Durante los últimos doce años, el Banco de México se ha consolidado como la institución que ofrece mayor solidez, confianza y certidumbre a la economía mexicana. El control en el crecimiento de los precios, el manejo prudente de las reservas internacionales y su gran contribución en la supervisión del sistema financiero, han permitido que se cuente con una gran estabilidad macroeconómica interna y en las relaciones con el exterior.
El descenso y control de la inflación, el régimen cambiario flexible que ha permitido que la moneda mexicana sea una de las divisas más negociadas en el mercado de futuros de Chicago, así como la disminución en las tasas de interés y la apertura y transparencia hacia la sociedad en su conjunto, son los mayores logros de una institución que a lo largo de los años ha podido consolidar su autonomía.
La gestión de Guillermo Ortiz, que en unos días termina, al frente del Banco de México, constituye un gran reto para el nuevo gobernador, Agustín Carstens. Entre las actividades a las que se le debe dar continuidad, sin duda, se encuentra el extraordinario manejo de las relaciones externas que ha estado a cargo de Federico Rubli Kaiser. Esta área del banco central no solo ha permitido que numerosos alumnos universitarios se acerquen cada año a conocer la operación del banco y el diseño de la política monetaria, sino que en los últimos días llevó a cabo un concurso entre estudiantes de preparatoria que convocó a más de cuatro mil alumnos de todo el país que presentaron mil ensayos sobre la función de un banco central autónomo y de las ventajas que tiene para toda la población.
El interés y conocimiento que mostraron los jóvenes de bachillerato, preparatorias, vocacionales, centros CONALEP, Colegios de Ciencias y Humanidades, así como los Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios; los han convertido en auténticos difusores de la política monetaria del país, así como del papel esencial que juega el Banco de México en la vida económica.
Sin embargo, la labor de comunicación y de relaciones que se ha desarrollado durante la gestión de Ortiz, no se circunscribe solo al ámbito interno, sino que también se ha llevado a cabo una gran actividad a nivel internacional, con la organización de seminarios, así como la contribución que el propio gobernador Guillermo Ortiz ha tenido para redefinir la nueva arquitectura financiera internacional, su colaboración con la Reserva Federal de Estados Unidos, su liderazgo en América Latina y en el Banco Internacional de Pagos.
Hasta ahora, en el Congreso se ha cuestionado a Carstens sobre el mantenimiento de la autonomía del Banco de México, mientras que las encuestas entre la población le dan un rango bajo de confianza, pero el reto que tiene que afrontar es mucho mayor que solo inspirar confianza y consolidar la autonomía.
Sin lugar a dudas, la inobjetable preparación de Carstens y su gran capacidad, ahora alejado del fuego político, le permitirá avanzar en la transparencia dando a conocer las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno, a fin de disipar cualquier duda sobre el mantenimiento de la autonomía. De igual manera, tendrá la sensibilidad de continuar con la política de apertura y de relaciones externas del banco, incluyendo la función de apoyo a las labores académicas de las instituciones de enseñanza, así como para fortalecer el seguimiento y análisis del sistema financiero.
Finalmente, ante este cambio, es necesario que la capacidad que ha demostrado Guillermo Ortiz, su conocimiento y experiencia en materia financiera, monetaria y económica del país y del mundo, se aprovechen en la preparación de la juventud mexicana, así que sería altamente conveniente que regrese a la academia, a su alma mater, la Facultad de Economía de la UNAM, a continuar con su labor de enseñanza que emprendió con éxito durante su gestión en el Banco de México.
Los Riesgos para una Recuperación Sostenida
La economía mexicana continúa estrechamente ligada a la de Estados Unidos y, adicionalmente, presenta una serie de problemas estructurales que constituyen un marco de gran fragilidad para que la incipiente recuperación económica se pueda convertir en un proceso sostenido en el corto y mediano plazos.
El riesgo de que el comportamiento de la economía norteamericana sea de un lento crecimiento, así como ante la expectativa de todavía existan activos tóxicos en los balances de las instituciones financieras que no han sido revelados a los mercados, están propiciando una nueva oleada de aversión al riesgo y de volatilidad.
A pesar de que las cifras recientes sobre la economía de Estados Unidos apuntan a que las actividades productivas han dejado de disminuir, la falta de creación de empleos, la escasez de crédito y la aún baja confianza del consumidor, hacen prever que lo que viene es un período de relativo estancamiento, además de la persistencia de una elevada liquidez internacional impulsada por el doble déficit: externo y presupuestal.
De tal manera, los inversionistas han estado buscando refugiarse en los mercados emergentes y de las economías de mercados maduros que les representan un menor riesgo, dando origen a una revaluación del peso mexicano, del real brasileño, del dólar canadiense, del won coreano y del yen japonés. Asimismo, se ha generado una nueva ola especulativa sobre los metales y algunas materias primas que pueden dar pié a una peligrosa burbuja inflacionaria.
A los riesgos del entorno en que se desenvuelve la economía del país, hay que agregar los cuellos de botella estructurales que limitan el crecimiento y la creación de empleos. Además de lo multicitadas reformas estructurales pendientes en materia laboral, en los energéticos, en la hacienda pública y en la educación, existen obstáculos que para removerlos no requieren de modificaciones constitucionales, ni de leyes que tengan que pasar por el Congreso. Entre ellas, se encuentra el mejoramiento de la eficiencia gubernamental y el redimensionamiento del aparato burocrático, así como modificar el papel que juega el Estado en la economía.
