Impuestos y clase media

Los contribuyentes cautivos de ingreso medio son los principales afectados por el deficiente sistema tributario mexicano

Periódico Reforma-Ciudad de México (31 enero 2010). En la discusión teórica sobre el nivel óptimo de los impuestos, para que no causen distorsiones y al mismo tiempo sean equitativos, siempre existe un grupo de contribuyentes y consumidores que sale perdiendo respecto de otros agentes económicos. El tema tributario se debe ver conjuntamente con el efecto redistributivo que puede tener el gasto público, que en muchos casos agrava las distorsiones, ya sea que afecten a la producción o al consumo.

La clase media (integrada por causantes cautivos que no tienen la posibilidad de disminuir sus ingresos sujetos al cobro de impuestos, ni de trasladar el impuesto, ni tampoco tienen flexibilidad para aumentar sus percepciones) es la que se ve más afectada con las distorsiones que causa un sistema tributario poco eficiente.

En México, los efectos que el sistema tributario federal y local tienen sobre los agentes económicos, dada su complejidad, así como las crecientes actividades que se llevan a cabo en la economía informal, generan que sea la clase media que recibe ingresos fijos superiores a 9 mil pesos mensuales la que cargue con el mayor "peso muerto", como definen los especialistas las desventajas que significan los impuestos. La situación se agrava si se toma en cuenta el destino del gasto, que tiende a provocar una redistribución mediante los programas sociales de corte asistencial, en lugar de incentivar la producción, el ahorro y la generación de empleos.

La desigual distribución del ingreso, así como la estructura del gasto de las familias, origina que exista una falta de equidad en el reparto de la carga fiscal, sobre todo en los causantes cautivos. Por una parte, las clases medias con ingresos fijos se ubican en los rangos mayores de causación de impuesto, lo que permite que exista una progresividad y que se cumpla el principio de quien más gana pague más.

Sin embargo, por el lado de los gravámenes al consumo se presenta una situación regresiva: aunque las familias de ingresos mayores dedican una menor proporción de su ingreso a su gasto corriente, los artículos que adquieren están sujetos al pago del impuesto al valor agregado y a los especiales que gravan la producción. En contraparte, las familias de menores ingresos, además de que gastan más de lo que perciben como sueldos y salarios gracias a las transferencias de los programas sociales, adquieren sus productos en mayor medida en los mercados informales que se encuentran al margen de la fiscalización por parte de las autoridades. Esta situación se encuentra documentada en la tesis La Carga Fiscal de la Clase Trabajadora en México , presentada en octubre del 2009 por Ana Lilia Ponce de León en la Facultad de Economía de la UNAM.

Con el actual sistema tributario, las finanzas públicas se sustentan, en cuanto a las personas físicas, en cerca de 60 por ciento en los causantes que perciben más de 9 mil pesos mensuales –tanto por el lado de los impuestos al ingreso como por el lado del consumo–, en este sector se ubican además aquellos que deben recurrir a compensar con gastos adicionales los deficientes servicios que les presta el aparato gubernamental.

La disyuntiva que se presenta entre equidad y eficiencia es un tema recurrente en autores como el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, que plantea que mientras la progresividad impone mayores impuestos a los que perciben mayores ingresos, al mismo tiempo se generan incentivos negativos para aumentar el trabajo y los mayores ingresos que pudieran recibir. Por su parte, el gasto público en los programas de carácter social propicia que las personas se preocupen menos por llevar a cabo una actividad remunerada, ante la facilidad de obtener las transferencias que les otorgan los programas gubernamentales.

En la Constitución del país se establece que los impuestos deben dedicarse a contribuir a cubrir los gastos públicos, lo cual pone en la discusión el destino y la eficiencia en el ejercicio del presupuesto, además de que los causantes asocian siempre lo que deben aportar para el sostenimiento del aparato gubernamental y los programas públicos, contra lo que reciben por parte de la autoridad.

De tal manera, si no se cuenta con una gestión eficiente para proveer los servicios y bienes públicos básicos, como son los de seguridad, justicia y las actividades inherentes a la aplicación de las regulaciones gubernamentales, se presenta otro factor de desincentivo para cumplir con las obligaciones fiscales.

Dentro de los numerosos factores que se deben tener en cuenta para llevar a cabo una reforma fiscal integral, es necesario que se evalúen los efectos que se generan en materia de equidad y eficiencia, tanto desde el punto de vista tributario como del gasto público.

El autor es director del Centro de Estudios Financieros y de las Finanzas Públicas de la UNAM.

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