El Sol de México
29 de mayo de 2008
Miguel González Ibarra
El comportamiento de la economía del país durante el primer trimestre del año fue menos dinámico de lo que se esperaba, aún si se considera el crecimiento sin los elementos de carácter estacional. Los factores que originan que sea menor el ritmo de expansión de las actividades productivas son tanto de orden externo como interno.
Uno de los resultados de la desaceleración económica que generan mayor preocupación es la menor creación de empleos formales, al mismo tiempo que se hace presente la amenaza de los mayores precios internacionales de los energéticos y de las materias primas, fundamentalmente las relacionadas con la producción de alimentos, que podría desatar un repunte inflacionario y deteriorar el nivel de bienestar, agravar la concentración del ingreso y de pobreza.
Ante este panorama, la primera medida que anunció el presidente Calderón, fue el programa de apoyo contra la crisis alimentaria, que comprende acciones coyunturales para paliar los efectos del incremento y posible desabasto de productos alimenticios, así como otras para fomentar una mayor producción agropecuaria.
Las opiniones que consideraron que las anteriores eran sólo medidas parciales, ahora tienen ante sí las propuestas del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 (Pronafide) que busca que la inversión se aumente, durante el periodo, a más del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con el fin de reactivar la generación de empleos formales y que se pueda alcanzar hacia el final del sexenio, un crecimiento económico de 6.2 por ciento anual y reducir sustancialmente los niveles de pobreza alimentaria.
Las propuestas para que la economía mexicana sea más competitiva y dinámica, parten de la necesidad de que se cuente con factores transversales, como la estabilidad macroeconómica, política y social, la seguridad y el fortalecimiento del Estado de Derecho, así como la generación de un mayor y mejor capital humano. A su vez, los factores económicos y financieros que contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo, se refieren, fundamentalmente a que el sistema financiero cumpla con su función social de intermediación y eficiente asignación de los recursos, en condiciones competitivas. Adicionalmente, se considera indispensable que exista una mayor eficiencia y eficacia fiscal, tanto en la captación impositiva como en la asignación y ejercicio del gasto.
Las medias que se proponen en el Pronafide para que el país cuente con un mejor sistema financiero y que canalice mayores recursos a la inversión productiva, a la creación y modernización de infraestructura y a la construcción de vivienda, permitirán que, durante el periodo, se tenga un 1.3 por ciento adicional de crecimiento sobre el promedio que se ha venido registrando en los últimos años. De tal manera, la Secretaría de Hacienda propone aumentar el ahorro interno en 2.1 puntos porcentuales respecto del PIB, mejorando la captación bancaria en condiciones y con mecanismos que hagan atractiva a la población ahorrar a largo y mediano plazo. La mayor penetración bancaria que se pretende lograr, ayudará también, a que los medios de pago sean cada vez más de tipo electrónico, lo que, según el Banco de México, podría en el largo plazo generar un ahorro de dos por ciento del PIB.
Entre las medidas financieras propuestas destaca la decisión, que ha enfatizado el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de que la banca de desarrollo recupere el papel de fomento, convirtiéndose nuevamente en un importante instrumento para promover e impulsar la inversión privada, la producción y el empleo, favoreciendo la creación de mercados financieros para los sectores de la población que tienen poco acceso o están insuficientemente atendidos en la actualidad por el sistema financiero.
En materia fiscal se confirma la determinación de que el gasto público sea sujeto a un sistema de evaluación del cumplimiento de metas específicas, mediante indicadores y compromisos de desempeño. Al respecto, sería conveniente que no se sujetara a este sistema solamente el gasto de los programas que se ejecutan conforme a reglas de operación, sino que fuera todo el gasto que ejercen las dependencias, incluida la propia Secretaría de Hacienda, lo cual implica la evaluación del cumplimiento de las metas propuestas en el Pronafide.
Asimismo, resultaría benéfico para el país si se pudieran llegar a convenir compromisos con el sistema bancario para que se cumplan metas de apoyo a sectores productivos, mejoras en los servicios y en las condiciones de éstos, así como su contribución al desarrollo del país. Con este tipo de compromiso por parte de las instituciones financieras se ampliaría la rendición de cuentas a la sociedad tanto del sector público como de las instituciones bancarias que también manejan recursos del público y que merece un informe más allá de los resultados financieros que rinden a sus accionistas.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n715730.htm
Inflación y poder de compra
El Sol de México
22 de mayo de 2008
Miguel González Ibarra
El crecimiento incesante y sostenido de los precios de los alimentos y de otras materias primas está provocando fuertes presiones inflacionarias a escala mundial, lo cual amenaza con deteriorar el poder de compra de la población con ingresos fijos y de aquellos que cuentan con flujos esporádicos e inciertos. Los sectores económicos más sensibles a las variaciones de los precios son aquellos que viven en los límites inferiores del nivel de bienestar y por debajo de la línea de pobreza, tanto la concebida como extrema como la considerada de tipo patrimonial y de capacidades.