Los últimos quince años han puesto de manifiesto que en nuestro país no es suficiente el funcionamiento de un mercado crecientemente abierto a la competencia externa y desregulado para que se genere un desarrollo dinámico, sostenido y que beneficie a toda la población. Aparte de de la supervisión y de medidas para evitar las fallas de mercado, es imprescindible que su funcionamiento se complemente con una activa participación del Estado en la promoción, en la organización, en brindar asistencia técnica, apoyo crediticio y hasta capital de riesgo, para que se desarrollen una serie de actividades altamente generadoras de empelo y no sujetas a los vaivenes de la economía norteamericana. De esta manera se eliminaría una importante fuente de riesgo para una recuperación sostenida largo plazo.
Sin embargo, el cambio en las políticas públicas para adoptar una actitud activa que tienda a fomentar el desarrollo económico enfrenta la falta de capacidad y experiencia de los servidores públicos, además de que se privilegian los intereses políticos de partidos y de sus dirigentes.
Ante la ausencia de una auténtica banca de fomento y la falta de oficio público para ejercer eficientemente el gasto público y diseñar programas que incentiven la productividad y la producción, proliferan las políticas sociales de corte asistencialista que solo palian los problemas y ocultan los obstáculos al crecimiento.
El rompimiento de la inercia que mantiene el estatus quo, requiere de una voluntad de cambio con visión de largo plazo, abierta a las propuestas y críticas de los distintos sectores de la población, para poder tener acceso a un desarrollo con riesgos diversificados y menos supeditado a la economía norteamericana y que genere empleos y un mayor bienestar para la población.
El riesgo de que el comportamiento de la economía norteamericana sea de un lento crecimiento, así como ante la expectativa de todavía existan activos tóxicos en los balances de las instituciones financieras que no han sido revelados a los mercados, están propiciando una nueva oleada de aversión al riesgo y de volatilidad.
A pesar de que las cifras recientes sobre la economía de Estados Unidos apuntan a que las actividades productivas han dejado de disminuir, la falta de creación de empleos, la escasez de crédito y la aún baja confianza del consumidor, hacen prever que lo que viene es un período de relativo estancamiento, además de la persistencia de una elevada liquidez internacional impulsada por el doble déficit: externo y presupuestal.
De tal manera, los inversionistas han estado buscando refugiarse en los mercados emergentes y de las economías de mercados maduros que les representan un menor riesgo, dando origen a una revaluación del peso mexicano, del real brasileño, del dólar canadiense, del won coreano y del yen japonés. Asimismo, se ha generado una nueva ola especulativa sobre los metales y algunas materias primas que pueden dar pié a una peligrosa burbuja inflacionaria.
A los riesgos del entorno en que se desenvuelve la economía del país, hay que agregar los cuellos de botella estructurales que limitan el crecimiento y la creación de empleos. Además de lo multicitadas reformas estructurales pendientes en materia laboral, en los energéticos, en la hacienda pública y en la educación, existen obstáculos que para removerlos no requieren de modificaciones constitucionales, ni de leyes que tengan que pasar por el Congreso. Entre ellas, se encuentra el mejoramiento de la eficiencia gubernamental y el redimensionamiento del aparato burocrático, así como modificar el papel que juega el Estado en la economía.
Los últimos quince años han puesto de manifiesto que en nuestro país no es suficiente el funcionamiento de un mercado crecientemente abierto a la competencia externa y desregulado para que se genere un desarrollo dinámico, sostenido y que beneficie a toda la población. Aparte de de la supervisión y de medidas para evitar las fallas de mercado, es imprescindible que su funcionamiento se complemente con una activa participación del Estado en la promoción, en la organización, en brindar asistencia técnica, apoyo crediticio y hasta capital de riesgo, para que se desarrollen una serie de actividades altamente generadoras de empelo y no sujetas a los vaivenes de la economía norteamericana. De esta manera se eliminaría una importante fuente de riesgo para una recuperación sostenida largo plazo.
Sin embargo, el cambio en las políticas públicas para adoptar una actitud activa que tienda a fomentar el desarrollo económico enfrenta la falta de capacidad y experiencia de los servidores públicos, además de que se privilegian los intereses políticos de partidos y de sus dirigentes.
Ante la ausencia de una auténtica banca de fomento y la falta de oficio público para ejercer eficientemente el gasto público y diseñar programas que incentiven la productividad y la producción, proliferan las políticas sociales de corte asistencialista que solo palian los problemas y ocultan los obstáculos al crecimiento.
El rompimiento de la inercia que mantiene el estatus quo, requiere de una voluntad de cambio con visión de largo plazo, abierta a las propuestas y críticas de los distintos sectores de la población, para poder tener acceso a un desarrollo con riesgos diversificados y menos supeditado a la economía norteamericana y que genere empleos y un mayor bienestar para la población.
