido los países en desarrollo para hacer frente a la crisis y a la recesión económica internacional. De manera sorprendente, a pesar de la situación internacional adversa, hasta ahora se ha logrado el mayor número de reformas para apoyar la operación de las empresas, ya que se han llevado a cabo en 131 de los 183 países en que se realiza el estudio.
México, en materia de obstáculos al desarrollo, se ubica en el lugar 51, por debajo de Colombia y Chile en América Latina. Los avances que el país ha alcanzado, hasta ahora, para generar un clima favorable al desarrollo de los negocios se refieren a la mayor facilidad y transparencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como en los trámites para el inicio de nuevas actividades productivas.
El obstáculo que impide que se expandan con mayor rapidez la economía del país son las fallas que se presentan en el sistema financiero para apoyar a las actividades generadoras de empleos y de una mayor producción. Adicionalmente, habría que considerar la debilidad que muestran las finanzas públicas, tanto por el lado del ingreso como del gasto y su efecto multiplicador en la economía
En ambos aspectos se ubican los mayores retos que debe afrontar el gobierno del Presidente Calderón en el último tramo de su gestión. Las medidas que hasta ahora ha propuesto de una manera clara y congruente el PRI, se refieren no solamente a reformas, sino también a una serie de cambios para lograr un gobierno más eficiente y una economía más dinámica con una sensible mejoría en el nivel de vida de la población
Al respecto, el Presidente Calderón ha comenzado a dar los primeros pasos para la última etapa de su gestión, al comenzar a ajustar su gabinete y a redimensionar el aparto burocrático. En materia tributaria, las medidas que se han propuesto al Congreso difieren de lo que debiera ser una reforma fiscal integral, por lo que, buscando eludir las reacciones adversas que implicaría la aplicación de un IVA generalizado, se ha propuesto una cascada de impuestos que solo tenderán a reducir el ingreso personal disponible y en consecuencia el consumo.
El mayor sesgo restrictivo de la política fiscal estriba en el destino que se propone dar a los ingresos tributarios que no tienden a favorecer el gasto de inversión frente al crecimiento del gasto corriente y de las transferencias. Por su parte, la eficiencia recaudatoria, que debiera ser el pilar de una reforma fiscal apenas muestra un muy modesto avance, sin que se proponga una simplificación de las regulaciones tributarias que además de reducir el costo de la administración impositiva para el gobierno, lo haría para los causantes, creando un clima más favorable para el desarrollo de los negocios.
A pesar de los cambios en su gabinete y de la compactación de la administración pública no se vislumbra que se estén llevando a cabo grandes esfuerzos por hacer más eficiente el gasto y su efecto multiplicador en la economía y en el empleo. Una estricta evaluación del desempeño y las medidas correctivas que se requieran son indispensables para llegar a tener un gobierno que impulse el desarrollo. Al respecto, no existe explicación para que aún no se haya removido de su cargo al ineficiente secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.
Un pendiente más en las reformas que deben de emprenderse en tiempos difíciles, sin caer en distorsiones, como es el caso de las medidas propuestas en el ámbito fiscal, es el que se refiere a la banca de desarrollo. De acuerdo con la propuesta del PRI, se debe reforzar el fomento a las actividades industriales y empresariales a través de NAFIN; al comercio exterior y el turismo por parte de BANCOMEXT, el desarrollo rural por Financiera Rural y las obras públicas por parte de BANOBRAS.
Los tiempos difíciles no deben conducir a reformas que puede llevar a generar más problemas de los que se pretenden resolver, ya el país adolece de reformas inconclusas, o mal diseñadas o incompletas que constituyen un obstáculo al desarrollo.
México, en materia de obstáculos al desarrollo, se ubica en el lugar 51, por debajo de Colombia y Chile en América Latina. Los avances que el país ha alcanzado, hasta ahora, para generar un clima favorable al desarrollo de los negocios se refieren a la mayor facilidad y transparencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como en los trámites para el inicio de nuevas actividades productivas.
