La inflación en época de crisis

El Sol de México

31 de julio de 2008

Miguel González Ibarra

El incremento generalizado de los precios en un entorno desfavorable para el desarrollo de las actividades de las instituciones financieras, de las empresas y de las familias, constituye un complejo panorama para las autoridades de todos los países, que se ven obligadas a incursionar en medidas de política económica ajenas a la ortodoxia con que regularmente han enfrentado a la inflación en épocas sin turbulencia.

El lento crecimiento de la economía, la disminución de la confianza de los consumidores, la frágil situación financiera de los bancos por los créditos de baja calidad, que amenaza con extenderse a los de mayor calidad, así como el fortalecimiento y la debilidad de unas monedas frente a otras, han conformado un ambiente en el que la tradicional política antiinflacionaria, basada en una restricción monetaria, puede conducir a una crisis profunda y de larga duración con un grave desajuste en la estructura relativa de precios y con un imprevisible costo social.

En tales circunstancias, cobran una mayor relevancia en la estrategia para controlar un proceso ordenado de ajuste de precios, las medidas en materia fiscal, cambiaria, de deuda y de fomento. Sin embargo, existe la disyuntiva sobre el sentido que debería darse a estas medidas. De tal manera, mientras que algunas propuestas fiscales pugnan por una disminución en el gasto público, otras se muestran a favor de medidas contracíclicas; asimismo, frente a las opiniones de disminuir la carga tributaria a los causantes, existen otras en el sentido de fortalecer los ingresos públicos.

La adopción de una política monetaria restrictiva implica un alza en las tasas de interés, lo cual tiene repercusiones sobre el ritmo de crecimiento de la producción, del consumo y del empleo, además de que tiende a fortalecer el tipo de cambio que encarece el precio de los productos de exportación. Adicionalmente, la consecuencia de una política que sólo contemple medidas ortodoxas, en las actuales circunstancias debilitaría aún más la economía de los países y agravaría la fragilidad financiera de las instituciones bancarias.

Al respecto, al reconocimiento generalizado de que aún no terminan los efectos de la turbulencia financiera que desataron los créditos de baja calidad otorgados en Estados Unidos, se empiezan a manifestar problemas en otro nivel de deudores, como es el caso de los tarjetahabientes de American Express, la cuarta emisora de tarjetas en el mercado norteamericano. Los saldos que deben cubrirse totalmente al final de cada ciclo a American Express se están extendiendo a 30 y 60 días, por lo que la empresa ha visto aumentar significativamente su índice de cartera morosa y de la irrecuperable. Los inversionistas están viendo con nerviosismo esta situación, y de inmediato se ha reflejado en una baja en la cotización de las acciones de esta empresa.

En México, que hasta ahora ha sorteado bien los choques de la turbulencia financiera mundial, se ha adoptado una política antiinflacionaria que contempla una alza moderada de las tasas de interés, una estabilización dentro de cierta banda del tipo de cambio, una disminución del circulante mediante la compra de dólares por parte del Gobierno federal, para mejorar el perfil de la deuda externa, y una serie de medidas de fomento que incluyen un aumento en la inversión productiva, así como subsidios y acuerdos para evitar una espiral en los precios de los energéticos y de los productos básicos.

Los resultados y reacciones ante la estrategia mexicana de control de la inflación, van desde la previsión gubernamental de que el crecimiento del país durante este año será superior a lo esperado y las medidas que están tomando los bancos para aumentar sus reservas frente al aumento en la morosidad de los créditos otorgados mediante tarjeta de crédito, hasta los desacuerdos por mantener fuerte al peso frente al dólar y las exigencias de aumentos salariales.

Al respecto, hay que señalar que la paridad, medida a través del poder de compra, metodología que inicialmente llevó a la práctica la prestigiada revista británica The Economist y que ha sido objeto de una mayor elaboración por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ubica que para julio de este año, en el caso de México debería ser de 8.96 pesos por dólar. De tal manera, al mantenerse el tipo de cambio alrededor del los 10.40 pesos por dólar, además de servir como ancla para la inflación, evitará que se deteriore más el poder de compra y no será un elemento que pudiera generar efectos negativos en la balanza de pagos, ya que incluso, por el persistente alto precio de los hidrocarburos, se estima que en los próximos meses se tendrá un superávit de la balanza comercial.

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