Los efectos pueden llegar a ser tan desastrosos que los gobiernos nacionales y las organizaciones mundiales discuten y diseñan una serie de medidas para tratar de resolver los problemas derivados del desequilibrio en la oferta y la demanda, que afecta el abasto de los productos básicos. Adicionalmente, para enfrentar las consecuencias que en el corto plazo acarrea el encarecimiento de los alimentos y de los energéticos, se busca fortalecer las políticas públicas dedicadas al desarrollo social, mediante acciones que fortalezcan los ingresos de los grupos de población desprotegidos.
El problema tiene varias aristas, por lo que cualquier intervención aislada en cualquiera de sus facetas puede crear una mayor distorsión que agrave los desequilibrios económicos. De tal manera, hay que tomar en cuenta que el incremento en los precios de los alimentos y de los energéticos no está teniendo una repercusión proporcional en todas las cadenas productivas, ni tiene el mismo impacto en los distintos países.
De acuerdo con el último informe sobre la inflación que presenta el Banco de México, el crecimiento en los precios de los alimentos en nuestro país es de 6.32 por ciento, mientras que en Chile se estima en 17.64 por ciento y en Brasil en 11.22 por ciento. A nivel mundial, los alimentos tendrán un mayor crecimiento en China (21.4 por ciento) y en Venezuela (43.92 por ciento), mientras que por regiones, las más afectas son Asía, Sudamérica y Europa. Por su parte, el efecto del auge en los precios de los energéticos afecta en mayor medida a los países europeos y a los asiáticos.
Dentro de lo que son las cadenas productivas en el país, el incremento en los precios internacionales de los productos básicos ha tenido un efecto desigual en los precios finales al consumidor. De tal manera, mientras que el precio de la tortilla traslada casi en su totalidad el incremento del precio del maíz, la industria de harina de este grano ha podido absorber el incremento, tanto a través de una disminución en su margen de utilidad como gracias una optimización en su cadena de abastecimiento. En el caso del trigo, y principalmente de las oleaginosas, ha sido menor la repercusión final por la transferencia del precio de los granos, en la harina y en los aceites.
Este panorama está provocando un cambio en la estructura productiva de los bienes finales de consumo, sobre todo entre las tortillerías tradicionales y entre los productores de harina de maíz, lo cual puede desembocar en un problema de tipo social que enfrente a los pequeños empresarios, los intereses de los industriales, de las cadenas comerciales y a los consumidores. Un subsidio a las tortillas, tipo los "tortibonos", o mediante precios preferenciales del grano a los productores de masa, son sólo medidas coyunturales que al final provocan distorsiones, ya sea en la forma de corrupción, politización o sesgos en la producción.
Por su parte, los programas para incentivar la producción deben llevarse a cabo con una visión de largo plazo, no solamente controlando un posible desabasto, sino que se debe reforzar la capitalización rural, tanto de tipo humano como de equipamiento y tecnológico, con el fin de generar un aumento de la productividad.
De tal manera, se debe diseñar, por producto, una estrategia integrada que atienda tanto la disminución del poder compra como el crecimiento de los precios, modulando la demanda e incentivando la oferta, optimizando los mecanismos de distribución, almacenamiento y comercialización. Sin embargo, la estrategia debe diferenciarse en cada país y región y mantener una coordinación a nivel mundial, lo cual genera un escenario que se antoja difícil de construir.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n707386.htm
22 de mayo de 2008
Miguel González Ibarra
El crecimiento incesante y sostenido de los precios de los alimentos y de otras materias primas está provocando fuertes presiones inflacionarias a escala mundial, lo cual amenaza con deteriorar el poder de compra de la población con ingresos fijos y de aquellos que cuentan con flujos esporádicos e inciertos. Los sectores económicos más sensibles a las variaciones de los precios son aquellos que viven en los límites inferiores del nivel de bienestar y por debajo de la línea de pobreza, tanto la concebida como extrema como la considerada de tipo patrimonial y de capacidades.
