El Sol de México
17 de abril de 2008
Miguel González Ibarra
En medio de las discusiones que se han venido generando sobre los efectos en el crecimiento económico que tendrá la desaceleración que afecta a la economía de Estados Unidos, el turismo aparece como una actividad que podría no resultar tan desfavorecida. El número de visitantes y las inversiones programadas garantizan que el turismo mantendrá su ritmo de crecimiento durante todo el año, con lo cual las fuentes de empleos directos, que el año pasado ocuparon a 2.3 millones de personas, podría mantener el ritmo de crecimiento de 5.64 por ciento de los dos últimos años.
Adicionalmente a su contribución a la generación de empleos directos, las actividades turísticas han propiciado que los vuelos de las líneas nacionales e internacionales se hayan incrementado en 15.4 por ciento durante el año pasado, transportando a 37.2 millones de pasajeros, tanto en vuelos de arribo a los destinos turísticos como los de regreso a los lugares de origen de los visitantes.
El gasto promedio de los visitantes se incrementó 12.9 por ciento el año pasado y se pudo mantener una ocupación promedio en la infraestructura hotelera de todo el país de 57.6 por ciento, con lo cual la contribución a la balanza de pagos continúa siendo positiva en más de 4 mil 500 millones de pesos, mientras que se confirma como la tercera fuente de ingreso de divisas más importante para el país, con 12 mil 200 millones de dólares.
De tal manera, el optimismo que existe de que pueda ser una actividad que mantenga su dinamismo a pesar de las condiciones desfavorables de la economía internacional, se basa en la programación de nuevas inversiones, en materia de construcción de nuevas instalaciones, en la conservación y mantenimiento de la infraestructura hotelera actual y en modernizar y crear nuevo equipamiento en los centros turísticos del país.
Además de los destinos turísticos de playa que ya son tradicionales, como Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, se han impulsado los de Los Cabos y la Riviera Maya, mientras que han surgido nuevos como es el caso de la Riviera Nayarit, que ha llegado a ocupar durante los últimos tres años el mayor porcentaje de ocupación hotelera en el país.
El turismo es un claro ejemplo de lo que puede ser una actividad que genera polos de desarrollo, así como de actividades que pueden surgir planeadas, gracias a una política pública específica. Tal es el caso de los Centros Integralmente Planeados (CIPs) desarrollados por Fonatur en Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo, Huatulco, Loreto, Los Cabos, y recientemente Litibú, en Nayarit.
Adicionalmente en el caso de esta última entidad federativa, el Gobierno local ha establecido como una de las prioridades de desarrollo del estado al turismo, con lo cual se ha establecido un plan para desarrollar un corredor turístico de 118 kilómetros de playas, de San Blas hasta Nuevo Vallarta, que contarán con la infraestructura necesaria en materia de comunicaciones, tanto por vía terrestre como por vía área. El año pasado este proyecto obtuvo el cuarto lugar en las inversiones que se realizaron en el país y en 2008 se espera inversión gubernamental por 120 millones de dólares que detonará inversión privada por poco más de mil millones de dólares.
Otro de los aciertos, que a lo largo de varios sexenios se ha tenido, es la política de promoción, en la cual se encuentra la realización de un foro de comercialización de paquetes y espacios en hoteles entre mayoristas de los países de donde provienen la mayor parte de los visitantes a nuestro país. Este evento se desarrolla anualmente en Acapulco, y se ha llamado Tianguis Turístico. El que se acaba de celebrar el fin de semana pasado tuvo como novedad que se incluyeron a operadores de países vecinos, Guatemala, Honduras y Belice, con el fin de poder integrar una oferta conjunta de turismo arqueológico en distintas rutas de la cultura maya.
Tal vez con menor atención en las discusiones de nacionales, las actividades turísticas han podido contar con políticas públicas consistentes en las que se han conjugado exitosamente los esfuerzos del Gobierno y del sector privado, sin tener que enfrentar los cuestionamientos sobre la soberanía en nuestras playas, costas y sitios arqueológicos, con lo cual se han estado generado fuentes de empleo y de ingreso para un número creciente de mexicanos.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n666585.htm
Bancarización y cultura financiera
El Sol de México
10 de abril de 2008
Miguel González Ibarra
La septuagésima primera Convención Bancaria celebrada recientemente en Acapulco, centró sus trabajos en la necesidad de impulsar la cultura financiera en el país. Después de 80 años de contar con un sistema financiero que ha tenido como pilar a la actividad bancaria tradicional, la última década ha estado marcada por una gran transformación en la estructura y composición del mundo del dinero, que lo ha vuelto más complejo, riesgoso y productivo. Este mundo de hoy requiere de un aprendizaje continuo, tanto de los usuarios, como de los prestadores de los servicios, además de un gran esfuerzo de divulgación entre toda la población.
La crisis de 1995 marcó el inicio del cambio en el sector financiero, con la fusión y adquisición mayoritaria por parte de inversionistas extranjeros de los bancos más grandes que operan en el país, con lo cual se convirtieron en filiales de los grandes corporativos bancarios mundiales, a excepción, en el primer rango de instituciones, de Banorte. A partir de entonces, se emprendió un gran esfuerzo de modernización tecnológica, mientras que se incorporaban, al mismo tiempo, las innovaciones financieras que han estado impulsando la mundialización de los mercados de capitales.
Las acciones para alcanzar una mayor penetración de la banca entre todos los grupos sociales y en todas las actividades económicas, requirió también de una gran inversión en promoción y publicidad, lo cual originó que los productos se encarecieran vía las comisiones que se cargan por utilizar los servicios bancarios. Adicionalmente, se generó una gran competencia entre las instituciones que llevó a sobre bancarizar a un núcleo importante de usuarios de los servicios que prestan, así como a tener que improvisar un equipo de ejecutivos y promotores en empresas que operan fuera de la estructura del banco (out sourcing), que poco conocen y con escasa relación con la actividad sustancial de los bancos.
Otro gran cambio que se ha presentado en esta década consiste en una diferente composición de la captación del ahorro, gracias a la innovación financiera, que permite a los intermediarios financieros obtener beneficios sin tener que incurrir en grandes riesgos comerciales y de transformación. El surgimiento de una gran diversidad de fondos de inversión, de compleja composición y comprensión tanto para los ahorradores, como para los empleados de los bancos, ha venido a sustituir a los tradicionales depósitos a plazo.