El obstáculo que impide que se expandan con mayor rapidez la economía del país son las fallas que se presentan en el sistema financiero para apoyar a las actividades generadoras de empleos y de una mayor producción. Adicionalmente, habría que considerar la debilidad que muestran las finanzas públicas, tanto por el lado del ingreso como del gasto y su efecto multiplicador en la economía
En ambos aspectos se ubican los mayores retos que debe afrontar el gobierno del Presidente Calderón en el último tramo de su gestión. Las medidas que hasta ahora ha propuesto de una manera clara y congruente el PRI, se refieren no solamente a reformas, sino también a una serie de cambios para lograr un gobierno más eficiente y una economía más dinámica con una sensible mejoría en el nivel de vida de la población
Al respecto, el Presidente Calderón ha comenzado a dar los primeros pasos para la última etapa de su gestión, al comenzar a ajustar su gabinete y a redimensionar el aparto burocrático. En materia tributaria, las medidas que se han propuesto al Congreso difieren de lo que debiera ser una reforma fiscal integral, por lo que, buscando eludir las reacciones adversas que implicaría la aplicación de un IVA generalizado, se ha propuesto una cascada de impuestos que solo tenderán a reducir el ingreso personal disponible y en consecuencia el consumo.
El mayor sesgo restrictivo de la política fiscal estriba en el destino que se propone dar a los ingresos tributarios que no tienden a favorecer el gasto de inversión frente al crecimiento del gasto corriente y de las transferencias. Por su parte, la eficiencia recaudatoria, que debiera ser el pilar de una reforma fiscal apenas muestra un muy modesto avance, sin que se proponga una simplificación de las regulaciones tributarias que además de reducir el costo de la administración impositiva para el gobierno, lo haría para los causantes, creando un clima más favorable para el desarrollo de los negocios.
A pesar de los cambios en su gabinete y de la compactación de la administración pública no se vislumbra que se estén llevando a cabo grandes esfuerzos por hacer más eficiente el gasto y su efecto multiplicador en la economía y en el empleo. Una estricta evaluación del desempeño y las medidas correctivas que se requieran son indispensables para llegar a tener un gobierno que impulse el desarrollo. Al respecto, no existe explicación para que aún no se haya removido de su cargo al ineficiente secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.
Un pendiente más en las reformas que deben de emprenderse en tiempos difíciles, sin caer en distorsiones, como es el caso de las medidas propuestas en el ámbito fiscal, es el que se refiere a la banca de desarrollo. De acuerdo con la propuesta del PRI, se debe reforzar el fomento a las actividades industriales y empresariales a través de NAFIN; al comercio exterior y el turismo por parte de BANCOMEXT, el desarrollo rural por Financiera Rural y las obras públicas por parte de BANOBRAS.
Los tiempos difíciles no deben conducir a reformas que puede llevar a generar más problemas de los que se pretenden resolver, ya el país adolece de reformas inconclusas, o mal diseñadas o incompletas que constituyen un obstáculo al desarrollo.
Calderón a Mitad del Camino
En medio de las discusiones que ha suscitado el medio que utilizará el Presidente Calderón para dar a conocer a la población lo que ha realizado en su tercer año de gobierno, hay que apuntar que, aunque la forma de informar ha cambiado sustancialmente, no ha sido el caso en cuanto al fondo.
En los mensajes que se han dado a conocer en los medios de comunicación y lo que hasta ahora se desprende del informe presentado por escrito al Congreso, el tono del documento continúa con el estilo de resaltar lo logrado en el año, o en todo el primer tramo del período de gobierno, comparándolo con que al respecto se realizó en el pasado.
Esta manera de informar a la población y a los otros poderes de la Unión, está en contra de la política que ha venido estableciéndose para que los programas públicos, en un principio, y posteriormente toda la actuación de las dependencias gubernamentales sean evaluadas en función de su desempeñó. De tal manera, en lugar de destacar el crecimiento que se tiene en un año respecto al anterior sobre los montos de recursos canalizados, del número de beneficiaros o de asuntos atendidos, se busca que se informe sobre el grado en que se ha resuelto un problema previamente identificado.
De acuerdo con esta metodología para evaluar la función pública, los recursos que se asignen a una dependencia o programa, se debe hacer según la prioridad que tenga la atención de la situación que pretenden modificar o del servicio que ofrecen, de tal manera que su rendición de cuentas y su evaluación será conforme a los logros de solución de un problema, de la eficiencia en la prestación de los servicios y de la satisfacción de los beneficiarios de las acciones gubernamentales.