Los efectos pueden llegar a ser tan desastrosos que los gobiernos nacionales y las organizaciones mundiales discuten y diseñan una serie de medidas para tratar de resolver los problemas derivados del desequilibrio en la oferta y la demanda, que afecta el abasto de los productos básicos. Adicionalmente, para enfrentar las consecuencias que en el corto plazo acarrea el encarecimiento de los alimentos y de los energéticos, se busca fortalecer las políticas públicas dedicadas al desarrollo social, mediante acciones que fortalezcan los ingresos de los grupos de población desprotegidos.
El problema tiene varias aristas, por lo que cualquier intervención aislada en cualquiera de sus facetas puede crear una mayor distorsión que agrave los desequilibrios económicos. De tal manera, hay que tomar en cuenta que el incremento en los precios de los alimentos y de los energéticos no está teniendo una repercusión proporcional en todas las cadenas productivas, ni tiene el mismo impacto en los distintos países.
De acuerdo con el último informe sobre la inflación que presenta el Banco de México, el crecimiento en los precios de los alimentos en nuestro país es de 6.32 por ciento, mientras que en Chile se estima en 17.64 por ciento y en Brasil en 11.22 por ciento. A nivel mundial, los alimentos tendrán un mayor crecimiento en China (21.4 por ciento) y en Venezuela (43.92 por ciento), mientras que por regiones, las más afectas son Asía, Sudamérica y Europa. Por su parte, el efecto del auge en los precios de los energéticos afecta en mayor medida a los países europeos y a los asiáticos.
Dentro de lo que son las cadenas productivas en el país, el incremento en los precios internacionales de los productos básicos ha tenido un efecto desigual en los precios finales al consumidor. De tal manera, mientras que el precio de la tortilla traslada casi en su totalidad el incremento del precio del maíz, la industria de harina de este grano ha podido absorber el incremento, tanto a través de una disminución en su margen de utilidad como gracias una optimización en su cadena de abastecimiento. En el caso del trigo, y principalmente de las oleaginosas, ha sido menor la repercusión final por la transferencia del precio de los granos, en la harina y en los aceites.
Este panorama está provocando un cambio en la estructura productiva de los bienes finales de consumo, sobre todo entre las tortillerías tradicionales y entre los productores de harina de maíz, lo cual puede desembocar en un problema de tipo social que enfrente a los pequeños empresarios, los intereses de los industriales, de las cadenas comerciales y a los consumidores. Un subsidio a las tortillas, tipo los "tortibonos", o mediante precios preferenciales del grano a los productores de masa, son sólo medidas coyunturales que al final provocan distorsiones, ya sea en la forma de corrupción, politización o sesgos en la producción.
Por su parte, los programas para incentivar la producción deben llevarse a cabo con una visión de largo plazo, no solamente controlando un posible desabasto, sino que se debe reforzar la capitalización rural, tanto de tipo humano como de equipamiento y tecnológico, con el fin de generar un aumento de la productividad.
De tal manera, se debe diseñar, por producto, una estrategia integrada que atienda tanto la disminución del poder compra como el crecimiento de los precios, modulando la demanda e incentivando la oferta, optimizando los mecanismos de distribución, almacenamiento y comercialización. Sin embargo, la estrategia debe diferenciarse en cada país y región y mantener una coordinación a nivel mundial, lo cual genera un escenario que se antoja difícil de construir.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n707386.htm
Bancos de nicho y bancos tienda
El Sol de México
15 de mayo de 2008
Miguel González Ibarra
El país sigue sufriendo las consecuencias de la falta de un sistema de intermediación financiera y de distribución de medios de pago socialmente eficiente, lo cual arroja que existan bajos índices de bancarización, escaso financiamiento al sector productivo, altos costos de los servicios financieros y una deficiente atención a los usuarios de la banca. Sin embargo, los bancos que operan en México están asombrando al agitado mundo financiero internacional por el crecimiento sostenido y su muy elevada rentabilidad, así como por la gran solidez que demuestran.
En diferentes reuniones en torno al tema, sostenidas en los últimos días, se reconoce que en el país existe el más bajo índice de oficinas bancarias por un millón de habitantes, índice que llega sólo a 0.4. Adicionalmente, se estima que es el país emergente en el cual se utiliza en mayor medida el dinero en efectivo, frente a la alternativa de llevar a cabo operaciones electrónicas. Al respecto, el Banco de México no ha dejado de insistir en lo elevado que resultan las comisiones y las tasas de interés que cargan los bancos para las operaciones financieras y crediticias que realizan los usuarios de la banca, así como sobre la concentración de riesgos que se está dando en un sobre-explotado nicho de crédito al consumo mediante tarjetas de crédito.
La contradictoria situación que han generado las instituciones crediticias se debe a la falta de una real competencia que conduzca a mejorar la calidad de los servicios y a disminuir los costos de los mismos, lo cual ayudaría a redireccionar el flujo de recursos financieros hacia actividades empresariales.