La transformación que ha sufrido el sector financiero del país no se limita sólo a la conformación bancaria ni a su nueva manera de operar y ni a la diversidad y complejidad de servicios que ofrecen, sino que también han surgido nuevas figuras financieras que cada día cobra más importancia dentro del mercado. De tal manera, a las grandes instituciones bancarias, se suman cada vez más nuevos bancos, tanto de nicho como especializados, algunos estrechamente ligados con importantes actividades de carácter comercial. Adicionalmente, existen cerca de 400 tipos de nuevos organizaciones financieras formales, entre arrendadoras, factorajes, almacenadoras, aseguradoras, afianzadoras, uniones de crédito, casas de cambio, centros cambiarios, Sociedades de Objeto Limitado y de Objeto Múltiple (Sofoles y Sofomes), cajas de ahorro y préstamo, cooperativas y financieras populares, además de empresas auxiliares como las calificadoras y las dedicadas al medio bursátil.
Finalmente, para completar el panorama hay que mencionar el cambio que ha sufrido la banca de desarrollo, que se ha retraído de su función de fomento para buscar convertirse en instituciones que garanticen el acceso al crédito y a los mercados de capitales a los agentes económicos que tienen dificultad para poder tener acceso a los canales convencionales. Esta actividad contempla el fortalecimiento de figuras que tienen un menor nivel de formalidad y de sofistificación financiera que son los denominados dispersores de crédito, sobre todo en el medio rural y adquieren la forma de micofinancieras, de organizaciones de productores y de organizaciones de ayuda a grupos determinados que tiene la característica de no ser gubernamentales (ONG).
Conocer todas las nuevas figuras, modalidades de servicios y productos, constituye un serio reto tanto para las entidades que se ubican en el sector financiero como para los usuarios de sus servicios. De tal manera que la bancarización debe contar de manera ineludible con un redoblado esfuerzo de educación y divulgación financiera, con el fin de crear un adecuada cultura en la materia.
En esta tesitura se inscriben las acciones que han emprendido Banamex, Bancomer y Santander, la primera para llevar a cabo un diagnóstico, en colaboración con la UNAM, sobre el nivel de conocimiento financiero de los usuarios de los servicios de la banca, mientras que el segundo se ha unido al esfuerzo del Banco de México para impulsar el Museo Interactivo de Economía, (MIDE) para generar materiales educativos y llevar a cabo cursos entre la población escolar, mientras que Santander ha creado una gran sinergia con las universidades del país a través de su programa Universia.
Finalmente, merece destacarse la colaboración que la Facultad de Economía de la UNAM ha venido sostenido con la Secretaría de Agricultura, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la Financiera Rural para apoyar la consolidación de un sistema financiero rural.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n658405.htm
10 de abril de 2008
Miguel González Ibarra
La septuagésima primera Convención Bancaria celebrada recientemente en Acapulco, centró sus trabajos en la necesidad de impulsar la cultura financiera en el país. Después de 80 años de contar con un sistema financiero que ha tenido como pilar a la actividad bancaria tradicional, la última década ha estado marcada por una gran transformación en la estructura y composición del mundo del dinero, que lo ha vuelto más complejo, riesgoso y productivo. Este mundo de hoy requiere de un aprendizaje continuo, tanto de los usuarios, como de los prestadores de los servicios, además de un gran esfuerzo de divulgación entre toda la población.
La crisis de 1995 marcó el inicio del cambio en el sector financiero, con la fusión y adquisición mayoritaria por parte de inversionistas extranjeros de los bancos más grandes que operan en el país, con lo cual se convirtieron en filiales de los grandes corporativos bancarios mundiales, a excepción, en el primer rango de instituciones, de Banorte. A partir de entonces, se emprendió un gran esfuerzo de modernización tecnológica, mientras que se incorporaban, al mismo tiempo, las innovaciones financieras que han estado impulsando la mundialización de los mercados de capitales.
Las acciones para alcanzar una mayor penetración de la banca entre todos los grupos sociales y en todas las actividades económicas, requirió también de una gran inversión en promoción y publicidad, lo cual originó que los productos se encarecieran vía las comisiones que se cargan por utilizar los servicios bancarios. Adicionalmente, se generó una gran competencia entre las instituciones que llevó a sobre bancarizar a un núcleo importante de usuarios de los servicios que prestan, así como a tener que improvisar un equipo de ejecutivos y promotores en empresas que operan fuera de la estructura del banco (out sourcing), que poco conocen y con escasa relación con la actividad sustancial de los bancos.
Otro gran cambio que se ha presentado en esta década consiste en una diferente composición de la captación del ahorro, gracias a la innovación financiera, que permite a los intermediarios financieros obtener beneficios sin tener que incurrir en grandes riesgos comerciales y de transformación. El surgimiento de una gran diversidad de fondos de inversión, de compleja composición y comprensión tanto para los ahorradores, como para los empleados de los bancos, ha venido a sustituir a los tradicionales depósitos a plazo.
La transformación que ha sufrido el sector financiero del país no se limita sólo a la conformación bancaria ni a su nueva manera de operar y ni a la diversidad y complejidad de servicios que ofrecen, sino que también han surgido nuevas figuras financieras que cada día cobra más importancia dentro del mercado. De tal manera, a las grandes instituciones bancarias, se suman cada vez más nuevos bancos, tanto de nicho como especializados, algunos estrechamente ligados con importantes actividades de carácter comercial. Adicionalmente, existen cerca de 400 tipos de nuevos organizaciones financieras formales, entre arrendadoras, factorajes, almacenadoras, aseguradoras, afianzadoras, uniones de crédito, casas de cambio, centros cambiarios, Sociedades de Objeto Limitado y de Objeto Múltiple (Sofoles y Sofomes), cajas de ahorro y préstamo, cooperativas y financieras populares, además de empresas auxiliares como las calificadoras y las dedicadas al medio bursátil.
Finalmente, para completar el panorama hay que mencionar el cambio que ha sufrido la banca de desarrollo, que se ha retraído de su función de fomento para buscar convertirse en instituciones que garanticen el acceso al crédito y a los mercados de capitales a los agentes económicos que tienen dificultad para poder tener acceso a los canales convencionales. Esta actividad contempla el fortalecimiento de figuras que tienen un menor nivel de formalidad y de sofistificación financiera que son los denominados dispersores de crédito, sobre todo en el medio rural y adquieren la forma de micofinancieras, de organizaciones de productores y de organizaciones de ayuda a grupos determinados que tiene la característica de no ser gubernamentales (ONG).
Conocer todas las nuevas figuras, modalidades de servicios y productos, constituye un serio reto tanto para las entidades que se ubican en el sector financiero como para los usuarios de sus servicios. De tal manera que la bancarización debe contar de manera ineludible con un redoblado esfuerzo de educación y divulgación financiera, con el fin de crear un adecuada cultura en la materia.
En esta tesitura se inscriben las acciones que han emprendido Banamex, Bancomer y Santander, la primera para llevar a cabo un diagnóstico, en colaboración con la UNAM, sobre el nivel de conocimiento financiero de los usuarios de los servicios de la banca, mientras que el segundo se ha unido al esfuerzo del Banco de México para impulsar el Museo Interactivo de Economía, (MIDE) para generar materiales educativos y llevar a cabo cursos entre la población escolar, mientras que Santander ha creado una gran sinergia con las universidades del país a través de su programa Universia.