Si se lleva a cabo un ejercicio somero de evaluación del desempeño de los primeros tres años de gobierno de Felipe Calderón, se destaca que su prioridad se ha centrado en el tema de seguridad, combatiendo el crimen y el narcotráfico. Más allá de las cifras de detenidos, de la mercancía ilegal incautada, de los muertos o de los secuestros, el problema no se ha resuelto y tal vez ni siquiera se ha debidamente dimensionado para poder aplicar medidas alternativas de solución.
Otra de las prioridades ha sido mantener la estabilidad macroeconómica, a pesar de las amenazas y choques externos. Al respecto, la capacidad y el oficio público de los equipos que comandan Agustín Carstens en Hacienda y Guillermo Ortiz en el Banco de México, se ha logrado que la turbulencia financiera no afecte al país y que la recesión económica, gracias a las medidas contracíclicas, no cause un mayor estrago en reducción de empleos.
Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Calderón la generación de nuevas plazas laborales ha estado muy por debajo de lo que requiere el país para atender el crecimiento de la población económicamente activa. De la mano de la falta de creación de empleos, se encuentra el magro crecimiento económico, el deterioro de los salarios y el aumento de la pobreza, con su consecuente presión en el gasto social y en las finanzas públicas. Al analizar los programas y dependencias que deberían atender el cumplimiento de la propuestas de campaña de Felipe Calderón, se encuentra que existe una falta de capacidad en el ejercicio del gasto en infraestructura, en la atención a la pequeñas y medianas empresas así como una desintegración de cadenas productivas y que los recursos de programas están mal focalizados para resolver la pobreza, para aumentar la producción y la productividad.
Sin inversión no puede haber crecimiento ni generación de empleos y para ello se debe contar con un clima apropiado para el desarrollo de los negocios. Al respecto, el gobierno de Calderón ha adolecido de un acuciante deterioro de la competitividad. Los obstáculos al desarrollo que supone una administración pública ineficiente, implica externalidades negativas que repercuten en un mayor costo para las empresas y un mayor gasto en la burocracia gubernamental.
Finalmente en esta rápida y somera evaluación de la primera mitad de la gestión del Presidente Calderón, se encuentra una falta de cumplimiento de la función social de intermediación que debe cumplir el sistema bancario que opera en el país. Además de la ausencia de acciones para incentivar a l banca a cumplir con esta responsabilidad ante la sociedad, el gobierno continúa auto acotado para utilizar a la banca de desarrollo como un instrumento que regule el mercado financiero y fomente la actividad económica.
A reserva de la conveniencia de dar actualmente a conocer a la población y al Congreso una detallada evaluación del desempeño de su gobierno, debe ser una prioridad para el Presidente Calderón llevarla a cabo para hacer los ajustes que permitan que la segunda mitad de su gestión ofrezca mejores resultados que los que prevén las estimaciones.
En los mensajes que se han dado a conocer en los medios de comunicación y lo que hasta ahora se desprende del informe presentado por escrito al Congreso, el tono del documento continúa con el estilo de resaltar lo logrado en el año, o en todo el primer tramo del período de gobierno, comparándolo con que al respecto se realizó en el pasado.
Esta manera de informar a la población y a los otros poderes de la Unión, está en contra de la política que ha venido estableciéndose para que los programas públicos, en un principio, y posteriormente toda la actuación de las dependencias gubernamentales sean evaluadas en función de su desempeñó. De tal manera, en lugar de destacar el crecimiento que se tiene en un año respecto al anterior sobre los montos de recursos canalizados, del número de beneficiaros o de asuntos atendidos, se busca que se informe sobre el grado en que se ha resuelto un problema previamente identificado.
De acuerdo con esta metodología para evaluar la función pública, los recursos que se asignen a una dependencia o programa, se debe hacer según la prioridad que tenga la atención de la situación que pretenden modificar o del servicio que ofrecen, de tal manera que su rendición de cuentas y su evaluación será conforme a los logros de solución de un problema, de la eficiencia en la prestación de los servicios y de la satisfacción de los beneficiarios de las acciones gubernamentales.