La estrategia que ha diseñado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consiste en determinar las áreas y segmentos que se encuentran insuficientemente atendidos, con el fin de buscar que surjan nuevos intermediarios financieros, con su respectiva regulación y su sistema de vigilancia que evite prácticas y operaciones inadecuadas.
De tal manera, durante los últimos dos años se han autorizado quince nuevos bancos, con lo que ya suman 42 las instituciones de esta naturaleza. Asimismo, se ha adecuado la legislación para fortalecer a las sociedades e instituciones financieras dedicadas al ahorro y crédito popular, al mismo tiempo que se han emprendido distintos programas para fortalecer la operación de las organizaciones financieras, con el fin de que presten mejores servicios y que consoliden su vida institucional.
En esta estrategia hay que destacar las figuras de los bancos que tienen acotadas sus facultades y servicios que pueden ofrecer, pero que se especializan en determinados segmentos y nichos de mercado. Tal es el caso de los conocidos como bancos de nicho y los bancos tienda, que buscan fortalecer los servicios de medios electrónicos de pago, atender específicamente un tipo de operaciones o bien que se dedicarán a la banca de menudeo para los estratos de menores ingresos. En estos tres huecos en la cobertura bancaria se han autorizado recientemente trece nuevas instituciones, entre las que destacan las ligadas a algún tipo de actividad comercial, como es el caso de los bancos de Wal Mart, Vokswagen, Chedraui, Coppel, FAMSA, BAM (autofinanciamiento) y Multiva (del Grupo Angeles).
La repercusión que tendrán estos nuevos bancos en la conformación del sistema se puede apreciar en el hecho de que se espera que por lo menos cuatro de ellos, que están ligados al comercio detallista, aumenten en 23 por ciento el número de sucursales y ventanillas para operaciones bancarias en todo el país.
El reto que supone este nuevo tipo de bancos se encuentra en lograr que se mantenga la separación operativa, organizacional e institucional entre los distintos negocios y actividades financieras que desarrollarán, así como que la publicidad y las promociones no induzcan a que se confunda y de pié a que exista una pérdida de independencia y autonomía de los bancos respecto de la actividad comercial, y finalmente, que la infraestructura con que cuentan las tiendas no represente una ventaja competitiva que distorsione el mercado.
La estrategia para generar una mayor competencia que permita disminuir los costos y mejorar la calidad de los servicios financieros, se completa con el fomento del sistema de corresponsalías. A través de las corresponsalías se busca que establecimientos comerciales se constituyan en auxiliares en la prestación de los servicios bancarios, sea en la distribución de medios de pagos, en la prestación de servicios de recepción de pagos por servicios, en el uso de medios electrónicos, y hasta para que funjan como dispersores de créditos.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n699087.htm
15 de mayo de 2008
Miguel González Ibarra
El país sigue sufriendo las consecuencias de la falta de un sistema de intermediación financiera y de distribución de medios de pago socialmente eficiente, lo cual arroja que existan bajos índices de bancarización, escaso financiamiento al sector productivo, altos costos de los servicios financieros y una deficiente atención a los usuarios de la banca. Sin embargo, los bancos que operan en México están asombrando al agitado mundo financiero internacional por el crecimiento sostenido y su muy elevada rentabilidad, así como por la gran solidez que demuestran.
En diferentes reuniones en torno al tema, sostenidas en los últimos días, se reconoce que en el país existe el más bajo índice de oficinas bancarias por un millón de habitantes, índice que llega sólo a 0.4. Adicionalmente, se estima que es el país emergente en el cual se utiliza en mayor medida el dinero en efectivo, frente a la alternativa de llevar a cabo operaciones electrónicas. Al respecto, el Banco de México no ha dejado de insistir en lo elevado que resultan las comisiones y las tasas de interés que cargan los bancos para las operaciones financieras y crediticias que realizan los usuarios de la banca, así como sobre la concentración de riesgos que se está dando en un sobre-explotado nicho de crédito al consumo mediante tarjetas de crédito.
La contradictoria situación que han generado las instituciones crediticias se debe a la falta de una real competencia que conduzca a mejorar la calidad de los servicios y a disminuir los costos de los mismos, lo cual ayudaría a redireccionar el flujo de recursos financieros hacia actividades empresariales.
La estrategia que ha diseñado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consiste en determinar las áreas y segmentos que se encuentran insuficientemente atendidos, con el fin de buscar que surjan nuevos intermediarios financieros, con su respectiva regulación y su sistema de vigilancia que evite prácticas y operaciones inadecuadas.