Tres Años de Expectativas Incumplidas
A la mitad de la gestión de Felipe Calderón, el país se encuentra inmerso en una incierta recuperación de la peor recesión de las últimas cinco décadas. Las expectativas que generaron las promesas de campaña de generar empleos, crecer aceleradamente, reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población se han transformado en una quimera electoral para captar votos.
Si bien es cierto que el gobierno de Calderón no tuvo nada que ver con el entorno adverso que generó la crisis financiera que desató Estados Unidos, la calibración de los efectos que tendría en la economía mexicana, las medidas que frente a la crisis y posterior recesión se tomaron y la forma en que se pretendieron ejecutar, son clara muestra de la rigidez y falta de eficiencia del aparato gubernamental.
En medio de la turbulencia se ha podido preservar la estabilidad macroeconómica y se han controlado las presiones inflacionarias y cambiarias, pero no se ha podido reactivar el crédito, ni la inversión productiva. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas no ha podido despegar, mientras que el ambicioso programa de creación y modernización de la infraestructura naufraga en las marañas burocráticas y en la ineficiencia de los operadores del mismo.
Los estragos del desempleo y de la mayor pobreza se han logrado atemperar gracias a los crecientes recursos que se destinan a los programas sociales, aunque se ha constituido en un foco de presión para las acotadas finanzas públicas. Por su parte, la enérgica acción contra el narcotráfico y contra la delincuencia no ha mostrado una disminución significativa de la inseguridad. Al respecto, el ministro saliente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, señaló que México vive un frágil equilibrio social que requiere de una reconstrucción de la vida nacional.
Las reformas estructurales no han podido concretarse, desperdiciándose la primera legislatura que le correspondió al gobierno de Calderón, a pesar de que su partido mantenía una mayoría legislativa. En su lugar, en materia hacendaria, se llevó a cabo solamente una modificación recaudatoria que ofrece el riesgo de impulsar un crecimiento de los precios el próximo año.
Adicionalmente, no se han emprendido acciones para mejorar la recaudación tributaria, ni para simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los causantes, como tampoco se han tomado medidas para hacer más eficiente a la administración tributaria, ni para darle una mayor racionalidad a la estructura burocrática.
Aunque no se han podido generar acuerdos entre el gobierno, legisladores y los líderes políticos, empresariales y académicos sobre las medidas que deben llevarse a cabo, todos coinciden en la necesidad de redefinir el modelo de desarrollo y de reorientar el rumbo económico del país, para no tener un futuro supeditado a los vaivenes de la economía norteamericana.
El segundo tramo del actual gobierno, el Presidente Calderón, debe replantearse la disyuntiva de emprender el cambio que desde hace una década quedó interrumpido, o bien dedicarse a cuidar que su partido tenga un mejor resultado en las elecciones del 2012. Los ajustes en el gobierno deben buscar la eficiencia, más allá de las filiaciones políticas y de los afectos o desafectos personales. De tal manera, no resultaría razonable que un funcionario que ha cumplido, como es el actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, no sea ratificado para un nuevo período, mientras se pretenda premiar a otros que no han tenido resultados satisfactorios, como es el caso de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía y, en menor medida, de Hacienda y de la banca de desarrollo.
Si bien es cierto que el gobierno de Calderón no tuvo nada que ver con el entorno adverso que generó la crisis financiera que desató Estados Unidos, la calibración de los efectos que tendría en la economía mexicana, las medidas que frente a la crisis y posterior recesión se tomaron y la forma en que se pretendieron ejecutar, son clara muestra de la rigidez y falta de eficiencia del aparato gubernamental.
En medio de la turbulencia se ha podido preservar la estabilidad macroeconómica y se han controlado las presiones inflacionarias y cambiarias, pero no se ha podido reactivar el crédito, ni la inversión productiva. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas no ha podido despegar, mientras que el ambicioso programa de creación y modernización de la infraestructura naufraga en las marañas burocráticas y en la ineficiencia de los operadores del mismo.
Los estragos del desempleo y de la mayor pobreza se han logrado atemperar gracias a los crecientes recursos que se destinan a los programas sociales, aunque se ha constituido en un foco de presión para las acotadas finanzas públicas. Por su parte, la enérgica acción contra el narcotráfico y contra la delincuencia no ha mostrado una disminución significativa de la inseguridad. Al respecto, el ministro saliente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, señaló que México vive un frágil equilibrio social que requiere de una reconstrucción de la vida nacional.
Las reformas estructurales no han podido concretarse, desperdiciándose la primera legislatura que le correspondió al gobierno de Calderón, a pesar de que su partido mantenía una mayoría legislativa. En su lugar, en materia hacendaria, se llevó a cabo solamente una modificación recaudatoria que ofrece el riesgo de impulsar un crecimiento de los precios el próximo año.
Adicionalmente, no se han emprendido acciones para mejorar la recaudación tributaria, ni para simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los causantes, como tampoco se han tomado medidas para hacer más eficiente a la administración tributaria, ni para darle una mayor racionalidad a la estructura burocrática.
Aunque no se han podido generar acuerdos entre el gobierno, legisladores y los líderes políticos, empresariales y académicos sobre las medidas que deben llevarse a cabo, todos coinciden en la necesidad de redefinir el modelo de desarrollo y de reorientar el rumbo económico del país, para no tener un futuro supeditado a los vaivenes de la economía norteamericana.
