El fin de los alimentos baratos

El Sol de México

24 de abril de 2008

Miguel González Ibarra

Después de que la crisis financiera y sus efectos en la banca y en la desaceleración de la economía mundial acapararon la atención, actualmente en los foros y reuniones internacionales la preocupación principal se centra en el incesante y sostenido incremento de los precios de los alimentos.

En los últimos doce meses el precio internacional del arroz ha aumentado 180 por ciento, mientras que el del trigo en 77 por ciento, después de alcanzar un pico de hasta 150 por ciento a principio del año, y finalmente, el maíz ha mantenido una tendencia alcista que lo ha llevado a un aumento de poco más de 50 por ciento respecto de los precios que imperaban en noviembre del año pasado.

Las causas de los incrementos en los precios en el mercado mundial de granos se encuentran tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta, así como las repercusiones y retos que plantea a gobiernos, productores, consumidores y organismos internacionales.

La demanda de productos alimenticios ha mantenido un alza constante debido a la mejoría en el ingreso que se ha registrado en países con una población numerosa y que han mantenido altas tasas de crecimiento, como es el caso de China y de la India. Asimismo, el encarecimiento de los hidrocarburos ha permitido que se desarrollen tecnologías redituables para producir energía de fuentes alternas, como son lo biocombustibles, originando una nueva fuente de demanda por productos agrícolas que compite con su utilización para fines alimenticios. Adicionalmente, se ha encontrado que la industrialización como fuente productora de energía permite que a partir de los productos agrícolas se obtenga una amplia gama de subproductos que refuerza el incentivo de su utilización alternativa.

Por el lado de la oferta, la presión internacional para que se retiren los subsidios que los países desarrollados canalizan a las actividades agropecuarias, así como el incremento de los precios de los fertilizantes y productos para combatir plagas y enfermedades que se producen a partir del petróleo, han originado un alza en los costos de producción. A lo anterior habría que agregar la falta de una estructura favorable para la producción en el campo en los países de menor desarrollo y, sobre todo, en los de mayor pobreza.

El encarecimiento de los alimentos pone en jaque las metas del milenio que se proponen erradicar la pobreza, además de que se podría presentar un problema de desnutrición severa en numerosos núcleos de la población mundial. El aumento de precios, según estimaciones del Banco Mundial, requeriría que los programas de combate a la pobreza en Africa tuvieran que incrementarse en poco más de 750 millones de dólares anuales.

Finalmente, aunque lógicamente los mayores precios deben favorecer a los productores, en realidad éstos están enfrentando el problema de la disminución de la demanda con capacidad de compra, sobre todo en los países de menor desarrollo que no cuentan con sistemas de almacenamiento y comercialización para abastecer mercados distintos a los locales.

La etapa de más de treinta años en que permanecieron estables los productos agropecuarios ha llegado a su fin y los bancos centrales, como el Banco de México, se aprestan a afinar sus políticas de control inflacionario para impedir que se desate una espiral generalizada de precios, aunque reconocen que la inflación de este año será superior a las metas establecidas. Las presiones comenzarán a sentirse en la disminución del poder adquisitivo de la población y en las propuestas de alzas salariales.

miggoib@servidor.unam.mx

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El turismo en la economía nacional

El Sol de México

17 de abril de 2008

Miguel González Ibarra

En medio de las discusiones que se han venido generando sobre los efectos en el crecimiento económico que tendrá la desaceleración que afecta a la economía de Estados Unidos, el turismo aparece como una actividad que podría no resultar tan desfavorecida. El número de visitantes y las inversiones programadas garantizan que el turismo mantendrá su ritmo de crecimiento durante todo el año, con lo cual las fuentes de empleos directos, que el año pasado ocuparon a 2.3 millones de personas, podría mantener el ritmo de crecimiento de 5.64 por ciento de los dos últimos años.

Adicionalmente a su contribución a la generación de empleos directos, las actividades turísticas han propiciado que los vuelos de las líneas nacionales e internacionales se hayan incrementado en 15.4 por ciento durante el año pasado, transportando a 37.2 millones de pasajeros, tanto en vuelos de arribo a los destinos turísticos como los de regreso a los lugares de origen de los visitantes.

