En medio de las discusiones que ha suscitado el medio que utilizará el Presidente Calderón para dar a conocer a la población lo que ha realizado en su tercer año de gobierno, hay que apuntar que, aunque la forma de informar ha cambiado sustancialmente, no ha sido el caso en cuanto al fondo.
En los mensajes que se han dado a conocer en los medios de comunicación y lo que hasta ahora se desprende del informe presentado por escrito al Congreso, el tono del documento continúa con el estilo de resaltar lo logrado en el año, o en todo el primer tramo del período de gobierno, comparándolo con que al respecto se realizó en el pasado.
Esta manera de informar a la población y a los otros poderes de la Unión, está en contra de la política que ha venido estableciéndose para que los programas públicos, en un principio, y posteriormente toda la actuación de las dependencias gubernamentales sean evaluadas en función de su desempeñó. De tal manera, en lugar de destacar el crecimiento que se tiene en un año respecto al anterior sobre los montos de recursos canalizados, del número de beneficiaros o de asuntos atendidos, se busca que se informe sobre el grado en que se ha resuelto un problema previamente identificado.
De acuerdo con esta metodología para evaluar la función pública, los recursos que se asignen a una dependencia o programa, se debe hacer según la prioridad que tenga la atención de la situación que pretenden modificar o del servicio que ofrecen, de tal manera que su rendición de cuentas y su evaluación será conforme a los logros de solución de un problema, de la eficiencia en la prestación de los servicios y de la satisfacción de los beneficiarios de las acciones gubernamentales.
Si se lleva a cabo un ejercicio somero de evaluación del desempeño de los primeros tres años de gobierno de Felipe Calderón, se destaca que su prioridad se ha centrado en el tema de seguridad, combatiendo el crimen y el narcotráfico. Más allá de las cifras de detenidos, de la mercancía ilegal incautada, de los muertos o de los secuestros, el problema no se ha resuelto y tal vez ni siquiera se ha debidamente dimensionado para poder aplicar medidas alternativas de solución.
Otra de las prioridades ha sido mantener la estabilidad macroeconómica, a pesar de las amenazas y choques externos. Al respecto, la capacidad y el oficio público de los equipos que comandan Agustín Carstens en Hacienda y Guillermo Ortiz en el Banco de México, se ha logrado que la turbulencia financiera no afecte al país y que la recesión económica, gracias a las medidas contracíclicas, no cause un mayor estrago en reducción de empleos.
Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Calderón la generación de nuevas plazas laborales ha estado muy por debajo de lo que requiere el país para atender el crecimiento de la población económicamente activa. De la mano de la falta de creación de empleos, se encuentra el magro crecimiento económico, el deterioro de los salarios y el aumento de la pobreza, con su consecuente presión en el gasto social y en las finanzas públicas. Al analizar los programas y dependencias que deberían atender el cumplimiento de la propuestas de campaña de Felipe Calderón, se encuentra que existe una falta de capacidad en el ejercicio del gasto en infraestructura, en la atención a la pequeñas y medianas empresas así como una desintegración de cadenas productivas y que los recursos de programas están mal focalizados para resolver la pobreza, para aumentar la producción y la productividad.
Sin inversión no puede haber crecimiento ni generación de empleos y para ello se debe contar con un clima apropiado para el desarrollo de los negocios. Al respecto, el gobierno de Calderón ha adolecido de un acuciante deterioro de la competitividad. Los obstáculos al desarrollo que supone una administración pública ineficiente, implica externalidades negativas que repercuten en un mayor costo para las empresas y un mayor gasto en la burocracia gubernamental.
Finalmente en esta rápida y somera evaluación de la primera mitad de la gestión del Presidente Calderón, se encuentra una falta de cumplimiento de la función social de intermediación que debe cumplir el sistema bancario que opera en el país. Además de la ausencia de acciones para incentivar a l banca a cumplir con esta responsabilidad ante la sociedad, el gobierno continúa auto acotado para utilizar a la banca de desarrollo como un instrumento que regule el mercado financiero y fomente la actividad económica.
A reserva de la conveniencia de dar actualmente a conocer a la población y al Congreso una detallada evaluación del desempeño de su gobierno, debe ser una prioridad para el Presidente Calderón llevarla a cabo para hacer los ajustes que permitan que la segunda mitad de su gestión ofrezca mejores resultados que los que prevén las estimaciones.
Ineficiencia Gubernamental
La encrucijada en la que se encuentran las finanzas públicas derivada de la recesión económica y de los problemas estructurales que padece el país, ha desatado una discusión sobre las medidas que debería tomar la sexagésima primera legislatura que iniciará sus actividades en septiembre próximo.
Los alcances, limitaciones y consecuencias políticas y económicas que tendrían los ajustes fiscales, tanto del lado del ingreso como del gasto, han generado una serie de propuestas. Sin embargo, poca atención se ha prestado a las medidas que requieren emprenderse para que los gobiernos federal, estatal y municipales sean más eficientes y generen menos obstáculos para el desarrollo de los negocios.