Finalmente, merece destacarse la colaboración que la Facultad de Economía de la UNAM ha venido sostenido con la Secretaría de Agricultura, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la Financiera Rural para apoyar la consolidación de un sistema financiero rural.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n658405.htm
Investigación aplicada y competitividad
El Sol de México
3 de abril de 2008
Miguel González Ibarra
Ante los industriales de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (CONCAMIN) reunidos en su nonagésima asamblea, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció que uno de los grandes desafíos que enfrenta el país para poder tener un desarrollo sostenido a largo plazo, consiste en incrementar la competitividad. Al respecto, se refirió a la necesidad de promover e incrementar la vinculación de las organizaciones productivas con los centros que generan investigación e innovación en el país, así como aumentar los recursos que se les destinan. En México, los esfuerzos de investigación aplicada destinada a mejorar la competitividad, son la mitad de lo que se hace en España, la cuarta parte de lo de Canadá y la décima parte de Estados Unidos, lo que pone de relieve la necesidad de emprender acciones que promuevan el acercamiento de las empresas, las entidades gubernamentales y las organizaciones sociales con los centros generadores de conocimientos.
La competitividad se logra no solo a través del desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos productos, sino que también resulta fundamental que se revisen, diseñen y se vuelvan más eficientes los procesos. En este último aspecto, además de los procesos productivos y administrativos de las empresas, el gobierno tiene un gran desafío, con el fin de que los servicios que brinda a la sociedad se conviertan en factores que favorezcan la productividad, en lugar de ser un obstáculo para el desarrollo de los negocios. De tal manera, el desafío que plantea el secretario Carstens, involucra también una mayor y más cercana colaboración entre el sector púbico y los centros generadores de investigación capaces de producir innovaciones.
Sin embargo, la mejora e innovación en los procesos gubernamentales es uno de los renglones a los que se ha venido dando menos importancia en los últimos años dentro de las políticas públicas, así como en los programas de las universidades y centros de enseñanza superior en el país. De tal manera, la vinculación entre estas instituciones y las dependencias del sector público es aún exigua, lo que brinda al gobierno del Presidente Calderón la oportunidad de impulsar una fuerte colaboración que beneficie tanto a la gestión pública, como a una mejor formación profesional de los alumnos, a aprovechar el gran potencial de conocimientos acumulados en las universidades y a encontrar un mecanismo objetivo de canalizar mayores recursos a la educación e investigación que se desarrolla en los centros de educación superior.
Por su parte, es necesario que en las universidades, los sistemas de incentivos y el reconocimiento académico a la investigación en ciencias sociales que resuelve problemas específicos del sector productivo y de los servicios públicos, se le confiera la misma jerarquía que se otorga a la investigación teórica que se destina a publicaciones. La investigación aplicada en los centros educativos permite poner al servicio de las actividades productivas de la sociedad el conocimiento y la capacidad de sus académicos para analizar y proponer mejoras a casos concretos que se traducen en una mayor eficiencia en los procesos de trabajo, al mismo tiempo que enriquece la docencia.
Hasta la fecha se han dado algunos acercamientos en materia e investigación para mejorar los procesos públicos en el sistema de evaluación del desempeño de los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación. Asimismo, algunas áreas, de distintas dependencias y organismos gubernamentales han emprendido con cierto empeño las recomendaciones de la Secretaría del Función Pública para la innovación gubernamental y han convenido programas de mejoramiento de sus procesos de trabajo con instituciones educativas y de investigación. Adicionalmente, se debe hacer mención al interés que comienza a generarse en algunos de los gobiernos estatales y municipales por apoyar sus programas de competitividad a través de la colaboración con los centros de investigación nacionales o de su localidad.
De tal manera, en escala todavía modesta, se está gestando una sinergia que puede resultar de gran beneficio para todas las partes involucradas, además de permitir que el país pueda contar con un entorno más competitivo para el desarrollo de las actividades empresariales, la generación de empleos y de riqueza.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n650261.htm
3 de abril de 2008
Miguel González Ibarra
Ante los industriales de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (CONCAMIN) reunidos en su nonagésima asamblea, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció que uno de los grandes desafíos que enfrenta el país para poder tener un desarrollo sostenido a largo plazo, consiste en incrementar la competitividad. Al respecto, se refirió a la necesidad de promover e incrementar la vinculación de las organizaciones productivas con los centros que generan investigación e innovación en el país, así como aumentar los recursos que se les destinan. En México, los esfuerzos de investigación aplicada destinada a mejorar la competitividad, son la mitad de lo que se hace en España, la cuarta parte de lo de Canadá y la décima parte de Estados Unidos, lo que pone de relieve la necesidad de emprender acciones que promuevan el acercamiento de las empresas, las entidades gubernamentales y las organizaciones sociales con los centros generadores de conocimientos.
La competitividad se logra no solo a través del desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos productos, sino que también resulta fundamental que se revisen, diseñen y se vuelvan más eficientes los procesos. En este último aspecto, además de los procesos productivos y administrativos de las empresas, el gobierno tiene un gran desafío, con el fin de que los servicios que brinda a la sociedad se conviertan en factores que favorezcan la productividad, en lugar de ser un obstáculo para el desarrollo de los negocios. De tal manera, el desafío que plantea el secretario Carstens, involucra también una mayor y más cercana colaboración entre el sector púbico y los centros generadores de investigación capaces de producir innovaciones.
Sin embargo, la mejora e innovación en los procesos gubernamentales es uno de los renglones a los que se ha venido dando menos importancia en los últimos años dentro de las políticas públicas, así como en los programas de las universidades y centros de enseñanza superior en el país. De tal manera, la vinculación entre estas instituciones y las dependencias del sector público es aún exigua, lo que brinda al gobierno del Presidente Calderón la oportunidad de impulsar una fuerte colaboración que beneficie tanto a la gestión pública, como a una mejor formación profesional de los alumnos, a aprovechar el gran potencial de conocimientos acumulados en las universidades y a encontrar un mecanismo objetivo de canalizar mayores recursos a la educación e investigación que se desarrolla en los centros de educación superior.
Por su parte, es necesario que en las universidades, los sistemas de incentivos y el reconocimiento académico a la investigación en ciencias sociales que resuelve problemas específicos del sector productivo y de los servicios públicos, se le confiera la misma jerarquía que se otorga a la investigación teórica que se destina a publicaciones. La investigación aplicada en los centros educativos permite poner al servicio de las actividades productivas de la sociedad el conocimiento y la capacidad de sus académicos para analizar y proponer mejoras a casos concretos que se traducen en una mayor eficiencia en los procesos de trabajo, al mismo tiempo que enriquece la docencia.