De tal manera, durante los últimos dos años se han autorizado quince nuevos bancos, con lo que ya suman 42 las instituciones de esta naturaleza. Asimismo, se ha adecuado la legislación para fortalecer a las sociedades e instituciones financieras dedicadas al ahorro y crédito popular, al mismo tiempo que se han emprendido distintos programas para fortalecer la operación de las organizaciones financieras, con el fin de que presten mejores servicios y que consoliden su vida institucional.
En esta estrategia hay que destacar las figuras de los bancos que tienen acotadas sus facultades y servicios que pueden ofrecer, pero que se especializan en determinados segmentos y nichos de mercado. Tal es el caso de los conocidos como bancos de nicho y los bancos tienda, que buscan fortalecer los servicios de medios electrónicos de pago, atender específicamente un tipo de operaciones o bien que se dedicarán a la banca de menudeo para los estratos de menores ingresos. En estos tres huecos en la cobertura bancaria se han autorizado recientemente trece nuevas instituciones, entre las que destacan las ligadas a algún tipo de actividad comercial, como es el caso de los bancos de Wal Mart, Vokswagen, Chedraui, Coppel, FAMSA, BAM (autofinanciamiento) y Multiva (del Grupo Angeles).
La repercusión que tendrán estos nuevos bancos en la conformación del sistema se puede apreciar en el hecho de que se espera que por lo menos cuatro de ellos, que están ligados al comercio detallista, aumenten en 23 por ciento el número de sucursales y ventanillas para operaciones bancarias en todo el país.
El reto que supone este nuevo tipo de bancos se encuentra en lograr que se mantenga la separación operativa, organizacional e institucional entre los distintos negocios y actividades financieras que desarrollarán, así como que la publicidad y las promociones no induzcan a que se confunda y de pié a que exista una pérdida de independencia y autonomía de los bancos respecto de la actividad comercial, y finalmente, que la infraestructura con que cuentan las tiendas no represente una ventaja competitiva que distorsione el mercado.
La estrategia para generar una mayor competencia que permita disminuir los costos y mejorar la calidad de los servicios financieros, se completa con el fomento del sistema de corresponsalías. A través de las corresponsalías se busca que establecimientos comerciales se constituyan en auxiliares en la prestación de los servicios bancarios, sea en la distribución de medios de pagos, en la prestación de servicios de recepción de pagos por servicios, en el uso de medios electrónicos, y hasta para que funjan como dispersores de créditos.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n699087.htm
Evaluación del gasto público
El Sol de México
8 de mayo de 2008
Miguel González Ibarra
El martes de esta semana, el presidente Calderón firmó el decreto sobre distintas modificaciones en materia de gasto público y fiscalización, con lo cual se le da una nueva connotación a la hacienda pública y se completa la reforma hacendaria que ya ha incluido las correspondientes en materia de ingresos. De esta manera, se establece un sistema de evaluación del ejercicio del gasto público sobre la base de medir la eficiencia del desempeño de los organismos y dependencias ejecutoras.
El sistema, destacó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, permitirá darle una mayor transparencia al uso de los recursos que el Gobierno recauda mediante los impuestos, por lo que es una medida que fortalece la rendición de cuentas a los causantes y a toda la ciudadanía.
Desde el año pasado se ha venido trabajando en afinar los diagnósticos que dan sustento a los distintos programas y acciones de las políticas públicas, de acuerdo con la metodología para construir matrices de secuencia lógica entre los problemas identificados, las causas, los fines y objetivos de los programas con las actividades que se desarrollan. De tal manera, se ha llegado también a definir una matriz de indicadores que permiten medir los resultados y el cumplimiento de las metas.
Con el fin de que se puedan comparar y priorizar los distintos programas públicos, la metodología para todos es la misma, adaptándola a cada caso específico a partir de la que a nivel internacional desarrolló la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El esfuerzo de capacitación sobre las técnicas y la homologación de criterios para la aplicación de una metodología uniforme requirieron de un buen número de reuniones entre evaluadores externos, las áreas responsables de la evaluación en cada una de las dependencias y los operadores de los programas, bajo la supervisión y guía de la CEPAL.
Hasta ahora, las matrices que se han desarrollado se refieren solamente a los programas que están sujetos a reglas de operación, pero, sin duda, en un corto plazo debe de extenderse el sistema de evaluación a todas las acciones del gasto y de las políticas públicas. El sistema de evaluación abarca también a los recursos que se transfieren a las entidades federativas para su ejercicio, por lo que el gasto federalizado también podrá contar con una base objetiva y una mayor transparencia.