Las propuestas en el aspecto tributario, además de buscar que dejen de depender de los ingresos petroleros, deben incluir la redefinición de las facultades y obligaciones fiscales de los estados y municipios para terminar con el centralismo insaturado desde 1947.Al acercar la fuente de ingresos con la satisfacción de las necesidades de servicios y obras públicas a la comunidad, ayudará a que se exista una adecuada rendición de cuentas, a que se presione por una mayor eficiencia y a que se fortalezcan los procesos democráticos.
A pesar de la evidente necesidad de que el gobierno deje ser ineficiente, las políticas públicas, los programas y las dependencias parecen no orientarse hacia esquemas que privilegien la productividad y que generen externalidades positivas para las empresas y los ciudadanos. El sexenio pasado se destinó una cuantiosa cantidad de recursos al programa de innovación gubernamental sin que se tenga ningún resultado palpable, pero se ha premiado al responsable con un escaño en el Senado, en lugar de exigirle que rinda cuentas ante la sociedad.
Entre las medidas que cuentan con el mayor consenso entre legisladores y líderes empresariales es el concerniente a que el recorte presupuestal de este año y la disminución que tendrá el del próximo sea en gasto corriente, además de que se acoten las percepciones de los altos mandos de la administración pública. Sin embargo, para la asignación de los recursos no se plantea que se lleve a cabo tomando en cuenta un criterio de mejoramiento de la eficiencia en el ejercicio de las funciones gubernamentales, La disminución de los obstáculos para el desarrollo de los negocios y el mayor efecto multiplicar del gasto constituye uno de los factores que pueden ayudar a que el país recupere su dinamismo económico en un menor tiempo y que pueda sostenerse por un largo período.
La evaluación del desempeño de programas y dependencias públicas puede llevar a fundamentar su desaparición o la modificación de las políticas gubernamentales. Tal es el caso de la Secretaría de la Función Pública y de la contralorías que tiene incrustadas en las distintas instancias gubernamentales, que en realidad son reductos de interese panistas que solo obstaculizan el funcionamiento del ejercicio gubernamental. La corrupción y el favoritismo de incondicionales de los que ejercen el poder ha aumentado en los últimos años, en lugar de disminuir. La desaparición de un institución que ha demostrado no solamente su inutilidad, sino que constituye un serio obstáculo para el adecuado ejercicio de las funciones y del gasto público podría dar pié a un fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación como un órgano autónomo que garantice la transparencia e imparcialidad en la vigilancia del funcionamiento ye la eficiencia gubernamental.
A su vez, de hacerse las asignación de las transferencias presupuestales a los gobiernos locales con base en programas que busquen mejorar la eficiencia, seguramente se avanzaría en resolver la situación que priva en las administraciones estales y municipales, dándole un nueva dimensión a las transferencias de los recursos federales
Los alcances, limitaciones y consecuencias políticas y económicas que tendrían los ajustes fiscales, tanto del lado del ingreso como del gasto, han generado una serie de propuestas. Sin embargo, poca atención se ha prestado a las medidas que requieren emprenderse para que los gobiernos federal, estatal y municipales sean más eficientes y generen menos obstáculos para el desarrollo de los negocios.
Las propuestas en el aspecto tributario, además de buscar que dejen de depender de los ingresos petroleros, deben incluir la redefinición de las facultades y obligaciones fiscales de los estados y municipios para terminar con el centralismo insaturado desde 1947.Al acercar la fuente de ingresos con la satisfacción de las necesidades de servicios y obras públicas a la comunidad, ayudará a que se exista una adecuada rendición de cuentas, a que se presione por una mayor eficiencia y a que se fortalezcan los procesos democráticos.
A pesar de la evidente necesidad de que el gobierno deje ser ineficiente, las políticas públicas, los programas y las dependencias parecen no orientarse hacia esquemas que privilegien la productividad y que generen externalidades positivas para las empresas y los ciudadanos. El sexenio pasado se destinó una cuantiosa cantidad de recursos al programa de innovación gubernamental sin que se tenga ningún resultado palpable, pero se ha premiado al responsable con un escaño en el Senado, en lugar de exigirle que rinda cuentas ante la sociedad.
Entre las medidas que cuentan con el mayor consenso entre legisladores y líderes empresariales es el concerniente a que el recorte presupuestal de este año y la disminución que tendrá el del próximo sea en gasto corriente, además de que se acoten las percepciones de los altos mandos de la administración pública. Sin embargo, para la asignación de los recursos no se plantea que se lleve a cabo tomando en cuenta un criterio de mejoramiento de la eficiencia en el ejercicio de las funciones gubernamentales, La disminución de los obstáculos para el desarrollo de los negocios y el mayor efecto multiplicar del gasto constituye uno de los factores que pueden ayudar a que el país recupere su dinamismo económico en un menor tiempo y que pueda sostenerse por un largo período.
La evaluación del desempeño de programas y dependencias públicas puede llevar a fundamentar su desaparición o la modificación de las políticas gubernamentales. Tal es el caso de la Secretaría de la Función Pública y de la contralorías que tiene incrustadas en las distintas instancias gubernamentales, que en realidad son reductos de interese panistas que solo obstaculizan el funcionamiento del ejercicio gubernamental. La corrupción y el favoritismo de incondicionales de los que ejercen el poder ha aumentado en los últimos años, en lugar de disminuir. La desaparición de un institución que ha demostrado no solamente su inutilidad, sino que constituye un serio obstáculo para el adecuado ejercicio de las funciones y del gasto público podría dar pié a un fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación como un órgano autónomo que garantice la transparencia e imparcialidad en la vigilancia del funcionamiento ye la eficiencia gubernamental.