Hasta la fecha se han dado algunos acercamientos en materia e investigación para mejorar los procesos públicos en el sistema de evaluación del desempeño de los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación. Asimismo, algunas áreas, de distintas dependencias y organismos gubernamentales han emprendido con cierto empeño las recomendaciones de la Secretaría del Función Pública para la innovación gubernamental y han convenido programas de mejoramiento de sus procesos de trabajo con instituciones educativas y de investigación. Adicionalmente, se debe hacer mención al interés que comienza a generarse en algunos de los gobiernos estatales y municipales por apoyar sus programas de competitividad a través de la colaboración con los centros de investigación nacionales o de su localidad.
De tal manera, en escala todavía modesta, se está gestando una sinergia que puede resultar de gran beneficio para todas las partes involucradas, además de permitir que el país pueda contar con un entorno más competitivo para el desarrollo de las actividades empresariales, la generación de empleos y de riqueza.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n650261.htm
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El Sol de México
27 de marzo de 2008
Miguel González Ibarra
A partir del gran impulso que desde la década pasada han mostrado los mercados financieros, los distintos gobiernos del mundo han desarrollado estrategias y mecanismos para permitir que concurran los esfuerzos y recursos de los sectores público y privado en el desarrollo de proyectos prioritarios que, por su naturaleza y condiciones actuales, no pueden ser emprendidos con la amplitud que la sociedad requiere solamente por alguno de estos sectores.
El esquema de proyectos de inversión privada para prestación de servicios públicos (PPS) se inició en el Reino Unido a principio de los años noventa y pronto fue adoptado, modificándolo según las circunstancias y marco regulatorio local, por Australia, Canadá, Sudáfrica, Chile, Japón, Brasil y otros países europeos. En México, la Secretaría de Hacienda, desde 2003, definió el marco regulatorio y los mecanismos para llevar a cabo proyectos de infraestructura en los sectores de comunicaciones, salud y educación, mediante el esquema PPS.
Los proyectos en que concurren los sectores público y privado implican la suscripción de un contrato a largo plazo en que se tipifican las características, la calidad, los precios y los mecanismos de pago por los servicios que se presten. De esta manera, se asignan y se definen los riesgos y responsabilidades que corresponden a cada parte involucrada en el proyecto.
La realización de proyectos mediante este esquema ha permitido al país obtener ahorros a largo plazo en el diseño, construcción y operación, que fluctúan entre el 20 y el 33 por ciento de la inversión involucrada. A la fecha se está llevando a cabo la construcción de seis hospitales regionales de alta especialidad para la Secretaría de Salud y la construcción y rehabilitación de seis tramos carreteros en distintas regiones del país, los cuales suman una inversión ligeramente superior a los 15.5 mil millones de pesos. Adicionalmente, se tienen identificados proyectos potenciales que implican una inversión de 12 mil millones de pesos en los sectores de salud, comunicaciones y educativo. Cabe destacar que en este último se estima que podrían celebrarse asociaciones con el sector privado para construir y operar distintos centros de educación superior y un centro deportivo de alto rendimiento.
El prometedor resultado del mecanismo de PPS ha llevado a que varias entidades federativas manifiesten su interés por desarrollar esquemas similares, como es el caso de Durango, Tamaulipas y el Estado de México. Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal ha establecido su propio mecanismo de asociación con el sector privado, como es el caso de los proyectos del Metrobús y los potenciales anunciados por Marcelo Ebrard y su secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, al poner en marcha la empresa Capital en Crecimiento, que fungirá como un fondo de inversión. Entre los proyectos que se pretende llevar a cabo en asociación con el sector privado se encuentra el túnel de Santa Fe al Auditorio Nacional, los centros de transferencia de residuos sólidos, distintas plantas de tratamiento de aguas y futuras líneas del Metrobús e incluso del propio Metro.
Los diversos mecanismos de asociación entre los sectores público y privado se están llevando a cabo tanto por gobiernos conservadores como de izquierda, lo cual implica modernas visiones sobre la colaboración entre Estado y mercado, en dónde este último pasa a ser considerado como un instrumento de la política económica.
Al parecer, la reforma energética que propondrá el presidente Calderón se ubica en este contexto y marco regulatorio, sobre todo para construir ductos, medios de transporte y de distribución de los hidrocarburos, así como en las labores de exploración y perforación de yacimientos petroleros. La asociación pública privada en el sector energético no implica que se pierda la propiedad y la soberanía sobre los recursos naturales de la nación, por lo que resultan incongruentes las posiciones que a toda costa se quieren oponer a la concurrencia de esfuerzos y participación de los riesgos que implican los proyectos de modernización y expansión de la capacidad productiva del país.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n642322.htm
27 de marzo de 2008
Miguel González Ibarra
A partir del gran impulso que desde la década pasada han mostrado los mercados financieros, los distintos gobiernos del mundo han desarrollado estrategias y mecanismos para permitir que concurran los esfuerzos y recursos de los sectores público y privado en el desarrollo de proyectos prioritarios que, por su naturaleza y condiciones actuales, no pueden ser emprendidos con la amplitud que la sociedad requiere solamente por alguno de estos sectores.
El esquema de proyectos de inversión privada para prestación de servicios públicos (PPS) se inició en el Reino Unido a principio de los años noventa y pronto fue adoptado, modificándolo según las circunstancias y marco regulatorio local, por Australia, Canadá, Sudáfrica, Chile, Japón, Brasil y otros países europeos. En México, la Secretaría de Hacienda, desde 2003, definió el marco regulatorio y los mecanismos para llevar a cabo proyectos de infraestructura en los sectores de comunicaciones, salud y educación, mediante el esquema PPS.
Los proyectos en que concurren los sectores público y privado implican la suscripción de un contrato a largo plazo en que se tipifican las características, la calidad, los precios y los mecanismos de pago por los servicios que se presten. De esta manera, se asignan y se definen los riesgos y responsabilidades que corresponden a cada parte involucrada en el proyecto.
La realización de proyectos mediante este esquema ha permitido al país obtener ahorros a largo plazo en el diseño, construcción y operación, que fluctúan entre el 20 y el 33 por ciento de la inversión involucrada. A la fecha se está llevando a cabo la construcción de seis hospitales regionales de alta especialidad para la Secretaría de Salud y la construcción y rehabilitación de seis tramos carreteros en distintas regiones del país, los cuales suman una inversión ligeramente superior a los 15.5 mil millones de pesos. Adicionalmente, se tienen identificados proyectos potenciales que implican una inversión de 12 mil millones de pesos en los sectores de salud, comunicaciones y educativo. Cabe destacar que en este último se estima que podrían celebrarse asociaciones con el sector privado para construir y operar distintos centros de educación superior y un centro deportivo de alto rendimiento.