Si se lleva a cabo un ejercicio somero de evaluación del desempeño de los primeros tres años de gobierno de Felipe Calderón, se destaca que su prioridad se ha centrado en el tema de seguridad, combatiendo el crimen y el narcotráfico. Más allá de las cifras de detenidos, de la mercancía ilegal incautada, de los muertos o de los secuestros, el problema no se ha resuelto y tal vez ni siquiera se ha debidamente dimensionado para poder aplicar medidas alternativas de solución.
Otra de las prioridades ha sido mantener la estabilidad macroeconómica, a pesar de las amenazas y choques externos. Al respecto, la capacidad y el oficio público de los equipos que comandan Agustín Carstens en Hacienda y Guillermo Ortiz en el Banco de México, se ha logrado que la turbulencia financiera no afecte al país y que la recesión económica, gracias a las medidas contracíclicas, no cause un mayor estrago en reducción de empleos.
Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Calderón la generación de nuevas plazas laborales ha estado muy por debajo de lo que requiere el país para atender el crecimiento de la población económicamente activa. De la mano de la falta de creación de empleos, se encuentra el magro crecimiento económico, el deterioro de los salarios y el aumento de la pobreza, con su consecuente presión en el gasto social y en las finanzas públicas. Al analizar los programas y dependencias que deberían atender el cumplimiento de la propuestas de campaña de Felipe Calderón, se encuentra que existe una falta de capacidad en el ejercicio del gasto en infraestructura, en la atención a la pequeñas y medianas empresas así como una desintegración de cadenas productivas y que los recursos de programas están mal focalizados para resolver la pobreza, para aumentar la producción y la productividad.
Sin inversión no puede haber crecimiento ni generación de empleos y para ello se debe contar con un clima apropiado para el desarrollo de los negocios. Al respecto, el gobierno de Calderón ha adolecido de un acuciante deterioro de la competitividad. Los obstáculos al desarrollo que supone una administración pública ineficiente, implica externalidades negativas que repercuten en un mayor costo para las empresas y un mayor gasto en la burocracia gubernamental.
Finalmente en esta rápida y somera evaluación de la primera mitad de la gestión del Presidente Calderón, se encuentra una falta de cumplimiento de la función social de intermediación que debe cumplir el sistema bancario que opera en el país. Además de la ausencia de acciones para incentivar a l banca a cumplir con esta responsabilidad ante la sociedad, el gobierno continúa auto acotado para utilizar a la banca de desarrollo como un instrumento que regule el mercado financiero y fomente la actividad económica.
A reserva de la conveniencia de dar actualmente a conocer a la población y al Congreso una detallada evaluación del desempeño de su gobierno, debe ser una prioridad para el Presidente Calderón llevarla a cabo para hacer los ajustes que permitan que la segunda mitad de su gestión ofrezca mejores resultados que los que prevén las estimaciones.
Ineficiencia Gubernamental
La encrucijada en la que se encuentran las finanzas públicas derivada de la recesión económica y de los problemas estructurales que padece el país, ha desatado una discusión sobre las medidas que debería tomar la sexagésima primera legislatura que iniciará sus actividades en septiembre próximo.
Los alcances, limitaciones y consecuencias políticas y económicas que tendrían los ajustes fiscales, tanto del lado del ingreso como del gasto, han generado una serie de propuestas. Sin embargo, poca atención se ha prestado a las medidas que requieren emprenderse para que los gobiernos federal, estatal y municipales sean más eficientes y generen menos obstáculos para el desarrollo de los negocios.
Las propuestas en el aspecto tributario, además de buscar que dejen de depender de los ingresos petroleros, deben incluir la redefinición de las facultades y obligaciones fiscales de los estados y municipios para terminar con el centralismo insaturado desde 1947.Al acercar la fuente de ingresos con la satisfacción de las necesidades de servicios y obras públicas a la comunidad, ayudará a que se exista una adecuada rendición de cuentas, a que se presione por una mayor eficiencia y a que se fortalezcan los procesos democráticos.