A su vez, de hacerse las asignación de las transferencias presupuestales a los gobiernos locales con base en programas que busquen mejorar la eficiencia, seguramente se avanzaría en resolver la situación que priva en las administraciones estales y municipales, dándole un nueva dimensión a las transferencias de los recursos federales
Restricción Financiera en 2010
A pesar de los signos alentadores sobre el desempeño de la economía norteamericana, se prevé que el próximo año en México se vivirá una fuerte restricción financiera.
Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, señaló ante los senadores que el próximo año se tendrá una fuerte merma en los ingresos del sector público. Al respecto, el secretario mencionó que la contracción financiera de 2010 será la más severa que haya enfrentado el país en los últimos veinticinco años.
El hueco en la hacienda pública se debe, en una gran proporción, al magro comportamiento del sector petrolero, derivado tanto de la disminución del precio internacional de los hidrocarburos, como por el menor volumen de producción nacional. Este último factor obedece a la sobre explotación a que se sometieron los yacimientos en el sexenio pasado, sin haber invertido en la exploración y puesta en operación de nuevos pozos petroleros.
El mayor ingreso de que dispuso la gestión gubernamental de Vicente Fox sirvió para impulsar su política social que produjo una ilusoria superación de los niveles de pobreza, pero que no ofreció ninguna solución, ni a corto ni a largo plazo. Adicionalmente, permitió a la administración foxista dotar de una mayor cantidad de recursos a los estados y municipios, sin resolver la distorsión que ha venido generando el sistema fiscal centralista. Las transferencias a estados y municipios no resolvieron el fondo del problema, pero palio cualquier problema político que hubiera tenido que enfrentar Fox.
Después de que durante los p rimeros años del gobierno foxista prácticamente se agotó el fondo de estabilización petrolera que heredó de Zedillo, el Congreso obligó a que se reconstituyera, aprovechando el auge de los precios de los hidrocarburos que duró hasta 2007. Gracias a estos recursos y a la operación de cobertura que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda a principios del año en curso, las finanzas públicas han podido sortear sin mayor problema el primer semestre, sin tener que hacer drásticos recortes en el gasto. Sin embargo, para el último trimestre del año se plantea un ajuste en el gasto corriente, que no obstante permanecerá más elevado de lo que fue el año anterior, así como modificar la tendencia que se había venido delineando en materia de precios administrados, de subsidios y de transferencias.
La menor actividad que venido registrando la economía del país se reflejará en una menor recaudación, lo cual aunado a los menores ingresos petroleros provocará una sequía en las cuentas gubernamentales, por lo que se tendrá que ajustar la estructura de la finanzas públicas. Por una parte se tendrá que recurrir a un mayor déficit, así como modificar la conformación del gasto. A l respecto, se requiere una revisión a fondo del gasto corriente, así como de los programas y políticas públicas. Al final de cuentas, se tiene que hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos, aumentando la productividad de los servicios gubernamentales y el efecto multiplicador en el resto de la economía.
Desde el punto de vista empresarial y de las familias también se enfrentará el próximo año una restricción financiera. Las instituciones bancarias no ven todavía el fin al aumento de la cartera vencida y de la morosidad, por lo que serán más cautas en el otorgamiento de nuevos créditos, frente al atractivo de poder colocar su liquidez en los valores gubernamentales que sustentarán el incremento en el déficit. La estrategia de Hacienda ante esta eventualidad es impulsar la canalización de recursos para las actividades productivas a través de la banca de fomento, para lo se está planteando cambiar el criterio de registro de las operaciones de esta instituciones como de simple intermediación al sector privado, por el de pérdida esperada de crédito.
Todas las medidas que ha delineado hasta ahora la Secretaría de Hacienda no servirán para regresar a un crecimiento elevado sostenido, ya que se prevé que hasta 2012 el país podrá alcanzar nuevamente el nivel que se perderá en éste y los siguientes dos años.
Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, señaló ante los senadores que el próximo año se tendrá una fuerte merma en los ingresos del sector público. Al respecto, el secretario mencionó que la contracción financiera de 2010 será la más severa que haya enfrentado el país en los últimos veinticinco años.
El hueco en la hacienda pública se debe, en una gran proporción, al magro comportamiento del sector petrolero, derivado tanto de la disminución del precio internacional de los hidrocarburos, como por el menor volumen de producción nacional. Este último factor obedece a la sobre explotación a que se sometieron los yacimientos en el sexenio pasado, sin haber invertido en la exploración y puesta en operación de nuevos pozos petroleros.
El mayor ingreso de que dispuso la gestión gubernamental de Vicente Fox sirvió para impulsar su política social que produjo una ilusoria superación de los niveles de pobreza, pero que no ofreció ninguna solución, ni a corto ni a largo plazo. Adicionalmente, permitió a la administración foxista dotar de una mayor cantidad de recursos a los estados y municipios, sin resolver la distorsión que ha venido generando el sistema fiscal centralista. Las transferencias a estados y municipios no resolvieron el fondo del problema, pero palio cualquier problema político que hubiera tenido que enfrentar Fox.