El prometedor resultado del mecanismo de PPS ha llevado a que varias entidades federativas manifiesten su interés por desarrollar esquemas similares, como es el caso de Durango, Tamaulipas y el Estado de México. Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal ha establecido su propio mecanismo de asociación con el sector privado, como es el caso de los proyectos del Metrobús y los potenciales anunciados por Marcelo Ebrard y su secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, al poner en marcha la empresa Capital en Crecimiento, que fungirá como un fondo de inversión. Entre los proyectos que se pretende llevar a cabo en asociación con el sector privado se encuentra el túnel de Santa Fe al Auditorio Nacional, los centros de transferencia de residuos sólidos, distintas plantas de tratamiento de aguas y futuras líneas del Metrobús e incluso del propio Metro.
Los diversos mecanismos de asociación entre los sectores público y privado se están llevando a cabo tanto por gobiernos conservadores como de izquierda, lo cual implica modernas visiones sobre la colaboración entre Estado y mercado, en dónde este último pasa a ser considerado como un instrumento de la política económica.
Al parecer, la reforma energética que propondrá el presidente Calderón se ubica en este contexto y marco regulatorio, sobre todo para construir ductos, medios de transporte y de distribución de los hidrocarburos, así como en las labores de exploración y perforación de yacimientos petroleros. La asociación pública privada en el sector energético no implica que se pierda la propiedad y la soberanía sobre los recursos naturales de la nación, por lo que resultan incongruentes las posiciones que a toda costa se quieren oponer a la concurrencia de esfuerzos y participación de los riesgos que implican los proyectos de modernización y expansión de la capacidad productiva del país.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n642322.htm
Autonomía de Gestión para Pemex
El Sol de México
20 de marzo de 2008
Miguel González Ibarra
A siete décadas de la histórica decisión de rescatar para la nación la explotación, transformación y comercialización del petróleo, la empresa paraestatal Pemex se encuentra agobiada entre el excesivo peso burocrático de las regulaciones gubernamentales, el sindicato, que le impone una pesada carga laboral, con un elevado costo económico, el deterioro de sus instalaciones, el agotamiento de las reservas probadas y el retraso tecnológico.
Después de haber servido de palanca de desarrollo del país, de haber sido factor clave en la renegociación de la deuda externa y de ser una fuente de ingresos para mantener la estabilidad económica, política y social, el futuro de la riqueza petrolera de la nación se encuentra entrampado en una discusión polarizada entre la apertura total al sector privado y el conservadurismo a ultranza que pretende mantener el estado actual. El ambiente se presta para planteamientos maniqueístas, para negociaciones políticas, para manifestaciones sociales y para presiones financieras, que poco abonan para la construcción de la mejor solución para el país.
La principal limitación para el desarrollo de Pemex no es de tipo financiero, como lo señalan algunas de las propuestas. Los recursos para apoyar proyectos viables y confiables, gestionados de una manera eficiente y transparente, se encuentran en el mercado, aun en esta época de turbulencia financiera. Los contratos de servicios múltiples, los Programas de Inversión con Registro Diferido en el Gasto (Pidiregas) y los llamados "proyectos llave en mano" han sido vehículos utilizados exitosamente tanto por Pemex como por la Comisión Federal de Electricidad, para apoyar programas de expansión o la modernización de plantas específicas. Sin embargo, la polémica que se ha desatado poniendo en duda su legalidad ha generado una gran cautela entre los inversionistas potenciales, limitando con ello una importante fuente para fortalecer a las empresas paraestatales del sector energético.
Por otra parte, las imperiosas necesidades de las finanzas públicas, que estaban acotadas por la rigidez en sus fuentes de ingresos, aunadas a la creciente necesidad de la política social, prácticamente nulificaron la capacidad de inversión con recursos fiscales. Adicionalmente, las exigencias de la poderosa organización sindical y una ineficiente administración en Pemex han llevado a ampliar la falta de recursos para inversión, al tener que incurrir en gastos excesivos y en un deterioro de la productividad.
En el aspecto tecnológico, después del gran esfuerzo de los ingenieros mexicanos para llevara adelante la nacionalización petrolera, el instituto Politécnico Nacional y posteriormente la UNAM se han empeñado en formar personal capaz para apoyar la explotación de los hidrocarburos. Sin embargo, en los años sesenta se creó el Instituto Mexicano del Petróleo que, con el tiempo, se entrampó en la maraña burocrática, al grado de que actualmente cuenta con más de cuatro mil empleados, de los cuales, sólo el 10 por ciento se dedica a las tareas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. El costo total de dicho instituto es soportado por Pemex, mediante onerosos contratos para suministrarle servicios.
Ante este panorama, difícilmente podría pensarse que la privatización podría ser la única e idónea solución para el sector petrolero. Ninguna empresa puede manejarse eficientemente con un marco regulatorio como el actual, ni con una organización sindical y las condiciones laborales prevalecientes.
Las limitaciones que enfrenta Pemex la han conducido a una asociación desventajosa con empresas del exterior, ya que exportamos crudo y, posteriormente, importamos los productos procesados, ya sea en forma de combustibles o de petroquímicos. Una empresa debe poder manejar no sólo su estructura financiera, sino también su estrategia comercial y sus planes de expansión, celebrando alianzas estratégicas, llevando a cabo proyectos conjuntos y asociaciones de negocios. La disciplina y el buen manejo de los recursos de la nación se pueden asegurar utilizando al mercado como un eficiente indicador de la salud financiera y la buena gestión de la empresa.
A finales de los años ochenta y principios de los noventa se diseñó una estrategia para reformar a las empresas públicas, dotándolas de autonomía de gestión y comprometiéndolas al logro de metas específicas, incluidas Pemex y CFE. Sin embargo, ante la euforia de desincorporación que imperó en esos años, la propuesta de reforma de la empresa pública se confinó a los archivos de Hacienda y de la Comisión Gasto-Financiamiento.
El futuro de la riqueza petrolera del país debe partir de consolidar a Pemex como una empresa, en lugar de considerarla como una dependencia gubernamental. La estrategia de reforma de la empresa pública elaborada hace dieciocho años sería un buen principio para dotar de autonomía de gestión a las empresas del sector energético, adaptándola a las condiciones de este nuevo siglo.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n635084.htm
20 de marzo de 2008
Miguel González Ibarra
A siete décadas de la histórica decisión de rescatar para la nación la explotación, transformación y comercialización del petróleo, la empresa paraestatal Pemex se encuentra agobiada entre el excesivo peso burocrático de las regulaciones gubernamentales, el sindicato, que le impone una pesada carga laboral, con un elevado costo económico, el deterioro de sus instalaciones, el agotamiento de las reservas probadas y el retraso tecnológico.
