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El Sol de México

27 de marzo de 2008

Miguel González Ibarra

A partir del gran impulso que desde la década pasada han mostrado los mercados financieros, los distintos gobiernos del mundo han desarrollado estrategias y mecanismos para permitir que concurran los esfuerzos y recursos de los sectores público y privado en el desarrollo de proyectos prioritarios que, por su naturaleza y condiciones actuales, no pueden ser emprendidos con la amplitud que la sociedad requiere solamente por alguno de estos sectores.

El esquema de proyectos de inversión privada para prestación de servicios públicos (PPS) se inició en el Reino Unido a principio de los años noventa y pronto fue adoptado, modificándolo según las circunstancias y marco regulatorio local, por Australia, Canadá, Sudáfrica, Chile, Japón, Brasil y otros países europeos. En México, la Secretaría de Hacienda, desde 2003, definió el marco regulatorio y los mecanismos para llevar a cabo proyectos de infraestructura en los sectores de comunicaciones, salud y educación, mediante el esquema PPS.

Los proyectos en que concurren los sectores público y privado implican la suscripción de un contrato a largo plazo en que se tipifican las características, la calidad, los precios y los mecanismos de pago por los servicios que se presten. De esta manera, se asignan y se definen los riesgos y responsabilidades que corresponden a cada parte involucrada en el proyecto.

La realización de proyectos mediante este esquema ha permitido al país obtener ahorros a largo plazo en el diseño, construcción y operación, que fluctúan entre el 20 y el 33 por ciento de la inversión involucrada. A la fecha se está llevando a cabo la construcción de seis hospitales regionales de alta especialidad para la Secretaría de Salud y la construcción y rehabilitación de seis tramos carreteros en distintas regiones del país, los cuales suman una inversión ligeramente superior a los 15.5 mil millones de pesos. Adicionalmente, se tienen identificados proyectos potenciales que implican una inversión de 12 mil millones de pesos en los sectores de salud, comunicaciones y educativo. Cabe destacar que en este último se estima que podrían celebrarse asociaciones con el sector privado para construir y operar distintos centros de educación superior y un centro deportivo de alto rendimiento.

El prometedor resultado del mecanismo de PPS ha llevado a que varias entidades federativas manifiesten su interés por desarrollar esquemas similares, como es el caso de Durango, Tamaulipas y el Estado de México. Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal ha establecido su propio mecanismo de asociación con el sector privado, como es el caso de los proyectos del Metrobús y los potenciales anunciados por Marcelo Ebrard y su secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, al poner en marcha la empresa Capital en Crecimiento, que fungirá como un fondo de inversión. Entre los proyectos que se pretende llevar a cabo en asociación con el sector privado se encuentra el túnel de Santa Fe al Auditorio Nacional, los centros de transferencia de residuos sólidos, distintas plantas de tratamiento de aguas y futuras líneas del Metrobús e incluso del propio Metro.

Los diversos mecanismos de asociación entre los sectores público y privado se están llevando a cabo tanto por gobiernos conservadores como de izquierda, lo cual implica modernas visiones sobre la colaboración entre Estado y mercado, en dónde este último pasa a ser considerado como un instrumento de la política económica.

Al parecer, la reforma energética que propondrá el presidente Calderón se ubica en este contexto y marco regulatorio, sobre todo para construir ductos, medios de transporte y de distribución de los hidrocarburos, así como en las labores de exploración y perforación de yacimientos petroleros. La asociación pública privada en el sector energético no implica que se pierda la propiedad y la soberanía sobre los recursos naturales de la nación, por lo que resultan incongruentes las posiciones que a toda costa se quieren oponer a la concurrencia de esfuerzos y participación de los riesgos que implican los proyectos de modernización y expansión de la capacidad productiva del país.

miggoib@servidor.unam.mx

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