Después de que durante los p rimeros años del gobierno foxista prácticamente se agotó el fondo de estabilización petrolera que heredó de Zedillo, el Congreso obligó a que se reconstituyera, aprovechando el auge de los precios de los hidrocarburos que duró hasta 2007. Gracias a estos recursos y a la operación de cobertura que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda a principios del año en curso, las finanzas públicas han podido sortear sin mayor problema el primer semestre, sin tener que hacer drásticos recortes en el gasto. Sin embargo, para el último trimestre del año se plantea un ajuste en el gasto corriente, que no obstante permanecerá más elevado de lo que fue el año anterior, así como modificar la tendencia que se había venido delineando en materia de precios administrados, de subsidios y de transferencias.
La menor actividad que venido registrando la economía del país se reflejará en una menor recaudación, lo cual aunado a los menores ingresos petroleros provocará una sequía en las cuentas gubernamentales, por lo que se tendrá que ajustar la estructura de la finanzas públicas. Por una parte se tendrá que recurrir a un mayor déficit, así como modificar la conformación del gasto. A l respecto, se requiere una revisión a fondo del gasto corriente, así como de los programas y políticas públicas. Al final de cuentas, se tiene que hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos, aumentando la productividad de los servicios gubernamentales y el efecto multiplicador en el resto de la economía.
Desde el punto de vista empresarial y de las familias también se enfrentará el próximo año una restricción financiera. Las instituciones bancarias no ven todavía el fin al aumento de la cartera vencida y de la morosidad, por lo que serán más cautas en el otorgamiento de nuevos créditos, frente al atractivo de poder colocar su liquidez en los valores gubernamentales que sustentarán el incremento en el déficit. La estrategia de Hacienda ante esta eventualidad es impulsar la canalización de recursos para las actividades productivas a través de la banca de fomento, para lo se está planteando cambiar el criterio de registro de las operaciones de esta instituciones como de simple intermediación al sector privado, por el de pérdida esperada de crédito.
Todas las medidas que ha delineado hasta ahora la Secretaría de Hacienda no servirán para regresar a un crecimiento elevado sostenido, ya que se prevé que hasta 2012 el país podrá alcanzar nuevamente el nivel que se perderá en éste y los siguientes dos años.
Finanzas Públicas Vulnerables
En el reporte de la Secretaría de Hacienda de esta semana se aduce que la debilidad que presentan las finanzas públicas es un reflejo de la crisis financiera y de la recesión económica que afecta al país. La disminución de la actividad económica, así como la baja en el precio del petróleo han afectado los ingresos tributarios, situación que se transmite a las finanzas de los estados y municipios mediante la drástica reducción en las participaciones en los impuestos federales.
Por su parte, el gasto público federal se encuentra entrampado en los crecientes recursos que se requieren canalizar a la política social para atenuar los estragos de la crisis en la población más desprotegida, pero sin lograr resolver el fondo que origina los altos niveles de pobreza.
Adicionalmente, la propia Secretaría de Hacienda reconoce que existe un serio problema en el desproporcionado gasto burocrático, ya que “las erogaciones en servicios personales para cumplir con funciones burocráticas representaron el 10.5 por ciento, destacando el incremento de 25.1 por ciento real anual del rubro de orden seguridad y justicia. Así, de cada diez pesos que el sector público gasta en sueldos y salarios, siete son para remunerar funcionarios dedicados al desarrollo social, dos a funcionarios dedicados al desarrollo económico y uno a personal que cumple funciones de administración pública.”
La distorsión en el gasto que reconoce la autoridad financiera del país, se suma a la ineficiencia en el ejercicio del gasto y en el desempeño de las funciones públicas, lo cual en lugar de generar externalidades positivas que favorezcan un clima de productividad para el desarrollo de los negocios y de la vida cotidiana, constituyen un obstáculo. Cada vez es mayor la violencia y la inseguridad en el país, los requerimientos y trámites para cualquier gestión de los servicios y bienes que deben proporcionar los distintos niveles de gobierno están plagados de vericuetos, corrupción y desinterés de los servidores públicos.
De tal manera, la solución a la problemática de los ingresos públicos va más allá de una simple reforma a las leyes tributarias que homogenicen el IVA o que eleven las tasas impositivas. La coyuntura ha puesto de manifiesto que lo que se requiere es una verdadera transformación de la administración pública con funcionarios capaces y personal comprometido en brindar servicios de calidad a la ciudadanía.
La falla estructural de las finanzas públicas abarca también al centralismo fiscal que es utilizado como arma política por el gobierno en turno ante las autoridades estatales y municipales. Asimismo se extiende al sector paraestatal que ejerce con descuido e ineficiencia sus responsabilidades, como el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que además de haberse expuesto como la institución que contaba con el trámite burocrático más inútil, la falta de supervisión y la irresponsabilidad de su directivos ocasiona tragedias como la reciente en la guardería de Sonora., sin que se castigue a los responsables, sino que hasta se les premia con otros cargos en el gabinete del Presidente Calderón.
La discusión en torno a los subsidios y a los precios administrados, como vía de solución de la problemática de las finanzas públicas, se enfrenta a la disyuntiva de un aumento en la inflación y a un deterioro mayor de los ingresos de las familias. La prioridad debería darse en las fugas y fallas que presentan los organismos y dependencias encargados de distribuir los subsidios y de prestar los bienes y servicios públicos.