Después de haber servido de palanca de desarrollo del país, de haber sido factor clave en la renegociación de la deuda externa y de ser una fuente de ingresos para mantener la estabilidad económica, política y social, el futuro de la riqueza petrolera de la nación se encuentra entrampado en una discusión polarizada entre la apertura total al sector privado y el conservadurismo a ultranza que pretende mantener el estado actual. El ambiente se presta para planteamientos maniqueístas, para negociaciones políticas, para manifestaciones sociales y para presiones financieras, que poco abonan para la construcción de la mejor solución para el país.
La principal limitación para el desarrollo de Pemex no es de tipo financiero, como lo señalan algunas de las propuestas. Los recursos para apoyar proyectos viables y confiables, gestionados de una manera eficiente y transparente, se encuentran en el mercado, aun en esta época de turbulencia financiera. Los contratos de servicios múltiples, los Programas de Inversión con Registro Diferido en el Gasto (Pidiregas) y los llamados "proyectos llave en mano" han sido vehículos utilizados exitosamente tanto por Pemex como por la Comisión Federal de Electricidad, para apoyar programas de expansión o la modernización de plantas específicas. Sin embargo, la polémica que se ha desatado poniendo en duda su legalidad ha generado una gran cautela entre los inversionistas potenciales, limitando con ello una importante fuente para fortalecer a las empresas paraestatales del sector energético.
Por otra parte, las imperiosas necesidades de las finanzas públicas, que estaban acotadas por la rigidez en sus fuentes de ingresos, aunadas a la creciente necesidad de la política social, prácticamente nulificaron la capacidad de inversión con recursos fiscales. Adicionalmente, las exigencias de la poderosa organización sindical y una ineficiente administración en Pemex han llevado a ampliar la falta de recursos para inversión, al tener que incurrir en gastos excesivos y en un deterioro de la productividad.
En el aspecto tecnológico, después del gran esfuerzo de los ingenieros mexicanos para llevara adelante la nacionalización petrolera, el instituto Politécnico Nacional y posteriormente la UNAM se han empeñado en formar personal capaz para apoyar la explotación de los hidrocarburos. Sin embargo, en los años sesenta se creó el Instituto Mexicano del Petróleo que, con el tiempo, se entrampó en la maraña burocrática, al grado de que actualmente cuenta con más de cuatro mil empleados, de los cuales, sólo el 10 por ciento se dedica a las tareas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. El costo total de dicho instituto es soportado por Pemex, mediante onerosos contratos para suministrarle servicios.
Ante este panorama, difícilmente podría pensarse que la privatización podría ser la única e idónea solución para el sector petrolero. Ninguna empresa puede manejarse eficientemente con un marco regulatorio como el actual, ni con una organización sindical y las condiciones laborales prevalecientes.
Las limitaciones que enfrenta Pemex la han conducido a una asociación desventajosa con empresas del exterior, ya que exportamos crudo y, posteriormente, importamos los productos procesados, ya sea en forma de combustibles o de petroquímicos. Una empresa debe poder manejar no sólo su estructura financiera, sino también su estrategia comercial y sus planes de expansión, celebrando alianzas estratégicas, llevando a cabo proyectos conjuntos y asociaciones de negocios. La disciplina y el buen manejo de los recursos de la nación se pueden asegurar utilizando al mercado como un eficiente indicador de la salud financiera y la buena gestión de la empresa.
A finales de los años ochenta y principios de los noventa se diseñó una estrategia para reformar a las empresas públicas, dotándolas de autonomía de gestión y comprometiéndolas al logro de metas específicas, incluidas Pemex y CFE. Sin embargo, ante la euforia de desincorporación que imperó en esos años, la propuesta de reforma de la empresa pública se confinó a los archivos de Hacienda y de la Comisión Gasto-Financiamiento.
El futuro de la riqueza petrolera del país debe partir de consolidar a Pemex como una empresa, en lugar de considerarla como una dependencia gubernamental. La estrategia de reforma de la empresa pública elaborada hace dieciocho años sería un buen principio para dotar de autonomía de gestión a las empresas del sector energético, adaptándola a las condiciones de este nuevo siglo.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n635084.htm
Fomento económico en la estrategia anticíclica
El Sol de México
13 de marzo de 2008
Miguel González Ibarra
Desde que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció que en el país se adoptaría, por primera vez en muchos años, una estrategia anticíclica para enfrentar los efectos de la desaceleración norteamericana, se ha vertido una gran cantidad de opiniones sobre la pertinencia, alcance y medidas de tal política anticíclica. A partir de la presentación que llevó a cabo el presidente Calderón del Programa de Apoyo a la Economía (PAE), han resurgido con nueva fuerzas los diferentes puntos de vista sobre las medidas que se tomarán ante la contracción del mercado externo.
En atención a los comentarios y consultas de algunos de los lectores, en la columna del día de hoy abundaré sobre el papel crucial del fomento al desarrollo dentro de la estrategia para impulsar el crecimiento económico y para mitigar la tendencia descendente del ciclo de los negocios. Al mismo tiempo, de esta manera, busco contribuir al debate en torno a la política anticíclica que pretende llevar a cabo el Gobierno federal.
La discusión académica se centra sobre la necesidad de reactivar el mercado interno a través del fomento a la demanda efectiva, con una expansión monetaria y mediante un mayor gasto público. Por su parte, los empresarios que fijan su posición a partir de la argumentación académica, añaden a su punto de vista que fue inoportuna la reforma tributaria que determina un impuesto mínimo, mediante la aplicación del Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU). A esta opinión se suman algunos dirigentes políticos, señalando que la propuesta de regresar parte de los impuestos y otorgar incentivos fiscales, son una muestra de que la reforma es un fracaso.
Si bien es cierto que la opción de reactivar el mercado interno para que funja como motor del desarrollo del país se logra con aumentar la demanda con capacidad de compra, también debe tomarse en cuenta que debe existir la oferta productiva para satisfacer dicha demanda. Ante una falla estructural por el lado del aparato productivo, la expansión de la demanda sólo contribuye a aumentar las presiones inflacionarias y en la balanza de pagos.
Es por ello que en esta columna he venido insistiendo en la necesidad de que el sector financiero apoye prioritariamente la generación de nuevas actividades productivas. Sin embargo, la distorsión que prevalece en el mercado hacia operaciones que permiten cobrar altos intereses, pagar bajas remuneraciones al ahorro y cargar una gran cantidad de onerosas comisiones; ha convertido a la banca en un factor inoperante en el cumplimiento de su función social de intermediación y eficiente asignación de recursos.
Ante la realidad de un mercado financiero distorsionado y una oferta productiva rígida, la propuesta de relajar la política monetaria no garantiza, por si misma, un mayor acceso al crédito ni el mejoramiento de las condiciones para los agentes productivos, pero, en cambio, podría poner en peligro el control inflacionario. La alternativa se encuentra, entonces, en la actuación eficiente de la banca de desarrollo.