El segundo tramo del actual gobierno, el Presidente Calderón, debe replantearse la disyuntiva de emprender el cambio que desde hace una década quedó interrumpido, o bien dedicarse a cuidar que su partido tenga un mejor resultado en las elecciones del 2012. Los ajustes en el gobierno deben buscar la eficiencia, más allá de las filiaciones políticas y de los afectos o desafectos personales. De tal manera, no resultaría razonable que un funcionario que ha cumplido, como es el actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, no sea ratificado para un nuevo período, mientras se pretenda premiar a otros que no han tenido resultados satisfactorios, como es el caso de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía y, en menor medida, de Hacienda y de la banca de desarrollo.
Incierta Recuperación
De acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país ha dejado el decrecimiento económico y ha iniciado una recuperación a partir del tercer trimestre del año. Sin embargo se estima que para el 2009 la producción nacional será menor en 6.9 por ciento de lo fue en el año anterior. Por su parte, las perspectivas en materia de inflación resultan aún más halagüeñas, ya que el crecimiento de los precios podría ubicarse dentro de la meta establecida por el Banco de México, por debajo de cuatro por ciento.
A pesar de la perspectiva de dejar a tras la recesión, existe el temor de que la recuperación no llegue a ser tan dinámica y que, incluso, se encuentre sujeta a una gran volatilidad.
La discusión sobre las medidas que se tomaron para que tratar de contener la contracción económica, así como las que buscan generar un crecimiento sostenido, no fueron las adecuadas, dan pié a considerar que solo se trataron de tibias acciones paliativas para esperar que la solución sea el efecto que genere sobre la economía nacional la recuperación norteamericana. De tal manera, la fragilidad sobre las bases en que sustenta el repunte económico del vecino del norte, lo que ha llevado a los analista internacionales a considerar que podría existir una nueva recaída, están creando en México un clima de incertidumbre sobre el futuro de las actividades productivas.
A su vez, las medidas recaudatorias y el temor de que persista la ineficiencia en el ejercicio del gasto para el próximo año, hacer prever que en lugar de un crecimiento de 3 por ciento en 2010, solo se logre que la producción avance en 1.5 por ciento. Por su parte, los mayores impuestos reducirán la capacidad de compra de la población, propiciarán que se pospongan inversiones y se generará un efecto adverso a lo esperado en materia de recaudación.
El análisis que parte de considerar que el marco fiscal no es adecuado para el nivel de desarrollo del país y para proporcionar los ingresos que requiere la hacienda pública, así como la falta de eficiencia del aparato gubernamental, ha llevado a una de las empresas mundiales de calificación crediticia a determinar una baja en la calidad de los valores mexicanos emitidos en los mercados financieros, con lo cual se encarecerá el costo de los recursos externos. Al parecer, se estima que la política gubernamental se orientó exclusivamente a preservar la estabilidad macroeconómica, en lugar de buscar fortalecer el mercado y la producción internos, lo cual se hubiera reflejado en una menor desaceleración y en una menor tasa de desempleo.
Desde hace tiempo se ha venido mencionando que no es suficiente para el país contar solamente con estabilidad macroeconómica, aunque es un requisito indispensable, para que exista un desarrollo sostenido y dinámico. Además de la reformas estructurales pendientes, se puede fortalecer la recuperación si se quita la incertidumbre que pesa en el ámbito nacional sobre el comportamiento de la economía norteamericana, si emprenden acciones para hacer más ágiles las inversiones en infraestructura, si se lleva a cabo un redimensionamiento racional del aparato gubernamental y si se lleva a cabo un plan serio de mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios y bienes públicos.
Por lo pronto, como lo ha señalado el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, no se recuperará el bienestar que tenía la población en 2008, sino hasta el final de la gestión de Felipe Calderón.
A pesar de la perspectiva de dejar a tras la recesión, existe el temor de que la recuperación no llegue a ser tan dinámica y que, incluso, se encuentre sujeta a una gran volatilidad.
La discusión sobre las medidas que se tomaron para que tratar de contener la contracción económica, así como las que buscan generar un crecimiento sostenido, no fueron las adecuadas, dan pié a considerar que solo se trataron de tibias acciones paliativas para esperar que la solución sea el efecto que genere sobre la economía nacional la recuperación norteamericana. De tal manera, la fragilidad sobre las bases en que sustenta el repunte económico del vecino del norte, lo que ha llevado a los analista internacionales a considerar que podría existir una nueva recaída, están creando en México un clima de incertidumbre sobre el futuro de las actividades productivas.
A su vez, las medidas recaudatorias y el temor de que persista la ineficiencia en el ejercicio del gasto para el próximo año, hacer prever que en lugar de un crecimiento de 3 por ciento en 2010, solo se logre que la producción avance en 1.5 por ciento. Por su parte, los mayores impuestos reducirán la capacidad de compra de la población, propiciarán que se pospongan inversiones y se generará un efecto adverso a lo esperado en materia de recaudación.