Resulta totalmente contradictorio que mientras se gastan miles de millones en el combate al narcotráfico, la Secretaría de Agricultura beneficie los cultivos de narcotraficantes con el PROCAMPO. Asimismo, se presiona para que se aumenten los precios de los hidrocarburos, mientras que PEMEX no lleva a cabo ninguna acción para impedir la extracción ilegal de los hidrocarburos. Se busca aumentar las tarifas de suministro de agua, mientras las autoridades permiten fugas, tomas clandestinas y la explotación irracional de los acuíferos. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro pugnan por disminuir el subsidio a los hogares, mientras que proliferan “los diablitos”.
Las crisis no solamente ponen de manifiesto las fallas de los mercados y de la administración pública, sino que exponen la vulnerabilidad estructural sobre la que funcionan, por lo que se requiere algo más que simples remiendos, para fortalecer las bases en que se sustenta el desarrollo de las actividades económicas y de la vida cotidiana.
Por su parte, el gasto público federal se encuentra entrampado en los crecientes recursos que se requieren canalizar a la política social para atenuar los estragos de la crisis en la población más desprotegida, pero sin lograr resolver el fondo que origina los altos niveles de pobreza.
Adicionalmente, la propia Secretaría de Hacienda reconoce que existe un serio problema en el desproporcionado gasto burocrático, ya que “las erogaciones en servicios personales para cumplir con funciones burocráticas representaron el 10.5 por ciento, destacando el incremento de 25.1 por ciento real anual del rubro de orden seguridad y justicia. Así, de cada diez pesos que el sector público gasta en sueldos y salarios, siete son para remunerar funcionarios dedicados al desarrollo social, dos a funcionarios dedicados al desarrollo económico y uno a personal que cumple funciones de administración pública.”
La distorsión en el gasto que reconoce la autoridad financiera del país, se suma a la ineficiencia en el ejercicio del gasto y en el desempeño de las funciones públicas, lo cual en lugar de generar externalidades positivas que favorezcan un clima de productividad para el desarrollo de los negocios y de la vida cotidiana, constituyen un obstáculo. Cada vez es mayor la violencia y la inseguridad en el país, los requerimientos y trámites para cualquier gestión de los servicios y bienes que deben proporcionar los distintos niveles de gobierno están plagados de vericuetos, corrupción y desinterés de los servidores públicos.
De tal manera, la solución a la problemática de los ingresos públicos va más allá de una simple reforma a las leyes tributarias que homogenicen el IVA o que eleven las tasas impositivas. La coyuntura ha puesto de manifiesto que lo que se requiere es una verdadera transformación de la administración pública con funcionarios capaces y personal comprometido en brindar servicios de calidad a la ciudadanía.
La falla estructural de las finanzas públicas abarca también al centralismo fiscal que es utilizado como arma política por el gobierno en turno ante las autoridades estatales y municipales. Asimismo se extiende al sector paraestatal que ejerce con descuido e ineficiencia sus responsabilidades, como el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que además de haberse expuesto como la institución que contaba con el trámite burocrático más inútil, la falta de supervisión y la irresponsabilidad de su directivos ocasiona tragedias como la reciente en la guardería de Sonora., sin que se castigue a los responsables, sino que hasta se les premia con otros cargos en el gabinete del Presidente Calderón.
La discusión en torno a los subsidios y a los precios administrados, como vía de solución de la problemática de las finanzas públicas, se enfrenta a la disyuntiva de un aumento en la inflación y a un deterioro mayor de los ingresos de las familias. La prioridad debería darse en las fugas y fallas que presentan los organismos y dependencias encargados de distribuir los subsidios y de prestar los bienes y servicios públicos.
Resulta totalmente contradictorio que mientras se gastan miles de millones en el combate al narcotráfico, la Secretaría de Agricultura beneficie los cultivos de narcotraficantes con el PROCAMPO. Asimismo, se presiona para que se aumenten los precios de los hidrocarburos, mientras que PEMEX no lleva a cabo ninguna acción para impedir la extracción ilegal de los hidrocarburos. Se busca aumentar las tarifas de suministro de agua, mientras las autoridades permiten fugas, tomas clandestinas y la explotación irracional de los acuíferos. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro pugnan por disminuir el subsidio a los hogares, mientras que proliferan “los diablitos”.
Las crisis no solamente ponen de manifiesto las fallas de los mercados y de la administración pública, sino que exponen la vulnerabilidad estructural sobre la que funcionan, por lo que se requiere algo más que simples remiendos, para fortalecer las bases en que se sustenta el desarrollo de las actividades económicas y de la vida cotidiana.
El Sector Financiero Frente a la Crisis y la Recesión
A fines de la semana pasada, el Banco de México dio a conocer el Reporte sobre el Sector Financiero del país, correspondiente a este año y que analiza el comportamiento del sector financiero durante el año pasado y el primer cuatrimestre del presente,
La primera gran conclusión que presenta el documento consiste en resaltar que a pesar de lo tiempos difíciles por lo que ha venido atravesando la economía mundial desde el año 2008, los efectos de contagio de la crisis y la afectación sobre el sector financiero han sido relativamente leves, gracias a los avances que se han venido dando desde 1995 en materia de regulación, supervisión y creación de reservas preventivas.