El papel fundamental de la banca de fomento en la estrategia delineada por el presidente Calderón, se expresa en la decisión de canalizarle 30 mil millones de los presupuestos de las secretarías de Hacienda, de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para reforzar sus programas. Sin embargo, el fomento económico va más allá de la simple asignación de recursos económicos, sean éstos en forma directa mediante el gasto de inversión pública, mediante el otorgamiento directo de créditos o por vía del mecanismo de garantías.
El fomento económico debe abarcar también, en forma indisoluble a la asignación de recursos financieros, actividades de identificación de oportunidades de inversión, la capacitación de los usuarios de los servicios financieros, la generación una cultura empresarial y de pago, el desarrollo de los intermediarios financieros y el diseño de mecanismos apropiados para apoyar la generación de nuevas fuentes productivas y de empleos. Esta es la perspectiva y concepción que prevalece solamente en algunos de los bancos de desarrollo, como es el caso de Financiera Rural, mientras que en otros, a pesar de la alta capacidad técnica de sus directivos, se carece de la sensibilidad de un banquero de desarrollo.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n627475.htm
13 de marzo de 2008
Miguel González Ibarra
Desde que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció que en el país se adoptaría, por primera vez en muchos años, una estrategia anticíclica para enfrentar los efectos de la desaceleración norteamericana, se ha vertido una gran cantidad de opiniones sobre la pertinencia, alcance y medidas de tal política anticíclica. A partir de la presentación que llevó a cabo el presidente Calderón del Programa de Apoyo a la Economía (PAE), han resurgido con nueva fuerzas los diferentes puntos de vista sobre las medidas que se tomarán ante la contracción del mercado externo.
En atención a los comentarios y consultas de algunos de los lectores, en la columna del día de hoy abundaré sobre el papel crucial del fomento al desarrollo dentro de la estrategia para impulsar el crecimiento económico y para mitigar la tendencia descendente del ciclo de los negocios. Al mismo tiempo, de esta manera, busco contribuir al debate en torno a la política anticíclica que pretende llevar a cabo el Gobierno federal.
La discusión académica se centra sobre la necesidad de reactivar el mercado interno a través del fomento a la demanda efectiva, con una expansión monetaria y mediante un mayor gasto público. Por su parte, los empresarios que fijan su posición a partir de la argumentación académica, añaden a su punto de vista que fue inoportuna la reforma tributaria que determina un impuesto mínimo, mediante la aplicación del Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU). A esta opinión se suman algunos dirigentes políticos, señalando que la propuesta de regresar parte de los impuestos y otorgar incentivos fiscales, son una muestra de que la reforma es un fracaso.
Si bien es cierto que la opción de reactivar el mercado interno para que funja como motor del desarrollo del país se logra con aumentar la demanda con capacidad de compra, también debe tomarse en cuenta que debe existir la oferta productiva para satisfacer dicha demanda. Ante una falla estructural por el lado del aparato productivo, la expansión de la demanda sólo contribuye a aumentar las presiones inflacionarias y en la balanza de pagos.
Es por ello que en esta columna he venido insistiendo en la necesidad de que el sector financiero apoye prioritariamente la generación de nuevas actividades productivas. Sin embargo, la distorsión que prevalece en el mercado hacia operaciones que permiten cobrar altos intereses, pagar bajas remuneraciones al ahorro y cargar una gran cantidad de onerosas comisiones; ha convertido a la banca en un factor inoperante en el cumplimiento de su función social de intermediación y eficiente asignación de recursos.
Ante la realidad de un mercado financiero distorsionado y una oferta productiva rígida, la propuesta de relajar la política monetaria no garantiza, por si misma, un mayor acceso al crédito ni el mejoramiento de las condiciones para los agentes productivos, pero, en cambio, podría poner en peligro el control inflacionario. La alternativa se encuentra, entonces, en la actuación eficiente de la banca de desarrollo.
El papel fundamental de la banca de fomento en la estrategia delineada por el presidente Calderón, se expresa en la decisión de canalizarle 30 mil millones de los presupuestos de las secretarías de Hacienda, de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para reforzar sus programas. Sin embargo, el fomento económico va más allá de la simple asignación de recursos económicos, sean éstos en forma directa mediante el gasto de inversión pública, mediante el otorgamiento directo de créditos o por vía del mecanismo de garantías.
El fomento económico debe abarcar también, en forma indisoluble a la asignación de recursos financieros, actividades de identificación de oportunidades de inversión, la capacitación de los usuarios de los servicios financieros, la generación una cultura empresarial y de pago, el desarrollo de los intermediarios financieros y el diseño de mecanismos apropiados para apoyar la generación de nuevas fuentes productivas y de empleos. Esta es la perspectiva y concepción que prevalece solamente en algunos de los bancos de desarrollo, como es el caso de Financiera Rural, mientras que en otros, a pesar de la alta capacidad técnica de sus directivos, se carece de la sensibilidad de un banquero de desarrollo.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n627475.htm
Eficiencia contra calidad bancaria
El Sol de México
6 de marzo de 2008
Miguel González Ibarra
La competencia entre las instituciones financieras, fundamentalmente los bancos, las ha impulsado a una carrera en la búsqueda de la eficiencia y la disminución de costos de operación, lo cual se refleja en una cada vez menor relación entre el número de empleados respecto de los clientes y de las transacciones que atienden. Gracias al avance tecnológico, el procesamiento de la información crediticia, la promoción de sus servicios y el propio acceso de los usuarios a los portales de la banca, las instituciones se han automatizado en demérito del contacto que tradicionalmente mantenían con sus clientes, con lo cual se origina una pérdida en la sensibilidad para el otorgamiento de créditos, en la calidad de los servicios y en la supervisión de los riesgos.
Como consecuencia de esta tendencia, las utilidades de la banca han aumentado constantemente, aunque también son cada vez mayores los riesgos morales en que incurren, mediante la manipulación de la información por parte de sus directivos o de la gerencia media. De tal manera, la solidez de las instituciones se erosiona, haciéndolas presa de operaciones dudosas que les generan fuertes descalabros, como recientemente sucedió con el banco francés Societé Générale.
Sin embargo, la dinámica en la que están inmersos los grandes bancos mundiales genera tanto la necesidad de una banca de fomento eficiente, como la oportunidad para instituciones más pequeñas que deciden especializarse en determinados nichos de mercado, en algún tipo de operación, en algún segmento del mercado o en alguna región. Estas instituciones en nuestro país han surgido bajo una gran variedad de figuras financieras, que van desde distintos tipos de dispersores de crédito, micro financieras, cajas y cooperativas de ahorro y préstamo, así como financieras populares, hasta las reconocidas como organizaciones auxiliares del crédito o las sociedades de objeto limitado (Sofoles).
