Autonomía de Gestión para Pemex

El Sol de México

20 de marzo de 2008

Miguel González Ibarra

A siete décadas de la histórica decisión de rescatar para la nación la explotación, transformación y comercialización del petróleo, la empresa paraestatal Pemex se encuentra agobiada entre el excesivo peso burocrático de las regulaciones gubernamentales, el sindicato, que le impone una pesada carga laboral, con un elevado costo económico, el deterioro de sus instalaciones, el agotamiento de las reservas probadas y el retraso tecnológico.

Después de haber servido de palanca de desarrollo del país, de haber sido factor clave en la renegociación de la deuda externa y de ser una fuente de ingresos para mantener la estabilidad económica, política y social, el futuro de la riqueza petrolera de la nación se encuentra entrampado en una discusión polarizada entre la apertura total al sector privado y el conservadurismo a ultranza que pretende mantener el estado actual. El ambiente se presta para planteamientos maniqueístas, para negociaciones políticas, para manifestaciones sociales y para presiones financieras, que poco abonan para la construcción de la mejor solución para el país.

La principal limitación para el desarrollo de Pemex no es de tipo financiero, como lo señalan algunas de las propuestas. Los recursos para apoyar proyectos viables y confiables, gestionados de una manera eficiente y transparente, se encuentran en el mercado, aun en esta época de turbulencia financiera. Los contratos de servicios múltiples, los Programas de Inversión con Registro Diferido en el Gasto (Pidiregas) y los llamados "proyectos llave en mano" han sido vehículos utilizados exitosamente tanto por Pemex como por la Comisión Federal de Electricidad, para apoyar programas de expansión o la modernización de plantas específicas. Sin embargo, la polémica que se ha desatado poniendo en duda su legalidad ha generado una gran cautela entre los inversionistas potenciales, limitando con ello una importante fuente para fortalecer a las empresas paraestatales del sector energético.

Por otra parte, las imperiosas necesidades de las finanzas públicas, que estaban acotadas por la rigidez en sus fuentes de ingresos, aunadas a la creciente necesidad de la política social, prácticamente nulificaron la capacidad de inversión con recursos fiscales. Adicionalmente, las exigencias de la poderosa organización sindical y una ineficiente administración en Pemex han llevado a ampliar la falta de recursos para inversión, al tener que incurrir en gastos excesivos y en un deterioro de la productividad.

En el aspecto tecnológico, después del gran esfuerzo de los ingenieros mexicanos para llevara adelante la nacionalización petrolera, el instituto Politécnico Nacional y posteriormente la UNAM se han empeñado en formar personal capaz para apoyar la explotación de los hidrocarburos. Sin embargo, en los años sesenta se creó el Instituto Mexicano del Petróleo que, con el tiempo, se entrampó en la maraña burocrática, al grado de que actualmente cuenta con más de cuatro mil empleados, de los cuales, sólo el 10 por ciento se dedica a las tareas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. El costo total de dicho instituto es soportado por Pemex, mediante onerosos contratos para suministrarle servicios.

Ante este panorama, difícilmente podría pensarse que la privatización podría ser la única e idónea solución para el sector petrolero. Ninguna empresa puede manejarse eficientemente con un marco regulatorio como el actual, ni con una organización sindical y las condiciones laborales prevalecientes.

Las limitaciones que enfrenta Pemex la han conducido a una asociación desventajosa con empresas del exterior, ya que exportamos crudo y, posteriormente, importamos los productos procesados, ya sea en forma de combustibles o de petroquímicos. Una empresa debe poder manejar no sólo su estructura financiera, sino también su estrategia comercial y sus planes de expansión, celebrando alianzas estratégicas, llevando a cabo proyectos conjuntos y asociaciones de negocios. La disciplina y el buen manejo de los recursos de la nación se pueden asegurar utilizando al mercado como un eficiente indicador de la salud financiera y la buena gestión de la empresa.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa se diseñó una estrategia para reformar a las empresas públicas, dotándolas de autonomía de gestión y comprometiéndolas al logro de metas específicas, incluidas Pemex y CFE. Sin embargo, ante la euforia de desincorporación que imperó en esos años, la propuesta de reforma de la empresa pública se confinó a los archivos de Hacienda y de la Comisión Gasto-Financiamiento.

El futuro de la riqueza petrolera del país debe partir de consolidar a Pemex como una empresa, en lugar de considerarla como una dependencia gubernamental. La estrategia de reforma de la empresa pública elaborada hace dieciocho años sería un buen principio para dotar de autonomía de gestión a las empresas del sector energético, adaptándola a las condiciones de este nuevo siglo.

miggoib@servidor.unam.mx

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n635084.htm