Sin embargo, dado que la economía del país es una de las economías que han mostrado una mayor dinámica de integración a la mundialización en los últimos años, la recesión norteamericana, la disminución en la confianza del consumidor y la creciente aversión al riesgo, han provocado una disminución en las exportaciones, en las remesas de los trabajadores migratorios y en los flujos financieros, que han redundado en la disminución de las actividades productivas y en el aumento del desempleo.
En términos de política económica, los especialistas reconocen que la mejor defensa que puede tener una cualquier economía frente a una crisis que provenga del exterior, consiste en no empeñarse en mantener el tipo de cambio en un nivel determinado, sino que solo se debe evitar que se presente una excesiva volatilidad, así como no imponer obstáculos al comercio exterior. A partir del equilibrio coyuntural del mercado, el país puede llevar a cabo una política fiscal que promueva la producción y el empleo.
En el caso de México, ha funcionado bien la primera parte de la política recomendada, sin embargo, la inflexibilidad tributaria y en el manejo de los requerimientos financieros del sector público, así como la falta de eficiencia en el ejercicio del gasto destinado a contrarrestar la fase descendente del ciclo, ha generado que tengamos que enfrentar una fuerte contracción, altos niveles de desempleo y el crecimiento de las actividades informales.
El deterioro de las actividades productivas, más que un contagio externo es lo que según el Banco de México, está afectando al sector financiero, a pesar de que el país es el que ha mostrado un mayor dinamismo en la integración en la globalización financiera y que el 82 por ciento del total de los activos de la banca, es controlado por instituciones financieras del exterior.
De tal manera, el sistema bancario que opera en el país, está teniendo que hacer frente a un incremento en la cartera vencida, la que medida según el indicador de morosidad ajustado, ha pasado de 13.4 por ciento en marzo de 2008 a 20.7 por ciento en marzo de este año para los créditos al consumo, mientras que la cartera empresarial ha pasado de 1.4 a 2.1 por ciento en igual período.
A pesar de la baja en el margen de intermediación que ha venido presentado la banca, el nivel de sus utilidades durante los primeros cuatro meses de este año, según las cifras que presenta el Reporte sobre el Sistema financiero, muestran una tendencia a recuperarse de la disminución que sufrieron el año pasado. Entre los factores que influyen en las mejores expectativas del sector bancario se encuentra el alto nivel que representa en sus activos la tenencia de valores gubernamentales, exentos de todo riesgo y de requerimiento de generación de reservas preventivas. Sin embargo, el valor en riesgo que se ha venido calculado diariamente muestra tendencia al alza, por lo que se recomienda una política de cautela en la gestión de las instituciones crediticias.
Finalmente, Banco de México estima que el déficit del sector público, medido por los requerimientos financieros, ha venido disminuyendo, sin considerar el efecto de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE, pero que tendrá que aumentar por un mayor dinamismo en la intermediación que lleva a cabo la banca de desarrollo para suplir la diminución del crédito de la banca comercial a las actividades empresariales, así como por las obras y servicios públicos que se llevan a cabo bajo esquemas que se consideran “fuera de balance”
La primera gran conclusión que presenta el documento consiste en resaltar que a pesar de lo tiempos difíciles por lo que ha venido atravesando la economía mundial desde el año 2008, los efectos de contagio de la crisis y la afectación sobre el sector financiero han sido relativamente leves, gracias a los avances que se han venido dando desde 1995 en materia de regulación, supervisión y creación de reservas preventivas.
Sin embargo, dado que la economía del país es una de las economías que han mostrado una mayor dinámica de integración a la mundialización en los últimos años, la recesión norteamericana, la disminución en la confianza del consumidor y la creciente aversión al riesgo, han provocado una disminución en las exportaciones, en las remesas de los trabajadores migratorios y en los flujos financieros, que han redundado en la disminución de las actividades productivas y en el aumento del desempleo.
En términos de política económica, los especialistas reconocen que la mejor defensa que puede tener una cualquier economía frente a una crisis que provenga del exterior, consiste en no empeñarse en mantener el tipo de cambio en un nivel determinado, sino que solo se debe evitar que se presente una excesiva volatilidad, así como no imponer obstáculos al comercio exterior. A partir del equilibrio coyuntural del mercado, el país puede llevar a cabo una política fiscal que promueva la producción y el empleo.
En el caso de México, ha funcionado bien la primera parte de la política recomendada, sin embargo, la inflexibilidad tributaria y en el manejo de los requerimientos financieros del sector público, así como la falta de eficiencia en el ejercicio del gasto destinado a contrarrestar la fase descendente del ciclo, ha generado que tengamos que enfrentar una fuerte contracción, altos niveles de desempleo y el crecimiento de las actividades informales.
El deterioro de las actividades productivas, más que un contagio externo es lo que según el Banco de México, está afectando al sector financiero, a pesar de que el país es el que ha mostrado un mayor dinamismo en la integración en la globalización financiera y que el 82 por ciento del total de los activos de la banca, es controlado por instituciones financieras del exterior.