A pesar de la evidente necesidad de que el gobierno deje ser ineficiente, las políticas públicas, los programas y las dependencias parecen no orientarse hacia esquemas que privilegien la productividad y que generen externalidades positivas para las empresas y los ciudadanos. El sexenio pasado se destinó una cuantiosa cantidad de recursos al programa de innovación gubernamental sin que se tenga ningún resultado palpable, pero se ha premiado al responsable con un escaño en el Senado, en lugar de exigirle que rinda cuentas ante la sociedad.
Entre las medidas que cuentan con el mayor consenso entre legisladores y líderes empresariales es el concerniente a que el recorte presupuestal de este año y la disminución que tendrá el del próximo sea en gasto corriente, además de que se acoten las percepciones de los altos mandos de la administración pública. Sin embargo, para la asignación de los recursos no se plantea que se lleve a cabo tomando en cuenta un criterio de mejoramiento de la eficiencia en el ejercicio de las funciones gubernamentales, La disminución de los obstáculos para el desarrollo de los negocios y el mayor efecto multiplicar del gasto constituye uno de los factores que pueden ayudar a que el país recupere su dinamismo económico en un menor tiempo y que pueda sostenerse por un largo período.
La evaluación del desempeño de programas y dependencias públicas puede llevar a fundamentar su desaparición o la modificación de las políticas gubernamentales. Tal es el caso de la Secretaría de la Función Pública y de la contralorías que tiene incrustadas en las distintas instancias gubernamentales, que en realidad son reductos de interese panistas que solo obstaculizan el funcionamiento del ejercicio gubernamental. La corrupción y el favoritismo de incondicionales de los que ejercen el poder ha aumentado en los últimos años, en lugar de disminuir. La desaparición de un institución que ha demostrado no solamente su inutilidad, sino que constituye un serio obstáculo para el adecuado ejercicio de las funciones y del gasto público podría dar pié a un fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación como un órgano autónomo que garantice la transparencia e imparcialidad en la vigilancia del funcionamiento ye la eficiencia gubernamental.
A su vez, de hacerse las asignación de las transferencias presupuestales a los gobiernos locales con base en programas que busquen mejorar la eficiencia, seguramente se avanzaría en resolver la situación que priva en las administraciones estales y municipales, dándole un nueva dimensión a las transferencias de los recursos federales
Los alcances, limitaciones y consecuencias políticas y económicas que tendrían los ajustes fiscales, tanto del lado del ingreso como del gasto, han generado una serie de propuestas. Sin embargo, poca atención se ha prestado a las medidas que requieren emprenderse para que los gobiernos federal, estatal y municipales sean más eficientes y generen menos obstáculos para el desarrollo de los negocios.
Las propuestas en el aspecto tributario, además de buscar que dejen de depender de los ingresos petroleros, deben incluir la redefinición de las facultades y obligaciones fiscales de los estados y municipios para terminar con el centralismo insaturado desde 1947.Al acercar la fuente de ingresos con la satisfacción de las necesidades de servicios y obras públicas a la comunidad, ayudará a que se exista una adecuada rendición de cuentas, a que se presione por una mayor eficiencia y a que se fortalezcan los procesos democráticos.
A pesar de la evidente necesidad de que el gobierno deje ser ineficiente, las políticas públicas, los programas y las dependencias parecen no orientarse hacia esquemas que privilegien la productividad y que generen externalidades positivas para las empresas y los ciudadanos. El sexenio pasado se destinó una cuantiosa cantidad de recursos al programa de innovación gubernamental sin que se tenga ningún resultado palpable, pero se ha premiado al responsable con un escaño en el Senado, en lugar de exigirle que rinda cuentas ante la sociedad.
Entre las medidas que cuentan con el mayor consenso entre legisladores y líderes empresariales es el concerniente a que el recorte presupuestal de este año y la disminución que tendrá el del próximo sea en gasto corriente, además de que se acoten las percepciones de los altos mandos de la administración pública. Sin embargo, para la asignación de los recursos no se plantea que se lleve a cabo tomando en cuenta un criterio de mejoramiento de la eficiencia en el ejercicio de las funciones gubernamentales, La disminución de los obstáculos para el desarrollo de los negocios y el mayor efecto multiplicar del gasto constituye uno de los factores que pueden ayudar a que el país recupere su dinamismo económico en un menor tiempo y que pueda sostenerse por un largo período.