El análisis que parte de considerar que el marco fiscal no es adecuado para el nivel de desarrollo del país y para proporcionar los ingresos que requiere la hacienda pública, así como la falta de eficiencia del aparato gubernamental, ha llevado a una de las empresas mundiales de calificación crediticia a determinar una baja en la calidad de los valores mexicanos emitidos en los mercados financieros, con lo cual se encarecerá el costo de los recursos externos. Al parecer, se estima que la política gubernamental se orientó exclusivamente a preservar la estabilidad macroeconómica, en lugar de buscar fortalecer el mercado y la producción internos, lo cual se hubiera reflejado en una menor desaceleración y en una menor tasa de desempleo.
Desde hace tiempo se ha venido mencionando que no es suficiente para el país contar solamente con estabilidad macroeconómica, aunque es un requisito indispensable, para que exista un desarrollo sostenido y dinámico. Además de la reformas estructurales pendientes, se puede fortalecer la recuperación si se quita la incertidumbre que pesa en el ámbito nacional sobre el comportamiento de la economía norteamericana, si emprenden acciones para hacer más ágiles las inversiones en infraestructura, si se lleva a cabo un redimensionamiento racional del aparato gubernamental y si se lleva a cabo un plan serio de mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios y bienes públicos.
Por lo pronto, como lo ha señalado el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, no se recuperará el bienestar que tenía la población en 2008, sino hasta el final de la gestión de Felipe Calderón.
Austeridad Gubernamental
A pesar de que los ajustes que realizó la Cámara de Diputados al presupuesto que presentó el Presidente Calderón son menores y pueden considerarse como marginales, la decisión de asignar mayores recursos al campo, a la educación y a la infraestructura, significan un importante cambio en la prioridades y estrategia de las políticas públicas.
Este tipo de medidas, que pueden considerarse como pequeños cambios, si se llevan de manera eficiente, marcarán el rumbo de un modelo económico que busca impulsar un desarrollo sostenido en el largo plazo, al considerar la necesidad de aumentar la producción y la productividad en las actividades rurales, así como fortalecer la formación de recursos humanos y construir y modernizar infraestructura que permiten que existan externalidades positivas para las actividades productivas. Adicionalmente, si este tipo de acciones se ejecutan teniendo en cuenta el efecto multiplicador que pueden generar, su efecto en el crecimiento del país, en la productividad y en la creación de empleos con ingresos dignos, será aún mayor.
Las otras decisiones tomadas por los diputados que no se reflejan en la composición de presupuesto, pero que son un complemento del cambio en la orientación del gasto, es la obligación que han impuesto al gobierno federal de llevar a cabo un plan de austeridad multianual, así como la necesidad de que mensualmente se esté informando sobre los posibles sub ejercicios en que se esté incurriendo y que la Secretaría de Hacienda presente la causas, las soluciones y , en su caso, las alternativas de reasignación de los recursos.
El plan de austeridad debe partir de un análisis completo de la estructura burocrática, con el fin de racionalizarla haciéndola más eficiente. De tal manera, se considera que la propuesta del ejecutivo federal de simplemente desaparecer secretarías y reasignar sus funciones a otras dependencias, no constituye una medida de fondo que tienda a resolver el problema del crecimiento desmesurado del aparato gubernamental y de los programas púbicos. El sistema de evaluación del desempeño, que desde hace dos años se ha venido instrumentando paulatinamente, permite determinar la pertinencia de los programas, de los ajustes y de los apoyos que requerían, de tal manera que debe ser la base para diseñar el plan de austeridad y de racionalización administrativa.
La necesidad de atender a la creciente población en condiciones de vulnerabilidad, dada la crisis financiera, la recesión económica actual y la incapacidad del modelo de desarrollo de generar los empleos para atender el crecimiento de la población económica activa, han ocasionado que cada vez se tengan que destinar mayores recursos a los programas sociales. Sin embargo, el problema se convierte en un círculo vicioso, en la medida que solo se soluciona coyunturalmente la pobreza extrema, pero no se resuelven las causas que la generan.
Adicionalmente, los números programas públicos que se han proliferado en la última década, son poco complementarios entre sí y llegan a la grado de duplicar esfuerzos y a representar un cuantioso gasto asociado a su operación, que abulta la estructura burocrática, que no se refleja como gasto corriente, sino como parte de la ejecución de los programas. En buena medida estos numerosos programas públicos dan razón a la existencia de la delegaciones de todas y cada una de las dependencias en la entidades federativas, en lugar de avanzar en el fortalecimiento de del federalismo.
La austeridad gubernamental, no es, por tanto, una medida de presión política al gobierno federal que solo busca reducir los sueldos de los mandos directivos de las dependencias y organismos, sino una medida que encamina al país hacia la mayor eficiencia de la administración pública, para que la dimensión de aparto burocrático sea más racional y sin tintes políticos en los programas que ejecute.
Este tipo de medidas, que pueden considerarse como pequeños cambios, si se llevan de manera eficiente, marcarán el rumbo de un modelo económico que busca impulsar un desarrollo sostenido en el largo plazo, al considerar la necesidad de aumentar la producción y la productividad en las actividades rurales, así como fortalecer la formación de recursos humanos y construir y modernizar infraestructura que permiten que existan externalidades positivas para las actividades productivas. Adicionalmente, si este tipo de acciones se ejecutan teniendo en cuenta el efecto multiplicador que pueden generar, su efecto en el crecimiento del país, en la productividad y en la creación de empleos con ingresos dignos, será aún mayor.