De tal manera, el sistema bancario que opera en el país, está teniendo que hacer frente a un incremento en la cartera vencida, la que medida según el indicador de morosidad ajustado, ha pasado de 13.4 por ciento en marzo de 2008 a 20.7 por ciento en marzo de este año para los créditos al consumo, mientras que la cartera empresarial ha pasado de 1.4 a 2.1 por ciento en igual período.
A pesar de la baja en el margen de intermediación que ha venido presentado la banca, el nivel de sus utilidades durante los primeros cuatro meses de este año, según las cifras que presenta el Reporte sobre el Sistema financiero, muestran una tendencia a recuperarse de la disminución que sufrieron el año pasado. Entre los factores que influyen en las mejores expectativas del sector bancario se encuentra el alto nivel que representa en sus activos la tenencia de valores gubernamentales, exentos de todo riesgo y de requerimiento de generación de reservas preventivas. Sin embargo, el valor en riesgo que se ha venido calculado diariamente muestra tendencia al alza, por lo que se recomienda una política de cautela en la gestión de las instituciones crediticias.
Finalmente, Banco de México estima que el déficit del sector público, medido por los requerimientos financieros, ha venido disminuyendo, sin considerar el efecto de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE, pero que tendrá que aumentar por un mayor dinamismo en la intermediación que lleva a cabo la banca de desarrollo para suplir la diminución del crédito de la banca comercial a las actividades empresariales, así como por las obras y servicios públicos que se llevan a cabo bajo esquemas que se consideran “fuera de balance”
Nuevo Modelo Productivo para el Sector Rural
Ahora que se acaban de dar a conocer las cifras sobre la drástica reducción económica durante el primer semestre del año, así como de los altos niveles de desempleo que se han alcanzado, se pone de mayor relieve la ineficacia de las políticas públicas incoherentes, que adolecen de un mínimo de planeación y de visión de conjunto y de largo plazo en la acción gubernamental.
La proliferación de programas de subsidios de corte clientelar y asistencial que ha caracterizado a los dos últimos gobiernos federales, sólo han conseguido paliar momentáneamente los niveles de pobreza y marginación, al grado de que en los dos últimos años, aún cuando la economía mundial no entraba en recesión, la pobreza en el país aumentó en cerca de cinco por ciento, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (CONEVAL).
Al parecer, los únicos programas que aumentan la población objetivo a que van dirigidos son los que opera la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), ya que a mayor cantidad de pobres, más beneficiarios potenciales deben atender sus programas y más recursos abultan su presupuesto.
Ante este panorama, llama la atención la visión del subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Jeffrey Max Jones Jones, quien se encuentra empeñado en reconvertir los subsidios que se destinan al sector rural. El planteamiento consiste en reconocer que los subsidios generan inequidades y no siempre se destinan a quien más los necesita. De hecho, el subsecretario Jones reconoce que algunos productores rurales reciben apoyos hasta 70 veces, mientras que otros se quedan rezagados.
La propuesta consiste en que los 70 mil millones de pesos que anualmente destina SAGARPA a subsidios, se canalicen a apoyar proyectos productivos con orientación de mercado que generen mayores ingresos a los productores y que beneficien a los consumidores. El campo mexicano debe convertirse en un sector competitivo y redituable que ofrezca empleos remuneradores a través de la integración de cadenas de valor en los sistemas producto.
La importancia de esta propuesta se puede aquilatar en la coyuntura actual en que se prevé una contracción en los ingresos públicos y en que se requieren esfuerzos para hacer un ejercicio más eficiente del gasto. La política monetaria está llegando a su máximo nivel de flexibilización, según lo ha anunciado el Banco de México, mientras que en materia fiscal se ve difícil aumentar los ingresos tributarios o aumentar mayormente el endeudamiento público.
De tal manera, se impone una reconversión del gasto público, no solo en el sector rural, sino también en los programas de infraestructura y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, una pieza fundamental para lograr la recuperación del dinamismo económico se encuentra en la canalización de recursos crediticios por parte del sector bancario y en una intensa actividad de auténtico fomento económico por parte de la banca de desarrollo.
La propuesta del subsecretario Jones es un primer paso que se encuentra acorde a lo que la nueva mayoría del PRI en la Cámara de Diputados pretende definir como la nueva vía del desarrollo nacional.
La proliferación de programas de subsidios de corte clientelar y asistencial que ha caracterizado a los dos últimos gobiernos federales, sólo han conseguido paliar momentáneamente los niveles de pobreza y marginación, al grado de que en los dos últimos años, aún cuando la economía mundial no entraba en recesión, la pobreza en el país aumentó en cerca de cinco por ciento, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (CONEVAL).
Al parecer, los únicos programas que aumentan la población objetivo a que van dirigidos son los que opera la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), ya que a mayor cantidad de pobres, más beneficiarios potenciales deben atender sus programas y más recursos abultan su presupuesto.
Ante este panorama, llama la atención la visión del subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Jeffrey Max Jones Jones, quien se encuentra empeñado en reconvertir los subsidios que se destinan al sector rural. El planteamiento consiste en reconocer que los subsidios generan inequidades y no siempre se destinan a quien más los necesita. De hecho, el subsecretario Jones reconoce que algunos productores rurales reciben apoyos hasta 70 veces, mientras que otros se quedan rezagados.