La evaluación del desempeño de programas y dependencias públicas puede llevar a fundamentar su desaparición o la modificación de las políticas gubernamentales. Tal es el caso de la Secretaría de la Función Pública y de la contralorías que tiene incrustadas en las distintas instancias gubernamentales, que en realidad son reductos de interese panistas que solo obstaculizan el funcionamiento del ejercicio gubernamental. La corrupción y el favoritismo de incondicionales de los que ejercen el poder ha aumentado en los últimos años, en lugar de disminuir. La desaparición de un institución que ha demostrado no solamente su inutilidad, sino que constituye un serio obstáculo para el adecuado ejercicio de las funciones y del gasto público podría dar pié a un fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación como un órgano autónomo que garantice la transparencia e imparcialidad en la vigilancia del funcionamiento ye la eficiencia gubernamental.
A su vez, de hacerse las asignación de las transferencias presupuestales a los gobiernos locales con base en programas que busquen mejorar la eficiencia, seguramente se avanzaría en resolver la situación que priva en las administraciones estales y municipales, dándole un nueva dimensión a las transferencias de los recursos federales
Restricción Financiera en 2010
A pesar de los signos alentadores sobre el desempeño de la economía norteamericana, se prevé que el próximo año en México se vivirá una fuerte restricción financiera.
Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, señaló ante los senadores que el próximo año se tendrá una fuerte merma en los ingresos del sector público. Al respecto, el secretario mencionó que la contracción financiera de 2010 será la más severa que haya enfrentado el país en los últimos veinticinco años.
El hueco en la hacienda pública se debe, en una gran proporción, al magro comportamiento del sector petrolero, derivado tanto de la disminución del precio internacional de los hidrocarburos, como por el menor volumen de producción nacional. Este último factor obedece a la sobre explotación a que se sometieron los yacimientos en el sexenio pasado, sin haber invertido en la exploración y puesta en operación de nuevos pozos petroleros.
El mayor ingreso de que dispuso la gestión gubernamental de Vicente Fox sirvió para impulsar su política social que produjo una ilusoria superación de los niveles de pobreza, pero que no ofreció ninguna solución, ni a corto ni a largo plazo. Adicionalmente, permitió a la administración foxista dotar de una mayor cantidad de recursos a los estados y municipios, sin resolver la distorsión que ha venido generando el sistema fiscal centralista. Las transferencias a estados y municipios no resolvieron el fondo del problema, pero palio cualquier problema político que hubiera tenido que enfrentar Fox.
Después de que durante los p rimeros años del gobierno foxista prácticamente se agotó el fondo de estabilización petrolera que heredó de Zedillo, el Congreso obligó a que se reconstituyera, aprovechando el auge de los precios de los hidrocarburos que duró hasta 2007. Gracias a estos recursos y a la operación de cobertura que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda a principios del año en curso, las finanzas públicas han podido sortear sin mayor problema el primer semestre, sin tener que hacer drásticos recortes en el gasto. Sin embargo, para el último trimestre del año se plantea un ajuste en el gasto corriente, que no obstante permanecerá más elevado de lo que fue el año anterior, así como modificar la tendencia que se había venido delineando en materia de precios administrados, de subsidios y de transferencias.
La menor actividad que venido registrando la economía del país se reflejará en una menor recaudación, lo cual aunado a los menores ingresos petroleros provocará una sequía en las cuentas gubernamentales, por lo que se tendrá que ajustar la estructura de la finanzas públicas. Por una parte se tendrá que recurrir a un mayor déficit, así como modificar la conformación del gasto. A l respecto, se requiere una revisión a fondo del gasto corriente, así como de los programas y políticas públicas. Al final de cuentas, se tiene que hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos, aumentando la productividad de los servicios gubernamentales y el efecto multiplicador en el resto de la economía.