Las otras decisiones tomadas por los diputados que no se reflejan en la composición de presupuesto, pero que son un complemento del cambio en la orientación del gasto, es la obligación que han impuesto al gobierno federal de llevar a cabo un plan de austeridad multianual, así como la necesidad de que mensualmente se esté informando sobre los posibles sub ejercicios en que se esté incurriendo y que la Secretaría de Hacienda presente la causas, las soluciones y , en su caso, las alternativas de reasignación de los recursos.
El plan de austeridad debe partir de un análisis completo de la estructura burocrática, con el fin de racionalizarla haciéndola más eficiente. De tal manera, se considera que la propuesta del ejecutivo federal de simplemente desaparecer secretarías y reasignar sus funciones a otras dependencias, no constituye una medida de fondo que tienda a resolver el problema del crecimiento desmesurado del aparato gubernamental y de los programas púbicos. El sistema de evaluación del desempeño, que desde hace dos años se ha venido instrumentando paulatinamente, permite determinar la pertinencia de los programas, de los ajustes y de los apoyos que requerían, de tal manera que debe ser la base para diseñar el plan de austeridad y de racionalización administrativa.
La necesidad de atender a la creciente población en condiciones de vulnerabilidad, dada la crisis financiera, la recesión económica actual y la incapacidad del modelo de desarrollo de generar los empleos para atender el crecimiento de la población económica activa, han ocasionado que cada vez se tengan que destinar mayores recursos a los programas sociales. Sin embargo, el problema se convierte en un círculo vicioso, en la medida que solo se soluciona coyunturalmente la pobreza extrema, pero no se resuelven las causas que la generan.
Adicionalmente, los números programas públicos que se han proliferado en la última década, son poco complementarios entre sí y llegan a la grado de duplicar esfuerzos y a representar un cuantioso gasto asociado a su operación, que abulta la estructura burocrática, que no se refleja como gasto corriente, sino como parte de la ejecución de los programas. En buena medida estos numerosos programas públicos dan razón a la existencia de la delegaciones de todas y cada una de las dependencias en la entidades federativas, en lugar de avanzar en el fortalecimiento de del federalismo.
La austeridad gubernamental, no es, por tanto, una medida de presión política al gobierno federal que solo busca reducir los sueldos de los mandos directivos de las dependencias y organismos, sino una medida que encamina al país hacia la mayor eficiencia de la administración pública, para que la dimensión de aparto burocrático sea más racional y sin tintes políticos en los programas que ejecute.
Presupuesto para Impulsar el Desarrollo
Después de que se aprobaron las fuentes y monto de ingresos de que dispondrá el gobierno federal para el próximo año, toca el turno al análisis y discusión de hacia dónde se destinarán dichos recursos. El presupuesto de egresos deberá aprobarse a más tardar el próximo domingo, día quince de este mes y el tiempo para poder hacer la mejor asignación del gasto público parece estar demasiado acotado, lo que hace suponer que también será resultado más de la conjunción de los intereses de grupos políticos, que la mejor decisión para impulsar una dinámica recuperación económica.
La perspectiva para los próximos dos años, según organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, así como de distintos analistas nacionales es que la economía del país solo alcanzará a recuperar el nivel que se tenía al inicio de la gestión gubernamental de Calderón. De tal manera, el saldo en materia de crecimiento económico del sexenio sería similar al que se tuvo en el de De la Madrid, aunque en ése se tuvo que enfrentar la drástica caída de los ingresos petroleros, el gran endeudamiento externo, la restricción de los mercados de capital y los efectos del sismo de 1985.
El gran crecimiento de la burocracia, la falta de empleo y de ingresos que impulsan un cada vez mayor gasto social, así como la dependencia de los gobiernos estatales y municipales de las transferencias del gobierno federal, constituyen factores que limitan la posibilidad de reasignar el gasto propuesto por el Presidente Calderón.
Así como cada vez existe un mayor consenso sobre la necesidad de llevar a cabo una redefinición de la estructura tributaria del país, con acuerdos de todos los sectores sociales, para contribuir al sostenimiento gubernamental; es necesario que se precise el papel que debe desempeñar el Estado en la conducción de las actividades políticas, económicas y sociales.
Realmente, lo que se requiere es replantear el modelo de desarrollo del país, sobre lo cual, a nivel de declaraciones, existe una cada vez mayor coincidencia entre distintos actores económicos y políticos. Sin embargo, se corre el riesgo de que en la medida que el ritmo de la economía se comience normalizar sea menos imperioso redefinir el rumbo del país, de tal manera que las modificaciones coyunturales actuales solo servirán para que la actividad productiva siga al vaivén de las fluctuaciones de los mercados mundiales.
Hasta ahora solamente el Banco de México es quien ha respondido de manera efectiva ante la recesión, flexibilizando su política monetaria para, más allá de su obligación de controlar el crecimiento de los precios, buscar también generar un efecto favorable en la producción.