La propuesta consiste en que los 70 mil millones de pesos que anualmente destina SAGARPA a subsidios, se canalicen a apoyar proyectos productivos con orientación de mercado que generen mayores ingresos a los productores y que beneficien a los consumidores. El campo mexicano debe convertirse en un sector competitivo y redituable que ofrezca empleos remuneradores a través de la integración de cadenas de valor en los sistemas producto.
La importancia de esta propuesta se puede aquilatar en la coyuntura actual en que se prevé una contracción en los ingresos públicos y en que se requieren esfuerzos para hacer un ejercicio más eficiente del gasto. La política monetaria está llegando a su máximo nivel de flexibilización, según lo ha anunciado el Banco de México, mientras que en materia fiscal se ve difícil aumentar los ingresos tributarios o aumentar mayormente el endeudamiento público.
De tal manera, se impone una reconversión del gasto público, no solo en el sector rural, sino también en los programas de infraestructura y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, una pieza fundamental para lograr la recuperación del dinamismo económico se encuentra en la canalización de recursos crediticios por parte del sector bancario y en una intensa actividad de auténtico fomento económico por parte de la banca de desarrollo.
La propuesta del subsecretario Jones es un primer paso que se encuentra acorde a lo que la nueva mayoría del PRI en la Cámara de Diputados pretende definir como la nueva vía del desarrollo nacional.
La Vía Mexicana del Desarrollo
Los resultados de las votaciones están dejando a los distintos sectores de la población una lectura sobre la urgencia de tomar medidas que permitan superar la recesión económica, el desempleo y la inseguridad. Al respecto, se ha generado una discusión sobre cuáles deben ser las medidas que conduzcan a un crecimiento sostenido, con seguridad y empleo.
La propuesta del PRI, partido que obtuvo la mayoría en el Congreso y en las elecciones locales, de encontrar una vía que permita al país superar los graves desafíos de aumentar el empleo y mejorar los ingresos de las familias en un proceso que pueda mantenerse a largo plazo, ha ocasionado que muchos analistas se refieran a que seguramente se estaría tratando de regresar al modelo proteccionista con una alta participación del Estado en la economía. Sin embargo, también existen los que consideran que se trataría de adoptar la tendencia generada en Gran Bretaña y que se llamó la tercera vía. Finalmente, también se considera que el PRI podría llegar a proponer una estrategia que sería una cuarta vía.
A su vez, las medidas que se consideran urgentes e indispensables, van desde llevar a cabo la serie de reformas pendientes que no pudo sacar adelante el Presidente Calderón cuando contó con la mayoría del PAN en el Congreso durante el primer trienio de su mandato, hasta aquellas que consideran que lo que debe ser prioritario es contar con un gobierno eficiente que pueda instrumentar las medias que hasta ahora se han aprobado.
En realidad, habría que partir de las causas que han ocasionado que México sea el país que ha sido más afectado por la recesión de Estado Unidos. La decisión de aceptar una integración pasiva a la economía norteamericana rindió buenos frutos en tiempos de auge, pero se refleja con una contracción más severa en la etapa de descenso del ciclo de negocios.
La adopción mecánica de medidas para que México funcione como una economía de mercado, aún de carácter emergente, ha sido una receta enseñada en muchas escuelas de economía y de negocios, así como en otras de orientación técnica. Esta formación de los recursos, que se han asimilado a las estructuras del gobierno y de las empresas, no cuenta con la preparación ni la vocación de innovación, base para poder ser competitivos en el mercado mundial.
Por otra parte, se debe reconocer que de poco servirían las reformas fiscal, energéticas, financiera, laboral y de Estado, si el gobierno en turno carece de la capacidad para ponerlas en ejecución. Tal ha si el caso de numerosas medias en materia del gasto público, impositivas y de seguridad. Adicionalmente, tampoco se cuenta con la voluntad de los distintos sectores de la población de asumir los riesgos, costos y responsabilidades que entrañarían las reformas.
Hasta ahora se ha convocado a una serie de foros, de seminarios y de encuentros para discutir cómo salir de la crisis, cómo volver a crecer, cómo impulsar a las pequeñas y medianas empresas, cómo se pude reactivar el crédito, cuál debe ser la política económica, entre muchos otros temas. De tal manera, ya existe material, tanto de estos eventos, como de los estudios que debe haber realizado la Fundación Colosio de PRI, para que se pueda pasar al campo de la construcción de acuerdos.
Los acuerdos, tienen que ser no solamente de carácter político entre el gobierno federal, los estatales y los partidos políticos, sino que también deben involucrar a los empresarios, al sector financiero, a las organizaciones laborales, a los centros de enseñanza superior y a los medios de comunicación, para que asuman los compromisos y obligaciones que se derivarán de una mayor contribución a las finanzas públicas, de un mejor servicio público, de una mayor eficiencia en la regulación y eficiencia de los mercados, de una política de fomento a las actividades productivas, de una mejor enseñanza, de un apoyo irrestricto a la investigación y formación de recursos humanos capaces de innovar; en fin, de construir un amplio acuerdo que abarque a toda la nación.
La vía mexicana para el desarrollo no debe circunscribirse a lo pueda hacer un partido en materia legislativa, sino que debe ser un esfuerzo compartido con el gobierno y los partidos políticos para involucrar a toda la sociedad.
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