El gasto promedio de los visitantes se incrementó 12.9 por ciento el año pasado y se pudo mantener una ocupación promedio en la infraestructura hotelera de todo el país de 57.6 por ciento, con lo cual la contribución a la balanza de pagos continúa siendo positiva en más de 4 mil 500 millones de pesos, mientras que se confirma como la tercera fuente de ingreso de divisas más importante para el país, con 12 mil 200 millones de dólares.

De tal manera, el optimismo que existe de que pueda ser una actividad que mantenga su dinamismo a pesar de las condiciones desfavorables de la economía internacional, se basa en la programación de nuevas inversiones, en materia de construcción de nuevas instalaciones, en la conservación y mantenimiento de la infraestructura hotelera actual y en modernizar y crear nuevo equipamiento en los centros turísticos del país.

Además de los destinos turísticos de playa que ya son tradicionales, como Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, se han impulsado los de Los Cabos y la Riviera Maya, mientras que han surgido nuevos como es el caso de la Riviera Nayarit, que ha llegado a ocupar durante los últimos tres años el mayor porcentaje de ocupación hotelera en el país.

El turismo es un claro ejemplo de lo que puede ser una actividad que genera polos de desarrollo, así como de actividades que pueden surgir planeadas, gracias a una política pública específica. Tal es el caso de los Centros Integralmente Planeados (CIPs) desarrollados por Fonatur en Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo, Huatulco, Loreto, Los Cabos, y recientemente Litibú, en Nayarit.

Adicionalmente en el caso de esta última entidad federativa, el Gobierno local ha establecido como una de las prioridades de desarrollo del estado al turismo, con lo cual se ha establecido un plan para desarrollar un corredor turístico de 118 kilómetros de playas, de San Blas hasta Nuevo Vallarta, que contarán con la infraestructura necesaria en materia de comunicaciones, tanto por vía terrestre como por vía área. El año pasado este proyecto obtuvo el cuarto lugar en las inversiones que se realizaron en el país y en 2008 se espera inversión gubernamental por 120 millones de dólares que detonará inversión privada por poco más de mil millones de dólares.

Otro de los aciertos, que a lo largo de varios sexenios se ha tenido, es la política de promoción, en la cual se encuentra la realización de un foro de comercialización de paquetes y espacios en hoteles entre mayoristas de los países de donde provienen la mayor parte de los visitantes a nuestro país. Este evento se desarrolla anualmente en Acapulco, y se ha llamado Tianguis Turístico. El que se acaba de celebrar el fin de semana pasado tuvo como novedad que se incluyeron a operadores de países vecinos, Guatemala, Honduras y Belice, con el fin de poder integrar una oferta conjunta de turismo arqueológico en distintas rutas de la cultura maya.

Tal vez con menor atención en las discusiones de nacionales, las actividades turísticas han podido contar con políticas públicas consistentes en las que se han conjugado exitosamente los esfuerzos del Gobierno y del sector privado, sin tener que enfrentar los cuestionamientos sobre la soberanía en nuestras playas, costas y sitios arqueológicos, con lo cual se han estado generado fuentes de empleo y de ingreso para un número creciente de mexicanos.

miggoib@servidor.unam.mx

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n666585.htm

Bancarización y cultura financiera

El Sol de México

10 de abril de 2008

Miguel González Ibarra

La septuagésima primera Convención Bancaria celebrada recientemente en Acapulco, centró sus trabajos en la necesidad de impulsar la cultura financiera en el país. Después de 80 años de contar con un sistema financiero que ha tenido como pilar a la actividad bancaria tradicional, la última década ha estado marcada por una gran transformación en la estructura y composición del mundo del dinero, que lo ha vuelto más complejo, riesgoso y productivo. Este mundo de hoy requiere de un aprendizaje continuo, tanto de los usuarios, como de los prestadores de los servicios, además de un gran esfuerzo de divulgación entre toda la población.