El reto de las autoridades para supervisar a pequeñas empresas financieras, las has llevado a diseñar una estrategia que impuse su agrupación y crecimiento, con el fin de que se transformen en organizaciones de mayor tamaño, sin perder su flexibilidad y ventaja competitiva. En este esfuerzo destaca la labor que han venido desarrollando conjuntamente la subsecretaría de Agronegocios de la Sagarpa, a cargo de Jeffrey Jones, con Financiera Rural, que dirige Enrique de la Madrid, y el FIRA, fideicomiso del Banco de México para apoyo del sector agropecuario y cuyo responsable es Rodrigo Sánchez Mújica.
El éxito de esta estrategia, que forma parte de la política que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ha puesto en marcha para apoyar la economía del país frente a la desaceleración norteamericana, se puede constatar en las cifras que ha dado a conocer el titular de la Unidad de Ahorro, Banca y Valores, Guillermo Zamarripa. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, ya son 428 las organizaciones que han migrado a la figura de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), con lo cual se convertirán en una opción, frente a los bancos, para muchos usuarios actuales y potenciales de servicios financieros, con lo cual se logrará una mayor penetración y competencia con una mejor calidad.
La banca de fomento es otro de los instrumentos para cubrir las fallas de la banca comercial, con lo que se convierte en un pilar fundamental del programa de apoyo a la economía, tanto para operar esquemas y mecanismos para nuevas actividades productivas, como por su labor para crear de una cultura financiera en el país.
Al respecto, la banca de desarrollo que atiende al sector rural ha venido retomando su papel de impulsora de las actividades productivas y del empleo, mientras que otras de las instituciones, a cargo de funcionarios de gran capacidad técnica, adolecen de la sensibilidad de lo que debe ser el fomento económico.
El caso más dramático es el de Nacional Financiera, que desde el sexenio anterior ha estado a cargo de un banquero comercial, más preocupado por las utilidades financieras que por generar nuevas fuentes de producción y de empleo. La situación en esta institución, como banca de desarrollo, tenderá a deteriorarse con la salida del único funcionario con experiencia y capacidad en materia de fomento. Federico Patiño acaba de dejar la dirección adjunta de Nacional Financiera para hacerse cargo del Fondo Nacional de Infraestructura. La pérdida de Nacional Financiera se convierte en una garantía para el éxito del programa del presidente Calderón que busca reactivar el mercado interno y paliar los efectos de la desaceleración de Estado Unidos.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n619261.htm
6 de marzo de 2008
Miguel González Ibarra
La competencia entre las instituciones financieras, fundamentalmente los bancos, las ha impulsado a una carrera en la búsqueda de la eficiencia y la disminución de costos de operación, lo cual se refleja en una cada vez menor relación entre el número de empleados respecto de los clientes y de las transacciones que atienden. Gracias al avance tecnológico, el procesamiento de la información crediticia, la promoción de sus servicios y el propio acceso de los usuarios a los portales de la banca, las instituciones se han automatizado en demérito del contacto que tradicionalmente mantenían con sus clientes, con lo cual se origina una pérdida en la sensibilidad para el otorgamiento de créditos, en la calidad de los servicios y en la supervisión de los riesgos.
Como consecuencia de esta tendencia, las utilidades de la banca han aumentado constantemente, aunque también son cada vez mayores los riesgos morales en que incurren, mediante la manipulación de la información por parte de sus directivos o de la gerencia media. De tal manera, la solidez de las instituciones se erosiona, haciéndolas presa de operaciones dudosas que les generan fuertes descalabros, como recientemente sucedió con el banco francés Societé Générale.
Sin embargo, la dinámica en la que están inmersos los grandes bancos mundiales genera tanto la necesidad de una banca de fomento eficiente, como la oportunidad para instituciones más pequeñas que deciden especializarse en determinados nichos de mercado, en algún tipo de operación, en algún segmento del mercado o en alguna región. Estas instituciones en nuestro país han surgido bajo una gran variedad de figuras financieras, que van desde distintos tipos de dispersores de crédito, micro financieras, cajas y cooperativas de ahorro y préstamo, así como financieras populares, hasta las reconocidas como organizaciones auxiliares del crédito o las sociedades de objeto limitado (Sofoles).
El reto de las autoridades para supervisar a pequeñas empresas financieras, las has llevado a diseñar una estrategia que impuse su agrupación y crecimiento, con el fin de que se transformen en organizaciones de mayor tamaño, sin perder su flexibilidad y ventaja competitiva. En este esfuerzo destaca la labor que han venido desarrollando conjuntamente la subsecretaría de Agronegocios de la Sagarpa, a cargo de Jeffrey Jones, con Financiera Rural, que dirige Enrique de la Madrid, y el FIRA, fideicomiso del Banco de México para apoyo del sector agropecuario y cuyo responsable es Rodrigo Sánchez Mújica.
El éxito de esta estrategia, que forma parte de la política que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ha puesto en marcha para apoyar la economía del país frente a la desaceleración norteamericana, se puede constatar en las cifras que ha dado a conocer el titular de la Unidad de Ahorro, Banca y Valores, Guillermo Zamarripa. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, ya son 428 las organizaciones que han migrado a la figura de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), con lo cual se convertirán en una opción, frente a los bancos, para muchos usuarios actuales y potenciales de servicios financieros, con lo cual se logrará una mayor penetración y competencia con una mejor calidad.
La banca de fomento es otro de los instrumentos para cubrir las fallas de la banca comercial, con lo que se convierte en un pilar fundamental del programa de apoyo a la economía, tanto para operar esquemas y mecanismos para nuevas actividades productivas, como por su labor para crear de una cultura financiera en el país.
Al respecto, la banca de desarrollo que atiende al sector rural ha venido retomando su papel de impulsora de las actividades productivas y del empleo, mientras que otras de las instituciones, a cargo de funcionarios de gran capacidad técnica, adolecen de la sensibilidad de lo que debe ser el fomento económico.
El caso más dramático es el de Nacional Financiera, que desde el sexenio anterior ha estado a cargo de un banquero comercial, más preocupado por las utilidades financieras que por generar nuevas fuentes de producción y de empleo. La situación en esta institución, como banca de desarrollo, tenderá a deteriorarse con la salida del único funcionario con experiencia y capacidad en materia de fomento. Federico Patiño acaba de dejar la dirección adjunta de Nacional Financiera para hacerse cargo del Fondo Nacional de Infraestructura. La pérdida de Nacional Financiera se convierte en una garantía para el éxito del programa del presidente Calderón que busca reactivar el mercado interno y paliar los efectos de la desaceleración de Estado Unidos.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n619261.htm
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