Por su parte, a nivel gubernamental, sin que se requieran mayores cambios estructurales, se deberían llevar a cabo acciones para lograr que la administración pública sea más eficiente y que el gasto de inversión se ejecute oportunamente. Asimismo, se requiere la decisión de que la banca de fomento desempeñe nuevamente el papel de impulsor de las actividades económicas que tiene bajo su responsabilidad, sea el comercio exterior, las actividades empresariales, el turismo, la producción rural, la vivienda o las obras públicas.
Las modificaciones que los diputados puedan hacer a la propuesta de presupuesto poco abonaran a favor de que éste se convierta en un instrumento para impulsar el desarrollo del país, si el ejecutivo federal no emprende acciones que eliminen obstáculos, tanto para la inversión privada como para la pública, así como si no toma la decisión de convertirse en conductor de las actividades económicas del país, regulando, complementando, vigilando y utilizando el funcionamiento del mercado.
La perspectiva para los próximos dos años, según organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, así como de distintos analistas nacionales es que la economía del país solo alcanzará a recuperar el nivel que se tenía al inicio de la gestión gubernamental de Calderón. De tal manera, el saldo en materia de crecimiento económico del sexenio sería similar al que se tuvo en el de De la Madrid, aunque en ése se tuvo que enfrentar la drástica caída de los ingresos petroleros, el gran endeudamiento externo, la restricción de los mercados de capital y los efectos del sismo de 1985.
El gran crecimiento de la burocracia, la falta de empleo y de ingresos que impulsan un cada vez mayor gasto social, así como la dependencia de los gobiernos estatales y municipales de las transferencias del gobierno federal, constituyen factores que limitan la posibilidad de reasignar el gasto propuesto por el Presidente Calderón.
Así como cada vez existe un mayor consenso sobre la necesidad de llevar a cabo una redefinición de la estructura tributaria del país, con acuerdos de todos los sectores sociales, para contribuir al sostenimiento gubernamental; es necesario que se precise el papel que debe desempeñar el Estado en la conducción de las actividades políticas, económicas y sociales.
Realmente, lo que se requiere es replantear el modelo de desarrollo del país, sobre lo cual, a nivel de declaraciones, existe una cada vez mayor coincidencia entre distintos actores económicos y políticos. Sin embargo, se corre el riesgo de que en la medida que el ritmo de la economía se comience normalizar sea menos imperioso redefinir el rumbo del país, de tal manera que las modificaciones coyunturales actuales solo servirán para que la actividad productiva siga al vaivén de las fluctuaciones de los mercados mundiales.
Hasta ahora solamente el Banco de México es quien ha respondido de manera efectiva ante la recesión, flexibilizando su política monetaria para, más allá de su obligación de controlar el crecimiento de los precios, buscar también generar un efecto favorable en la producción.
Por su parte, a nivel gubernamental, sin que se requieran mayores cambios estructurales, se deberían llevar a cabo acciones para lograr que la administración pública sea más eficiente y que el gasto de inversión se ejecute oportunamente. Asimismo, se requiere la decisión de que la banca de fomento desempeñe nuevamente el papel de impulsor de las actividades económicas que tiene bajo su responsabilidad, sea el comercio exterior, las actividades empresariales, el turismo, la producción rural, la vivienda o las obras públicas.
Las modificaciones que los diputados puedan hacer a la propuesta de presupuesto poco abonaran a favor de que éste se convierta en un instrumento para impulsar el desarrollo del país, si el ejecutivo federal no emprende acciones que eliminen obstáculos, tanto para la inversión privada como para la pública, así como si no toma la decisión de convertirse en conductor de las actividades económicas del país, regulando, complementando, vigilando y utilizando el funcionamiento del mercado.
Repunte Inflacionario en Perspectiva
Una vez que ha quedado aprobada la Ley de Ingresos para el próximo año, se espera con cautela lo que será el presupuesto de egresos para ese año. Por lo pronto, se han dado a conocer las cifras preocupantes del aumento que en los últimos meses ha experimentado el gasto burocrático, por lo que se espera que la revisión y ajustes a la propuesta presentada por el Presidente Calderón sea objeto de un fuerte debate en la Cámara de diputados y de una cirugía mayor.
La incertidumbre sobre las perspectivas económicas para el próximo año se reflejan tanto en el mercado, como en las expectativas de los agentes productivos y en el propio Banco de de México, que espera conocer el desenlace sobre el paquete económico para dar a conocer cuál será la política monetaria.
Las previsiones generalizadas sobre el crecimiento de los precios, consideran que en el próximo año será difícil contener el repunte inflacionario, si bien se reconoce que en este año se logró controlar lo que parecía ser un escenario de alta inflación. De tal manera, en 2010 se espera que la inflación se sitúe por arriba de la meta y del margen que ha venido siendo fijado como meta por el banco central, lo cual también es la expectativa para los próximos cuatro años. De acuerdo con los analistas de BANAMEX, las disposiciones fiscales aprobadas por el Congreso generan presiones inflacionarias menores, hasta en la mitad, de lo que hubieran propiciado las propuestas por el Gobierno Federal.
La volatilidad que desde principio de año ha venido ocasionado la incertidumbre sobre la recuperación de la economía norteamericana y de la propia economía mexicana, se ha prolongado ante las tensas negociaciones entre el Congreso, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los propios empresarios. La mayor afectación de la volatilidad se ha dado en el tipo de cambio y en la canalización del crédito que continúa con una fuerte preferencia por la colocación a corto plazo, mientras que se muestra un incierto repunte de las actividades productivas y del empleo.