Desde el punto de vista empresarial y de las familias también se enfrentará el próximo año una restricción financiera. Las instituciones bancarias no ven todavía el fin al aumento de la cartera vencida y de la morosidad, por lo que serán más cautas en el otorgamiento de nuevos créditos, frente al atractivo de poder colocar su liquidez en los valores gubernamentales que sustentarán el incremento en el déficit. La estrategia de Hacienda ante esta eventualidad es impulsar la canalización de recursos para las actividades productivas a través de la banca de fomento, para lo se está planteando cambiar el criterio de registro de las operaciones de esta instituciones como de simple intermediación al sector privado, por el de pérdida esperada de crédito.
Todas las medidas que ha delineado hasta ahora la Secretaría de Hacienda no servirán para regresar a un crecimiento elevado sostenido, ya que se prevé que hasta 2012 el país podrá alcanzar nuevamente el nivel que se perderá en éste y los siguientes dos años.
Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, señaló ante los senadores que el próximo año se tendrá una fuerte merma en los ingresos del sector público. Al respecto, el secretario mencionó que la contracción financiera de 2010 será la más severa que haya enfrentado el país en los últimos veinticinco años.
El hueco en la hacienda pública se debe, en una gran proporción, al magro comportamiento del sector petrolero, derivado tanto de la disminución del precio internacional de los hidrocarburos, como por el menor volumen de producción nacional. Este último factor obedece a la sobre explotación a que se sometieron los yacimientos en el sexenio pasado, sin haber invertido en la exploración y puesta en operación de nuevos pozos petroleros.
El mayor ingreso de que dispuso la gestión gubernamental de Vicente Fox sirvió para impulsar su política social que produjo una ilusoria superación de los niveles de pobreza, pero que no ofreció ninguna solución, ni a corto ni a largo plazo. Adicionalmente, permitió a la administración foxista dotar de una mayor cantidad de recursos a los estados y municipios, sin resolver la distorsión que ha venido generando el sistema fiscal centralista. Las transferencias a estados y municipios no resolvieron el fondo del problema, pero palio cualquier problema político que hubiera tenido que enfrentar Fox.
Después de que durante los p rimeros años del gobierno foxista prácticamente se agotó el fondo de estabilización petrolera que heredó de Zedillo, el Congreso obligó a que se reconstituyera, aprovechando el auge de los precios de los hidrocarburos que duró hasta 2007. Gracias a estos recursos y a la operación de cobertura que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda a principios del año en curso, las finanzas públicas han podido sortear sin mayor problema el primer semestre, sin tener que hacer drásticos recortes en el gasto. Sin embargo, para el último trimestre del año se plantea un ajuste en el gasto corriente, que no obstante permanecerá más elevado de lo que fue el año anterior, así como modificar la tendencia que se había venido delineando en materia de precios administrados, de subsidios y de transferencias.
La menor actividad que venido registrando la economía del país se reflejará en una menor recaudación, lo cual aunado a los menores ingresos petroleros provocará una sequía en las cuentas gubernamentales, por lo que se tendrá que ajustar la estructura de la finanzas públicas. Por una parte se tendrá que recurrir a un mayor déficit, así como modificar la conformación del gasto. A l respecto, se requiere una revisión a fondo del gasto corriente, así como de los programas y políticas públicas. Al final de cuentas, se tiene que hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos, aumentando la productividad de los servicios gubernamentales y el efecto multiplicador en el resto de la economía.
Desde el punto de vista empresarial y de las familias también se enfrentará el próximo año una restricción financiera. Las instituciones bancarias no ven todavía el fin al aumento de la cartera vencida y de la morosidad, por lo que serán más cautas en el otorgamiento de nuevos créditos, frente al atractivo de poder colocar su liquidez en los valores gubernamentales que sustentarán el incremento en el déficit. La estrategia de Hacienda ante esta eventualidad es impulsar la canalización de recursos para las actividades productivas a través de la banca de fomento, para lo se está planteando cambiar el criterio de registro de las operaciones de esta instituciones como de simple intermediación al sector privado, por el de pérdida esperada de crédito.
Todas las medidas que ha delineado hasta ahora la Secretaría de Hacienda no servirán para regresar a un crecimiento elevado sostenido, ya que se prevé que hasta 2012 el país podrá alcanzar nuevamente el nivel que se perderá en éste y los siguientes dos años.
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