Con las reformas que han entrado en vigor en materia del gasto público y de su fiscalización, se podrán identificar áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia gubernamental, con el consecuente beneficio para toda la población, ya que a partir de los indicadores de desempeño se establecerán compromisos de las entidades ejecutoras, con lo cual se le da transparencia a la administración y al cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos.
Adicionalmente, el decreto confirma la conveniencia de que los programas sean sujetos a distintos tipos de evaluaciones anuales por parte de organismos externos a la esfera gubernamental. Desde luego que las evaluaciones requieren de una alta especialización y conocimiento de la metodología para que pueda ser objetiva y confiable, por lo que se ha llevado a cabo una calificación de evaluadores externos y la integración del padrón correspondiente.
Al respecto, hay que destacar la labor que en materia de este tipo de evaluaciones han venido desarrollando las instituciones públicas de educación superior, por contar con los mejores especialistas del país en cada uno de los temas objeto de los distintos programas, además del conocimiento y rigor en el majeo de la metodología de evaluación. De esta manera contribuyen con la administración pública, al poner a su disposición el acervo de conocimientos con que cuentan, además de establecer una sinergia virtuosa entre la investigación aplicada, la generación de nuevos conocimientos, la formación de capital humano, la mejoría en la eficiencia gubernamental y la creación de estímulos para la asignación presupuestal y el ejercicio del gasto.
Finalmente, el sistema, mediante el establecimiento de indicadores de desempeño, de compromisos, de metas, y por contar con evaluaciones objetivas realizadas por organismos externos, constituye un valioso mecanismo para la auditoría de la cuenta pública y para la revisión y aprobación de los presupuestos anuales en la Cámara de Diputados.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n690684.htm
8 de mayo de 2008
Miguel González Ibarra
El martes de esta semana, el presidente Calderón firmó el decreto sobre distintas modificaciones en materia de gasto público y fiscalización, con lo cual se le da una nueva connotación a la hacienda pública y se completa la reforma hacendaria que ya ha incluido las correspondientes en materia de ingresos. De esta manera, se establece un sistema de evaluación del ejercicio del gasto público sobre la base de medir la eficiencia del desempeño de los organismos y dependencias ejecutoras.
El sistema, destacó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, permitirá darle una mayor transparencia al uso de los recursos que el Gobierno recauda mediante los impuestos, por lo que es una medida que fortalece la rendición de cuentas a los causantes y a toda la ciudadanía.
Desde el año pasado se ha venido trabajando en afinar los diagnósticos que dan sustento a los distintos programas y acciones de las políticas públicas, de acuerdo con la metodología para construir matrices de secuencia lógica entre los problemas identificados, las causas, los fines y objetivos de los programas con las actividades que se desarrollan. De tal manera, se ha llegado también a definir una matriz de indicadores que permiten medir los resultados y el cumplimiento de las metas.
Con el fin de que se puedan comparar y priorizar los distintos programas públicos, la metodología para todos es la misma, adaptándola a cada caso específico a partir de la que a nivel internacional desarrolló la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El esfuerzo de capacitación sobre las técnicas y la homologación de criterios para la aplicación de una metodología uniforme requirieron de un buen número de reuniones entre evaluadores externos, las áreas responsables de la evaluación en cada una de las dependencias y los operadores de los programas, bajo la supervisión y guía de la CEPAL.
Hasta ahora, las matrices que se han desarrollado se refieren solamente a los programas que están sujetos a reglas de operación, pero, sin duda, en un corto plazo debe de extenderse el sistema de evaluación a todas las acciones del gasto y de las políticas públicas. El sistema de evaluación abarca también a los recursos que se transfieren a las entidades federativas para su ejercicio, por lo que el gasto federalizado también podrá contar con una base objetiva y una mayor transparencia.
Con las reformas que han entrado en vigor en materia del gasto público y de su fiscalización, se podrán identificar áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia gubernamental, con el consecuente beneficio para toda la población, ya que a partir de los indicadores de desempeño se establecerán compromisos de las entidades ejecutoras, con lo cual se le da transparencia a la administración y al cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos.
Adicionalmente, el decreto confirma la conveniencia de que los programas sean sujetos a distintos tipos de evaluaciones anuales por parte de organismos externos a la esfera gubernamental. Desde luego que las evaluaciones requieren de una alta especialización y conocimiento de la metodología para que pueda ser objetiva y confiable, por lo que se ha llevado a cabo una calificación de evaluadores externos y la integración del padrón correspondiente.