La crisis de 1995 marcó el inicio del cambio en el sector financiero, con la fusión y adquisición mayoritaria por parte de inversionistas extranjeros de los bancos más grandes que operan en el país, con lo cual se convirtieron en filiales de los grandes corporativos bancarios mundiales, a excepción, en el primer rango de instituciones, de Banorte. A partir de entonces, se emprendió un gran esfuerzo de modernización tecnológica, mientras que se incorporaban, al mismo tiempo, las innovaciones financieras que han estado impulsando la mundialización de los mercados de capitales.

Las acciones para alcanzar una mayor penetración de la banca entre todos los grupos sociales y en todas las actividades económicas, requirió también de una gran inversión en promoción y publicidad, lo cual originó que los productos se encarecieran vía las comisiones que se cargan por utilizar los servicios bancarios. Adicionalmente, se generó una gran competencia entre las instituciones que llevó a sobre bancarizar a un núcleo importante de usuarios de los servicios que prestan, así como a tener que improvisar un equipo de ejecutivos y promotores en empresas que operan fuera de la estructura del banco (out sourcing), que poco conocen y con escasa relación con la actividad sustancial de los bancos.

Otro gran cambio que se ha presentado en esta década consiste en una diferente composición de la captación del ahorro, gracias a la innovación financiera, que permite a los intermediarios financieros obtener beneficios sin tener que incurrir en grandes riesgos comerciales y de transformación. El surgimiento de una gran diversidad de fondos de inversión, de compleja composición y comprensión tanto para los ahorradores, como para los empleados de los bancos, ha venido a sustituir a los tradicionales depósitos a plazo.

La transformación que ha sufrido el sector financiero del país no se limita sólo a la conformación bancaria ni a su nueva manera de operar y ni a la diversidad y complejidad de servicios que ofrecen, sino que también han surgido nuevas figuras financieras que cada día cobra más importancia dentro del mercado. De tal manera, a las grandes instituciones bancarias, se suman cada vez más nuevos bancos, tanto de nicho como especializados, algunos estrechamente ligados con importantes actividades de carácter comercial. Adicionalmente, existen cerca de 400 tipos de nuevos organizaciones financieras formales, entre arrendadoras, factorajes, almacenadoras, aseguradoras, afianzadoras, uniones de crédito, casas de cambio, centros cambiarios, Sociedades de Objeto Limitado y de Objeto Múltiple (Sofoles y Sofomes), cajas de ahorro y préstamo, cooperativas y financieras populares, además de empresas auxiliares como las calificadoras y las dedicadas al medio bursátil.

Finalmente, para completar el panorama hay que mencionar el cambio que ha sufrido la banca de desarrollo, que se ha retraído de su función de fomento para buscar convertirse en instituciones que garanticen el acceso al crédito y a los mercados de capitales a los agentes económicos que tienen dificultad para poder tener acceso a los canales convencionales. Esta actividad contempla el fortalecimiento de figuras que tienen un menor nivel de formalidad y de sofistificación financiera que son los denominados dispersores de crédito, sobre todo en el medio rural y adquieren la forma de micofinancieras, de organizaciones de productores y de organizaciones de ayuda a grupos determinados que tiene la característica de no ser gubernamentales (ONG).

Conocer todas las nuevas figuras, modalidades de servicios y productos, constituye un serio reto tanto para las entidades que se ubican en el sector financiero como para los usuarios de sus servicios. De tal manera que la bancarización debe contar de manera ineludible con un redoblado esfuerzo de educación y divulgación financiera, con el fin de crear un adecuada cultura en la materia.

En esta tesitura se inscriben las acciones que han emprendido Banamex, Bancomer y Santander, la primera para llevar a cabo un diagnóstico, en colaboración con la UNAM, sobre el nivel de conocimiento financiero de los usuarios de los servicios de la banca, mientras que el segundo se ha unido al esfuerzo del Banco de México para impulsar el Museo Interactivo de Economía, (MIDE) para generar materiales educativos y llevar a cabo cursos entre la población escolar, mientras que Santander ha creado una gran sinergia con las universidades del país a través de su programa Universia.