El consumo continuará retraído, sobre todo en las tiendas de autoservicio, afectadas por la baja del crédito al consumo por parte de los bancos, mientras que los establecimientos comerciales departamentales muestran un fuerte repunte gracias a sus promociones de financiamiento sin intereses. Sin embargo, las expectativas inflacionarias y de recuperación del empleo harán que permanezca en un bajo nivel la confianza del consumidor y por lo tanto el volumen y monto de la ventas.
La atención se centra ahora, una vez definido el ingreso, en el análisis del gasto, con fin de asegurar que se destine a apoyar actividades productivas y a fortalecer el mercado interno, en lugar de privilegiar el gasto burocrático que es una fuente de presiones inflacionarias. Por lo pronto, existe un fuerte reclamo de los sectores productivos por la falta de eficiencia en el ejercicio de la inversión pública en materia de infraestructura, así como el torpe manejo de los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Al respecto, cabría esperar que entre las medidas de racionalidad que aprueben los diputados en el presupuesto de egresos, se encuentre una redefinición de las funciones de la banca de fomento, para que los distintos fondos desminados en las dependencias gubernamentales que pretenden apoyar a la actividad empresarial se consoliden en Nacional Financiera, mientras que se deja que BANCOMEXT se convierta en el instrumento para impulsar la diversificación de nuestro comercio exterior..
Por su parte, la acción de fomento en el área rural implica la necesidad de fortalecer a Financiera Rural, con la reasignación a este banco de los fideicomisos que se encuentran dispersos en SAGARPA, Banco de México, Reforma Agraria y Nacional Financiera. Finalmente, debe ser una prioridad eliminar los obstáculos para la realización de obras públicas, con lo cual se podrá plena vigencia a las tareas asignadas a BANOBRAS y al propio Fondo Nacional de Infraestructura.
La incertidumbre sobre las perspectivas económicas para el próximo año se reflejan tanto en el mercado, como en las expectativas de los agentes productivos y en el propio Banco de de México, que espera conocer el desenlace sobre el paquete económico para dar a conocer cuál será la política monetaria.
Las previsiones generalizadas sobre el crecimiento de los precios, consideran que en el próximo año será difícil contener el repunte inflacionario, si bien se reconoce que en este año se logró controlar lo que parecía ser un escenario de alta inflación. De tal manera, en 2010 se espera que la inflación se sitúe por arriba de la meta y del margen que ha venido siendo fijado como meta por el banco central, lo cual también es la expectativa para los próximos cuatro años. De acuerdo con los analistas de BANAMEX, las disposiciones fiscales aprobadas por el Congreso generan presiones inflacionarias menores, hasta en la mitad, de lo que hubieran propiciado las propuestas por el Gobierno Federal.
La volatilidad que desde principio de año ha venido ocasionado la incertidumbre sobre la recuperación de la economía norteamericana y de la propia economía mexicana, se ha prolongado ante las tensas negociaciones entre el Congreso, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los propios empresarios. La mayor afectación de la volatilidad se ha dado en el tipo de cambio y en la canalización del crédito que continúa con una fuerte preferencia por la colocación a corto plazo, mientras que se muestra un incierto repunte de las actividades productivas y del empleo.
El consumo continuará retraído, sobre todo en las tiendas de autoservicio, afectadas por la baja del crédito al consumo por parte de los bancos, mientras que los establecimientos comerciales departamentales muestran un fuerte repunte gracias a sus promociones de financiamiento sin intereses. Sin embargo, las expectativas inflacionarias y de recuperación del empleo harán que permanezca en un bajo nivel la confianza del consumidor y por lo tanto el volumen y monto de la ventas.
La atención se centra ahora, una vez definido el ingreso, en el análisis del gasto, con fin de asegurar que se destine a apoyar actividades productivas y a fortalecer el mercado interno, en lugar de privilegiar el gasto burocrático que es una fuente de presiones inflacionarias. Por lo pronto, existe un fuerte reclamo de los sectores productivos por la falta de eficiencia en el ejercicio de la inversión pública en materia de infraestructura, así como el torpe manejo de los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Al respecto, cabría esperar que entre las medidas de racionalidad que aprueben los diputados en el presupuesto de egresos, se encuentre una redefinición de las funciones de la banca de fomento, para que los distintos fondos desminados en las dependencias gubernamentales que pretenden apoyar a la actividad empresarial se consoliden en Nacional Financiera, mientras que se deja que BANCOMEXT se convierta en el instrumento para impulsar la diversificación de nuestro comercio exterior..
Por su parte, la acción de fomento en el área rural implica la necesidad de fortalecer a Financiera Rural, con la reasignación a este banco de los fideicomisos que se encuentran dispersos en SAGARPA, Banco de México, Reforma Agraria y Nacional Financiera. Finalmente, debe ser una prioridad eliminar los obstáculos para la realización de obras públicas, con lo cual se podrá plena vigencia a las tareas asignadas a BANOBRAS y al propio Fondo Nacional de Infraestructura.
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