Al respecto, hay que destacar la labor que en materia de este tipo de evaluaciones han venido desarrollando las instituciones públicas de educación superior, por contar con los mejores especialistas del país en cada uno de los temas objeto de los distintos programas, además del conocimiento y rigor en el majeo de la metodología de evaluación. De esta manera contribuyen con la administración pública, al poner a su disposición el acervo de conocimientos con que cuentan, además de establecer una sinergia virtuosa entre la investigación aplicada, la generación de nuevos conocimientos, la formación de capital humano, la mejoría en la eficiencia gubernamental y la creación de estímulos para la asignación presupuestal y el ejercicio del gasto.
Finalmente, el sistema, mediante el establecimiento de indicadores de desempeño, de compromisos, de metas, y por contar con evaluaciones objetivas realizadas por organismos externos, constituye un valioso mecanismo para la auditoría de la cuenta pública y para la revisión y aprobación de los presupuestos anuales en la Cámara de Diputados.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n690684.htm
Modernización e inclusión financiera
El Sol de México
2 de mayo de 2008
Miguel González Ibarra
A finales de la semana pasada se llevó a cabo un seminario sobre la necesidad de modernizar el sistema financiero latinoamericano, y en forma específica de nuestro país, para permitir que se incluya a núcleos de la población y regiones que hasta la fecha no cuentan o tienen poco acceso a los servicios financieros.
El seminario estuvo organizado conjuntamente por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano (CEMLA) y por el Banco de México, dirigido a los niveles técnicos de las instituciones financieras y a grupos académicos interesados en el tema y fue inaugurado por el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz y por el Director del CEMLA, Kenneth Coates.
Los expositores fueron funcionarios de los bancos centrales de distintos países, como fue el caso de Argentina, Brasil, España, la Unión Europea, la Reserva Federal de Estados Unidos, y de México así como del Banco Mundial. De igual manera, participaron los profesores Ronald McKinnon y Michael Barr de las Universidades de Stanford y de Michigan, respectivamente, así como el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, directores generales de esa dependencia y directivos de bancos que operan en el país, tanto comerciales como de desarrollo.
En medio de los problemas financieros ocasionados por las fallas de mercado y de supervisión, producto de las subestimación de los riesgos en los créditos hipotecarios de baja calidad otorgados en Estados Unidos, se planteó la conveniencia de extender los servicios bancarios, tanto de crédito como de ahorro e inversión, a un mayor número de personas en los distintos países latinoamericanos.
Una mayor bancarización que amplíe tanto la cobertura, como la gama de productos que se ofrecen a todos lo usuarios, actuales y potenciales, supone un reto tecnológico, de educación y de generación de una cultura financiera.
Ante la inconveniencia de que la bancarización se apoye en un sistema de susidios, lo más adecuado consiste en bajar los costos que supone llevará a cabo los servicios financieros a poblaciones rurales y comunidades aisladas. De tal manera, la tecnología para establecer terminales de punto de venta (TPV) y el sistema de negocios que funjan como corresponsales de la banca, se considera que es camino para ofrecer créditos y productos de ahorro e inversión en mejores condiciones que las que se tendría si se establecieran sucursales o incluso de cajeros electrónicos.
La idea de que la banca se auxilie de una serie de agentes económicos que funjan como dispersores del crédito y recuperadores del mismo, ha venido siendo objeto del programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Financiera Rural para facilitar el acceso a los servicios financieros en las zonas rurales. Actualmente, se busca ampliar estas funciones de dispersión y recuperación de crédito a las de ahorro e inversión. La mayor cobertura bancaria se busca lograr, también, a través de que las TPV se conviertan también en captadores y distribuidores de recursos, lo cual se reforzará con la reciente incorporación de los bancos que se encuentran ligados con establecimientos de carácter comercial.
El otro reto, consiste en generar, desde los niveles básicos de preparación escolar, una educación financiera que permita a la población aquilatar las ventajas y condiciones de los distintos productos y mecanismos de ahorro, pero también asumir las responsabilidades y ventajas que se derivan de la utilización del crédito. Al respecto, la Asociación Mexicana de Bancos (ABM), así como las principales instituciones de crédito que operan en país, tales, como Banamex, Bancomer y Santander, han emprendido una serie de acciones para apoyar la educación financiera.
En forma similar al National Council for Economic Education de Estados Unidos, la Secretaría de Educación Pública, el Banco de México y los principales centros de educación superior del país, se han dado a la tarea de generar materiales para la enseñanza y programas de capacitación para grupos específicos y para la población en general. De manera especial, se debe reconocer la labor que viene desarrollando el Museo Interactivo de Economía (MIDE), proyecto impulsado por el Banco de México para construir el primer museo de este tipo en el mundo y que ahora amplia sus actividades a la divulgación y capacitación para todo tipo de población y para distintos niveles de preparación.