Finalmente, merece destacarse la colaboración que la Facultad de Economía de la UNAM ha venido sostenido con la Secretaría de Agricultura, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la Financiera Rural para apoyar la consolidación de un sistema financiero rural.

miggoib@servidor.unam.mx

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Investigación aplicada y competitividad

El Sol de México

3 de abril de 2008

Miguel González Ibarra

Ante los industriales de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (CONCAMIN) reunidos en su nonagésima asamblea, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció que uno de los grandes desafíos que enfrenta el país para poder tener un desarrollo sostenido a largo plazo, consiste en incrementar la competitividad. Al respecto, se refirió a la necesidad de promover e incrementar la vinculación de las organizaciones productivas con los centros que generan investigación e innovación en el país, así como aumentar los recursos que se les destinan. En México, los esfuerzos de investigación aplicada destinada a mejorar la competitividad, son la mitad de lo que se hace en España, la cuarta parte de lo de Canadá y la décima parte de Estados Unidos, lo que pone de relieve la necesidad de emprender acciones que promuevan el acercamiento de las empresas, las entidades gubernamentales y las organizaciones sociales con los centros generadores de conocimientos.

La competitividad se logra no solo a través del desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos productos, sino que también resulta fundamental que se revisen, diseñen y se vuelvan más eficientes los procesos. En este último aspecto, además de los procesos productivos y administrativos de las empresas, el gobierno tiene un gran desafío, con el fin de que los servicios que brinda a la sociedad se conviertan en factores que favorezcan la productividad, en lugar de ser un obstáculo para el desarrollo de los negocios. De tal manera, el desafío que plantea el secretario Carstens, involucra también una mayor y más cercana colaboración entre el sector púbico y los centros generadores de investigación capaces de producir innovaciones.

Sin embargo, la mejora e innovación en los procesos gubernamentales es uno de los renglones a los que se ha venido dando menos importancia en los últimos años dentro de las políticas públicas, así como en los programas de las universidades y centros de enseñanza superior en el país. De tal manera, la vinculación entre estas instituciones y las dependencias del sector público es aún exigua, lo que brinda al gobierno del Presidente Calderón la oportunidad de impulsar una fuerte colaboración que beneficie tanto a la gestión pública, como a una mejor formación profesional de los alumnos, a aprovechar el gran potencial de conocimientos acumulados en las universidades y a encontrar un mecanismo objetivo de canalizar mayores recursos a la educación e investigación que se desarrolla en los centros de educación superior.

Por su parte, es necesario que en las universidades, los sistemas de incentivos y el reconocimiento académico a la investigación en ciencias sociales que resuelve problemas específicos del sector productivo y de los servicios públicos, se le confiera la misma jerarquía que se otorga a la investigación teórica que se destina a publicaciones. La investigación aplicada en los centros educativos permite poner al servicio de las actividades productivas de la sociedad el conocimiento y la capacidad de sus académicos para analizar y proponer mejoras a casos concretos que se traducen en una mayor eficiencia en los procesos de trabajo, al mismo tiempo que enriquece la docencia.

Hasta la fecha se han dado algunos acercamientos en materia e investigación para mejorar los procesos públicos en el sistema de evaluación del desempeño de los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación. Asimismo, algunas áreas, de distintas dependencias y organismos gubernamentales han emprendido con cierto empeño las recomendaciones de la Secretaría del Función Pública para la innovación gubernamental y han convenido programas de mejoramiento de sus procesos de trabajo con instituciones educativas y de investigación. Adicionalmente, se debe hacer mención al interés que comienza a generarse en algunos de los gobiernos estatales y municipales por apoyar sus programas de competitividad a través de la colaboración con los centros de investigación nacionales o de su localidad.

De tal manera, en escala todavía modesta, se está gestando una sinergia que puede resultar de gran beneficio para todas las partes involucradas, además de permitir que el país pueda contar con un entorno más competitivo para el desarrollo de las actividades empresariales, la generación de empleos y de riqueza.

miggoib@servidor.unam.mx

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n650261.htm