El seminario permitió concluir que la alta correlación que existe entre el nivel de desarrollo y bienestar con el nivel de bancarización, es posible lograrla en nuestro país y en toda Latinoamérica, a pesar de las turbulencias que de tiempo en tiempo se presenta en los mercados, si se sustenta en una sólida cultura financiera.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n683775.htm
2 de mayo de 2008
Miguel González Ibarra
A finales de la semana pasada se llevó a cabo un seminario sobre la necesidad de modernizar el sistema financiero latinoamericano, y en forma específica de nuestro país, para permitir que se incluya a núcleos de la población y regiones que hasta la fecha no cuentan o tienen poco acceso a los servicios financieros.
El seminario estuvo organizado conjuntamente por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano (CEMLA) y por el Banco de México, dirigido a los niveles técnicos de las instituciones financieras y a grupos académicos interesados en el tema y fue inaugurado por el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz y por el Director del CEMLA, Kenneth Coates.
Los expositores fueron funcionarios de los bancos centrales de distintos países, como fue el caso de Argentina, Brasil, España, la Unión Europea, la Reserva Federal de Estados Unidos, y de México así como del Banco Mundial. De igual manera, participaron los profesores Ronald McKinnon y Michael Barr de las Universidades de Stanford y de Michigan, respectivamente, así como el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, directores generales de esa dependencia y directivos de bancos que operan en el país, tanto comerciales como de desarrollo.
En medio de los problemas financieros ocasionados por las fallas de mercado y de supervisión, producto de las subestimación de los riesgos en los créditos hipotecarios de baja calidad otorgados en Estados Unidos, se planteó la conveniencia de extender los servicios bancarios, tanto de crédito como de ahorro e inversión, a un mayor número de personas en los distintos países latinoamericanos.
Una mayor bancarización que amplíe tanto la cobertura, como la gama de productos que se ofrecen a todos lo usuarios, actuales y potenciales, supone un reto tecnológico, de educación y de generación de una cultura financiera.
Ante la inconveniencia de que la bancarización se apoye en un sistema de susidios, lo más adecuado consiste en bajar los costos que supone llevará a cabo los servicios financieros a poblaciones rurales y comunidades aisladas. De tal manera, la tecnología para establecer terminales de punto de venta (TPV) y el sistema de negocios que funjan como corresponsales de la banca, se considera que es camino para ofrecer créditos y productos de ahorro e inversión en mejores condiciones que las que se tendría si se establecieran sucursales o incluso de cajeros electrónicos.
La idea de que la banca se auxilie de una serie de agentes económicos que funjan como dispersores del crédito y recuperadores del mismo, ha venido siendo objeto del programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Financiera Rural para facilitar el acceso a los servicios financieros en las zonas rurales. Actualmente, se busca ampliar estas funciones de dispersión y recuperación de crédito a las de ahorro e inversión. La mayor cobertura bancaria se busca lograr, también, a través de que las TPV se conviertan también en captadores y distribuidores de recursos, lo cual se reforzará con la reciente incorporación de los bancos que se encuentran ligados con establecimientos de carácter comercial.
El otro reto, consiste en generar, desde los niveles básicos de preparación escolar, una educación financiera que permita a la población aquilatar las ventajas y condiciones de los distintos productos y mecanismos de ahorro, pero también asumir las responsabilidades y ventajas que se derivan de la utilización del crédito. Al respecto, la Asociación Mexicana de Bancos (ABM), así como las principales instituciones de crédito que operan en país, tales, como Banamex, Bancomer y Santander, han emprendido una serie de acciones para apoyar la educación financiera.
En forma similar al National Council for Economic Education de Estados Unidos, la Secretaría de Educación Pública, el Banco de México y los principales centros de educación superior del país, se han dado a la tarea de generar materiales para la enseñanza y programas de capacitación para grupos específicos y para la población en general. De manera especial, se debe reconocer la labor que viene desarrollando el Museo Interactivo de Economía (MIDE), proyecto impulsado por el Banco de México para construir el primer museo de este tipo en el mundo y que ahora amplia sus actividades a la divulgación y capacitación para todo tipo de población y para distintos niveles de preparación.
El seminario permitió concluir que la alta correlación que existe entre el nivel de desarrollo y bienestar con el nivel de bancarización, es posible lograrla en nuestro país y en toda Latinoamérica, a pesar de las turbulencias que de tiempo en tiempo se presenta en los mercados, si se sustenta en una sólida cultura financiera.
miggoib@servidor.unam.mx
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n683775.htm
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